Un organismo estatal en cualquier jurisdicción estaría bastante limitado en cuanto a sus opciones para eliminar a Bitcoin.Podría llegar a regular y obstaculizar la conversión bidireccional entre Bitcoin y las monedas estatales; pero en ese caso, más que un ataque destinado a impedir las transacciones en bitcoins estaríamos frente a un problema de convertibilidad.Para eliminar a Bitcoin habría que desarmar la propia infraestructura de telecomunicaciones que hace posible la tecnología peer-to-peer, pero cabe señalar que una medida como esa también impediría cualquier otra forma de comercio electrónico.Por otra parte, las acciones de un organismo estatal se limitan al ámbito geográfico de influencia del gobierno en cuestión. Al respecto, un buen ejemplo es el del software de correo electrónico cifrado PGP, creado por Phil Zimmermann en 1991. Como distribuir software de encriptación de alto nivel desde los Estados Unidos estaba prohibido por ley, el código de PGP fue pasado a formato de texto, línea por línea, y luego publicado como un archivo pdf que se distribuyó bajo licencia MIT .Así como PGP opera hoy en día como una fuerza liberadora, protegiendo la privacidad en todos los rincones del mundo, el protocolo de Bitcoin seguirá siendo globalmente distribuido, incluso si un cataclismo de proporciones bíblicas hiciera necesario estrenar un nuevo “bloque génesis“.
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