La Fiscalía se opone a la suspensión de la pena de seis años impuesta al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, tal y como éste había solicitado.
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La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado el inmediato ingreso en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán para que cumpla sus seis años de prisión por malversación de caudales públicos por el caso ERE después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena impuesta en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Según fuentes fiscales, los representantes del ministerio público se han opuesto a la petición del exdirigente socialista de suspender la pena mientras el Gobierno resuelve su solicitud de indulto. Además tiene pendiente presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, donde también solicitará la suspensión mientras se estudia si se le han vulnerado sus derechos.
Anticorrupción considera que el ingreso en prisión es la consecuencia necesaria tras la sentencia del Tribunal Supremo. Ahora la Audiencia tiene que resolver si finalmente Griñán debe ingresar en un centro penitenciario, en una decisión que no tiene plazo.
Además de Griñan, también fueron condenados a penas de prisión otros ocho exaltos cargos de la Junta de Andalucía, y todos ellos están pendientes de que se les conceda la medida de gracia. Otros antiguos miembros del Goberno andaluz fueron condenados pero en su caso solo a una inhabilitación, como expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
Fue el pasado 1 de septiembre cuando la familia de José Antonio Griñán registró ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial para el expresidente andaluz, condenado a seis años de prisión por los delitos de prevaricación y de malversación, que es el que implica la pena de prisión.
La petición de indulto, algo que también han pedido el resto de los condenados, es una pieza más de la estrategia procesal de Griñán, de 76 años, como la del Tribunal Constitucional argumentando la violación de algún derecho fundamental para así pedir la suspensión total o parcial de la ejecución de la sentencia.
La condena fue ratificada este verano por el Tribunal Supremo, en una sentencia que tuvo dos votos particulares contrarios a la condena por malversación. El Supremo consideró probado que los nueve exaltos cargos del Ejecutivo estaban al tanto del entramado irregular para la concesiones de ayudas sociolaboral durante una década (2000-2009) y que produjo un agujero en las arcas públicas de más de 680 millones, que actuaron a sabiendas del «descontrol» y de las «gravísimas ilegalidades» que se cometían, a pesar de lo cual no hicieron nada para impedirlo.
