La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo de Santiago Marquevich, presentó un informe sobre los secuestros extorsivos ligados al crimen organizado cometidos en Argentina entre 2016 y 2022.
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Para realizar el análisis, la fiscalía hizo una clasificación de los hechos en tres grandes grupos: secuestros extorsivos de duración prolongada y cometidos con planificación previa; secuestros extorsivos de corta duración y sin planificación previa -comúnmente denominados “exprés”- y secuestros vinculados al crimen organizado.
En cuanto a los secuestros extorsivos de duración prolongada y cometidos con planificación previa tuvieron su auge entre los años 2001 y 2005, y fueron perpetrados por grupos criminales con cierto grado de “profesionalización”.
Estas bandas, señaló la UFESE, “no solo escogían previamente a sus víctimas, sino que realizaban minuciosas tareas de seguimiento y de inteligencia previa sobre aquellas, para conocer sus movimientos y obtener una información lo más detallada posible de sus circunstancias personales, principalmente, la situación económica y patrimonial de la persona y/o la de su entorno familiar y/o social”.
Ese tipo de secuestros llegaron a durar 30 o 40 días, y en algunos casos más porque este tipo de organizaciones contaba con infraestructura donde mantener cautiva a la víctima.
Posterior a ese período de tiempo, “la abrumadora mayoría de los secuestros extorsivos en los que ha intervenido la Unidad Fiscal a partir de 2016 fueron secuestros de corta duración que, en su mayoría, registran una extensión que no supera las seis horas y en casi ningún caso la privación de libertad de la víctima supera las veinticuatro horas”.
Otra característica de esta modalidad detectada es que “los sitios donde transcurre el suceso ilícito (la sustracción de la víctima, el pago del rescate y la liberación de la víctima) se produce en un mismo espacio geográfico más acotado que los secuestros extorsivos de plazos más prolongados”.
Los hechos son cometidos por grupos poco sofisticados o con alto grado de improvisación y que suelen tener antecedentes y/o vinculación con robos, hurtos, portación ilegítima de armas y otros delitos.
El informe también hace referencia a algunos casos en los que este tipo de secuestro fue perpetrado por grupos estructurados, que fueron desarticulados en investigaciones. Las más conocidas fueron “La banda de Poroto, Pastor y Narvaja”, la “banda del FAL” o “Banda de Pachu”, la “banda del ‘M 19’”, la banda del “Focus” o la “banda de la cuarentena”.
Finalmente, en cuanto a los secuestros vinculados al crimen organizado, el documento destacó que se trata de hechos en los que las víctimas tienen vínculos previos con sus captores.
La mayoría de estos hechos tuvieron lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero desde mediados de 2020 han crecido las denuncias de secuestros extorsivos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, y en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.
“La motivación de los secuestros vinculados al crimen organizado, si bien siempre persigue un fin pecuniario, suele esconder un trasfondo mucho más amplio, con objetivos que exceden la sola obtención de dinero, entre ellos: la dominación de un territorio o el secuestro como medio de financiación de la organización criminal para sostener y motorizar su actividad principal”, señaló la UFESE.
En ese marco, agregó que “la complejidad de este tipo de casos radica también en que las víctimas —tanto ‘activas’ como ‘pasivas’— suelen ser poco colaborativas, siendo que, en algunos casos, no desean prestar ningún tipo de cooperación con la justicia toda vez que ellos mismos también pertenecen o pertenecieron al mundo del hampa y conocen y temen a la organización a la que pertenecen sus victimarios”.
El dato relevante es que desde 2015 en adelante, hubo «un decrecimiento generalizado y sostenido en la cantidad de hechos de secuestro extorsivo registrados en la República Argentina”.
Sin embargo, se registró un incremento en los hechos vinculados con el crimen organizado y se deben promover medidas para “para mitigar su crecimiento y posibles efectos nocivos que se traducen en un aumento de la violencia informal, en la corrupción de las instituciones y en la consecuente corrosión de la calidad democrática de nuestro país”.
