La riqueza natural y sus abundantes fuentes de energía renovable hacen que Latinoamérica sea el lugar idóneo para impulsar una necesaria y «verdadera revolución de la sostenibilidad», impulsada por el sector público y privado, apuntó este miércoles el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.
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«Con la incomparable riqueza natural y con las abundantes fuentes de energía renovable, tenemos los componentes básicos para dar paso a una ola de inversiones impulsada por un sector privado mundial ávido de oportunidades», dijo el directivo.
El responsable del BID hizo estas declaraciones en la inauguración del foro virtual «Una región, un compromiso: Acelerando la revolución de la sostenibilidad en América Latina y el Caribe», un evento organizado por la división de cambio climático de la institución financiera.
A lo largo de varias charlas, personalidades del sector público, privado, académico y de la sociedad civil conversan durante esta jornada sobre diferentes elementos relacionados con la agenda climática.
En el evento, antesala a la COP 27 que tendrá lugar en noviembre de este año en Egipto, los expertos están charlando sobre temas como los desafíos para un desarrollo sostenible e inclusivo en la Amazonía, la pérdida de la biodiversidad o la necesaria transformación hacia una economía neutra en carbono.
Claver-Carone recordó que el cambio climático «es el mayor desafío de nuestro tiempo» y que en Latinoamérica ha quedado demostrado en los últimos meses «el caos climático que está ocurriendo», con grandes sequías en Chile, la «alarmante» pérdida de glaciares en los Andes o los fenómenos meteorológicos extremos, que han aumentado un 50 % en los últimos 20 años en la región.
Como ya lo hizo en la COP 26 de Glasgow, Claver-Carone afirmó que el BID ha asumido un liderazgo para facilitar la necesaria unión de los sectores público y privado «para hacer realidad esta revolución».
En 2021, destacó, se logró el récord de financiar proyectos por valor de 6.000 millones de dólares para este propósito y el objetivo es alcanzar el 40 % de financiamiento climático y verde para 2025, lo que supondría llegar a 24.000 millones.
«El BID está introduciendo herramientas de financiación innovadoras y favorables al mercado que aprovecha cada vez más el sector privado», reseñó.
En la actualidad, afirmó, en la región «la elaboración de políticas sólidas y la planificación de una transición justa son tan vitales como encontrar los fondos para llevarla a cabo».
Sobre este tema habló en uno de los paneles Agostina Pechi del banco de inversión Goldman Sachs, que tiene un departamento encargado de movilizar capital del sector privado para financiar proyectos de transición climática: Mientras que en 2019 comenzaron con 71.000 millones de dólares movilizados, en 2020 se alcanzaron los 258.000 y en 2021, los 411.000, indicó.
Pechi describió como «crucial» la colaboración entre el sector público, privado y las organizaciones multilaterales para fomentar que los proyectos climáticos sigan creciendo.
En este foro participó, además, el ministro de Medio Ambiente de Panamá, Milciades Concepción, quien explicó los esfuerzos del Gobierno panameño para realizar una transición hacia una economía más centrada en la protección al medioambiente.
Citó, entre otros avances, la estrategia de biodiversidad para el año 2050, presentada en 2019, «una hoja de ruta nacional para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales del istmo panameño, una de las regiones con la mayor variedad de ecosistemas y hábitats en el mundo».
En otra de las charlas del día sobre la protección del Amazonas participaron miembros de la sociedad civil como Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, quien hizo hincapié en la necesidad de «garantizar los derechos territoriales que en Latinoamérica todavía están en riesgo por las políticas públicas».
«Se nos dice que para cualquier empresa se nos debe consultar, pero eso a menudo no ocurre con los procesos de desarrollo», denunció Mendoza, quien precisó que los pueblos indígenas apuestan por un «desarrollo con identidad».
«Podemos ver que hay programas que son asistenciales y que no son realmente programas de Gobierno sostenibles en el tiempo, por lo que los pueblos indígenas queremos ser parte de la planificación conjunta precisamente para poder construir estas políticas públicas diferenciadas, que tengan en cuenta los intereses de nuestros pueblos de acuerdo con nuestras propias realidades», agregó.
