Veintisiete estados en todo Estados Unidos todavía tienen la pena de muerte y ellos son: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky; Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.
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La última ejecución tuvo lugar en Misuri hace apenas dos días, cuando Ernest Lee Johnson fue ejecutado mediante inyección letal a las 18:11 horas, a pesar de las objeciones de muchos, incluida la del Papa, que citaron su discapacidad intelectual.
Para muchos críticos de la política de Estados Unidos sobre la pena de muerte, uno de los aspectos más preocupantes es la inconsistencia de su aplicación.
Si bien la pena capital se utiliza en más de la mitad de los estados del país, además de la pena de muerte federal, la probabilidad de que se lleve a cabo una ejecución y la posibilidad de una muerte prolongada, dolorosa o inhumana, en caso de que ocurra, varían enormemente.
Frecuencia
La frecuencia de personas ejecutadas también es marcadamente diferente en todo el país. Texas ha ejecutado a 573 personas desde 1976, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte. Virginia ocupa un distante segundo lugar, con 113 ejecuciones en ese período de tiempo, seguida de Oklahoma con 112, Florida con 99 y Misuri con 90.
Para exacerbar la inconsistencia, las penas de muerte federales pueden o no aplicarse en absoluto, según las opiniones del presidente o del fiscal general de la época. Bajo la administración Trump, el uso de ejecuciones federales se disparó, con 13 reclusos ejecutados durante el último año de Trump en el cargo, una cifra asombrosa dado que no había habido una sola ejecución federal desde 2003.
El corredor de la muerte federal y una moratoria
Muchos argumentan que el concepto constitucional de igual protección ante la ley está profundamente comprometido bajo este sistema. Como reflejo del creciente malestar en Estados Unidos con el estado actual de las cosas, el fiscal general Merrick Garland emitió una moratoria en julio de este año sobre las ejecuciones federales y ordenó una revisión de las políticas del Departamento de Justicia.
En un comunicado, Garland dijo: «El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema federal de justicia penal no solo disfruten de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana», agregó. “Esa obligación tiene especial fuerza en los casos capitales”.
En un memorando al Departamento de Justicia, abordó el cambio de política diciendo: “Se han expresado serias preocupaciones sobre el uso continuo de la pena de muerte en todo el país, incluida la arbitrariedad en su aplicación, el impacto dispar en las personas de color y la preocupante número de exoneraciones capitales y otros casos graves. Esas preocupaciones importantes merecen un estudio y una evaluación cuidadosos por parte de los legisladores. Mientras tanto, el Departamento debe cuidar de mantener escrupulosamente nuestro compromiso con la justicia y el trato humano”.
Tal como está, eso deja en la balanza el destino final de los 45 presos que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte federal.
Posible reforma
Las actitudes están cambiando en algunos estados contra la pena de muerte.
Un proyecto de ley en la legislatura estatal de Utah “derogaría y reemplazaría” la práctica, con el gobernador Spencer Cox admitiendo que no puede bloquearla.
«He apoyado la pena de muerte en el pasado, pero ciertamente he tenido la oportunidad de reevaluar… mis sentimientos sobre la pena de muerte», declaró el gobernador Cox la semana pasada. «Creo que ciertamente cada vez que tomamos una vida, especialmente el gobierno que toma una vida, es una cosa muy conservadora hacer una pausa y asegurarse de que lo hagamos bien».
La medida eliminaría las ejecuciones y las reemplazaría con una sentencia de 45 años a cadena perpetua. El estado tiene actualmente siete presos en el corredor de la muerte que aún se enfrentarían a la muerte, incluso si se aprueba el proyecto de ley.
En Ohio, el gobernador Mike DeWine ha retrasado las cuatro ejecuciones programadas en la entidad hasta el próximo año.
Afirmó que «los problemas continuos que involucran la voluntad de los proveedores de productos farmacéuticos para proporcionar medicamentos» son la razón de la demora, mientras aún se está discutiendo un proyecto de ley de conmutación de la pena de muerte en todo el estado.
Racista, ineficaz, cara y propensa a errores
The Independent y la organización sin fines de lucro Responsible Business Initiative for Justice (RBIJ) lanzaron una campaña conjunta pidiendo el fin de la pena de muerte en Estados Unidos. La RBIJ ha atraído a más de 150 signatarios reconocidos para su “Declaración de líderes empresariales contra la pena de muerte”, con The Independent como el último de la lista.
Nos unimos a ejecutivos de alto perfil como Ariana Huffington, Sheryl Sandberg (Facebook) y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, como parte de esta iniciativa y nos comprometemos a resaltar las injusticias de la pena de muerte en nuestra cobertura.
Al escribir para The Independent, la directora ejecutiva del grupo, Celia Ouellette, deja en claro por qué la pena de muerte tiene que terminar.
“Las estadísticas que ejemplifican los flagrantes defectos de la pena de muerte merecen repetirse aquí. Es racista: tienes cuatro veces más probabilidades de recibir una sentencia de muerte si eres afroamericano que si eres blanco, por un delito equivalente. Es ineficaz: los estados que la practican tienen tasas de homicidio más altas.
s increíblemente cara: ejecutar a alguien cuesta dos millones de dólares más que una cadena perpetua. Es inaceptablemente propensa a errores: por cada ocho personas ejecutadas, se exonera a una persona inocente”.
