Evelyn Lamadrid Vences, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, en Áncash, ha investigado y acusado ante el Poder Judicial a poderosas empresas y empresarios vinculados a actividades ilícitas de tráfico de recursos hidrobiológicos, minería ilegal y otros delitos ambientales.
antilavadodedinero / ojopublico
Su actuación le ha costado amenazas de muerte desde el 2019, lo que la mantiene con resguardo policial. A ello se ha sumado un reciente pedido de destitución en su contra, que fue elevado hasta la Fiscalía de la Nación. La magistrada considera que estas denuncias buscan frenar sus investigaciones contra la pescal ilegal.
es dirigentes de asociaciones de pescadores armadores artesanales, junto a otras decenas de pescadores, firmaron en agosto pasado un memorial para exigir la destitución de la fiscal Evelyn Lamadrid Vences, titular del despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa.
«Solicitamos la destitución de esta mala fiscal, que se ha ensañado con los pescadores armadores artesanales y comerciantes de productos hidrobiológicos, sin interesarle el sufrimiento y dolor de nuestras familias, ocasionando con esto una desocupación masiva en nuestro sector”, dice parte del documento.
Cuando el Órgano de Control Interno del Santa los llamó a declarar, su versión fue diferente: reconocieron su firma, pero dijeron que no redactaron ni conocían el contenido del documento, y que lo firmaron por indicación de otra persona. El caso fue archivado el pasado mes de octubre.
Evelyn Lamadrid es la fiscal que en 2019 acusó al representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resources –propietaria de el Damanzaihao, el barco factoría más grande del mundo– y solicitó que sea condenado a tres años y ocho meses de prisión por el delito de extracción ilegal de especies acuáticas.
También es quien en el 2020 envió a juicio oral al capitán de la embarcación de origen chino Run Da 608, Zhuang Hanbo, a quien acusó por el delito de tráfico ilegal de especies. Además, su despachó logró un hecho histórico en el Perú: un juzgado condenó a cuatro años y medio de cárcel a Jorge Roldán Angulo Sánchez, gerente general de Ajansa Perú SAC, y Poly Diks Pinto Gonzáles, por el delito de comercio ilegal de aletas de tiburón.
OjoPúblico conversó con la magistrada sobre su labor, la denuncia en su contra y su posición respecto a dos normas peruanas importantes para la lucha contra el tráfico de vida silvestre: la ley que incluye al tráfico de flora y fauna silvestre en los alcances de la ley de crimen organizado, y el decreto legislativo que permite la interdicción en los casos de materia ambiental.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) elevó la protección de 56 especies de tiburones, ¿considera que esta medida permitirá enfrentar el tráfico de aletas en la región?
Es una herramienta importante para el operador de justicia, para la fiscalización. Es un gran logro para el país porque de esta manera vamos a controlar y evitar que más especies de tiburones que existen en el Perú sean traficadas de manera ilegal.
Un grupo de pescadores armadores artesanales presentó una queja contra usted que fue elevada ante la fiscal de la nación. La acusaron de haber cometido abusos y atropellos en contra ellos. ¿Qué puede comentar al respecto?
Un grupo de pescadores de Huarmey firmó un memorial, lo hizo llegar a la congresista Nilza Chacón, que es congresista de Áncash, y ella, mediante una carta, lo elevó a la fiscal de la nación. El Órgano de Control Interno del Santa ha investigado los supuestos o presuntos abusos que yo cometo contra los pescadores.
¿Cómo tomó ese pedido de destitución en su contra?
Es como un hostigamiento que te hacen en el trabajo para que no realices actos de investigación o para que tus actos no estén dentro de la norma. Fue una falta de responsabilidad de la congresista Chacón porque, antes de elevar esa carta a la fiscal de la nación, debió informarse sobre el trabajo que realizamos en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. En ningún momento la congresista ha llegado a mi despacho para hacerme saber la preocupación de los pescadores artesanales. Siento que hay algo detrás de este pedido, no solamente es destituirme, sino frenar los actos que hace la FEMA contra los pescadores ilegales artesanales.
Al final los denunciantes, Héctor Chávez Palacios, Luis López Lozano y Marcos Marín Márquez, dirigentes de asociaciones de pescadores, dijeron ante el Órgano Desconcentrado de Control del Ministerio Público del Santa que no la conocen y se retractaron de las acusaciones en su contra. ¿Quién cree que está detrás de esta queja?
En su declaración al Órgano de Control Interno ellos dijeron que quien les mostró el documento y los animó a que firmaran era Rogelio Reyes. Esta persona, como lo señalan en su declaración, habría sido quien les insistió para que firmarán pidiendo mi destitución. Ellos lo hicieron sin conocerme ni saber cómo realmente actuamos porque son pescadores artesanales legales, que nunca han tenido problemas con la justicia.
¿Usted conoce al señor Rogelio Reyes?
Sí, lo conozco. Ha llegado a mi despacho en muchas oportunidades y algunas veces me he sentido amenazada, coaccionada, hostigada por sus llamadas, porque siempre ha venido a velar por intereses de particulares, a exigir que devuelva aparejos prohibidos. La última vez lo recibí pensando que iba a tratar un tema de difusión de normas; sin embargo, llegó para solicitarme que devuelva un aparejo prohibido de una persona que ahora está investigada, con un proceso penal en la última etapa.
EN ESPERA. El Damanzaihao fue propiedad de la empresa Sustainable Fishing Resources a la que se le acusa de extracción ilegal de especies acuáticas.
Foto: Ministerio Público del Santa
¿Considera que hay un plan para retirarla del cargo?
Sí, hay un grupo de pescadores ilegales que quieren que me haga a un costado, simplemente por tratar de cumplir la norma. Una de las razones es porque desde que se dio la Ley de Interdicción hemos realizado alrededor de 50 interdicciones en el Distrito Fiscal del Santa. Esto nos ha permitido erradicar de manera frontal la actividad de procesamiento ilegal de recursos hidrobiológicos, y no solamente se destruye lo que encontramos, sino que la Fiscalía de Extinción de Dominio puede actuar para que los inmuebles y bienes encontrados pasen a administración del Estado.
¿Por qué cree que la congresista Nilza Chacón elevó ante la fiscal de la nación el pedido que planteaba que usted sea destituida?
El fundamento para buscar mi destitución no ha sido actos de corrupción, omisión de funciones o porque no realice un trabajo activo dentro de la FEMA, simplemente buscaban que me destituyan porque soy drástica, porque se incautan embarcaciones y recursos hidrobiológicos, actos que están regulados en un proceso penal. No hacemos las cosas porque se nos da la gana, las hacemos en respeto de parámetros legales.
Lejos de mandar una carta debió acercarse a mi despacho como representante de la ciudadanía y alcanzarnos las preocupaciones de los pescadores para informarle de las normas que nos rigen para realizar incautación de redes, de recursos hidrobiológicos. Le hubiéramos dado a conocer cuáles son los procedimientos para un proceso penal, lo cual aparentemente desconoce.
Frente a estos hechos, ¿se siente usted respaldada por su institución?
Hoy en día me siento respaldada por los actos que realizo, por los valores que trato siempre de recordar. Me siento protegida por aquellas instituciones públicas y privadas que están defendiendo la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, por mis compañeros de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, porque me lo han hecho saber, y me siento respaldada por fiscales y jueces que no están en el sistema ambiental. Sí, me siento respaldada por mi institución.
En el 2019 fue amenazada de muerte e incluso tuvo que realizar su labor con protección policial las 24 horas del día. ¿Quiénes la amenazaron?
Hasta el día de hoy sigo con resguardo policial. En ese momento estaban las amenazas de un clan de mineros ilegales de la Carbonera, que ahora se encuentran con sentencia condenatoria y prófugos. También nos sentimos amenazados por un grupo de pescadores que realizaban el secado en pampa, que es el procesamiento ilegal de recursos hidrobiológicos, y por las intervenciones al Damanzaihao, el buque factoría más grande del mundo. Este último caso no termina aún, está en casación.
Fueron dos a tres años viviendo preocupada, sin poder salir a la calle, hoy siento un poco más de libertad porque me adapté a estar con resguardo policial, pero el miedo siempre existe y las amenazas van a seguir.
¿Ha recibido amenazas directas o veladas por el ejercicio de su función?
Sí, totalmente directas. Los Patrones de Barranca, quienes fueron intervenidos en Huarmey y tuvieron prisión preventiva y penas efectivas, llegaron a mi despacho y me amenazaron. Al poco tiempo, a través del fiscal adjunto Esneider Bustamante, se conoció de un croquis de la forma cómo iban a atentar contra mi vida y por qué querían hacerlo. También una persona que estaba inmersa en las actividades de minería llegó hasta el jefe de la División Policial de Chimbote para pedirle que me alerte de un posible ataque contra mi persona. Eso fue antes del 2019.
Luego ya no he sufrido amenazas, pero sí hostigamientos. La más latente ha sido la de Rogelio Reyes. Me sentí hostigada por esta persona, porque no solo fue al despacho, sino a las diligencias que he realizado e incluso ha llevado su portátil y niños para que me griten que soy una desalmada, que no les quite la red, que los deje comer, exponiendo a los niños. Ha sido en febrero de este año.
AMENAZAS. Debido a su labor de investigación y prevención de los delitos en materia ambiental ha recibido amenazas y ha sido hostigada.
Foto: Ministerio Público del Santa
La ley que incluye al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en los alcances de la Ley contra el crimen organizado, aprobada por el Congreso, ha generado posiciones encontradas e incluso protestas. ¿Cuál es su posición respecto a esta norma?
Es un acierto del Estado, que no viene de la noche a la mañana. Va a permitir, conjuntamente con el Decreto Legislativo 1393, que el Ministerio Público le haga frente a las mafias y a las organizaciones criminales que trafican recursos hidrobiológicos de manera ilegal. Estas organizaciones cometen un delito ambiental con muchos delitos conexos porque necesitan falsificar documentos, financiamiento ilegal, lavado de activos, defraudación de impuestos. Muchos pescadores dicen que las leyes siempre van contra los más pequeños, pero con esta ley, el Estado va contra las organizaciones criminales grandes que utilizan a los pequeños para poder hacer su patrimonio.
Los detractores de la norma indican que afectará a los pescadores artesanales y de menor escala porque se criminalizará su actividad y los investigarán como si pertenecieran a organizaciones criminales. ¿Es eso cierto?
Ellos piensan que si salen a una faena de pesca más de dos personas y traen recursos en tallas menores, ya son una organización criminal, cuando no es así. Los pescadores obviamente tienen que ir organizados, pero eso está estipulado en el Decreto Legislativo 1147 que señala que para realizar una faena de pesca tiene que haber personas que cumplan la función de patrón, motorista, tripulantes, cocineros. Si estos pescadores realizan extracción de recursos hidrobiológicos en tallas menores se les va a procesar por el 308 B [delito de extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas ], no se les va a investigar como crimen organizado.
A aquellos pescadores que extraen aletas tiburón, que han sido financiados con dinero mal habido y que, sin ningún tipo de autorización,, las trafican, transportan y exportan se les va a investigar como crimen organizado.
¿Cree usted que se está orquestando una campaña para evitar la aplicación de esta norma, recientemente publicada por el Congreso? ¿Quiénes estarían detrás?
Están detrás las organizaciones criminales, las grandes mafias que están realizando actividad ilegal. Y sí, estas utilizan a los pescadores porque como están desinformados de esta norma actúan en automático. Sin embargo, hoy en día los pescadores artesanales no se están dejando llevar por lo que les dicen, están acudiendo a las FEMA, y hablo por la mía, para informarse de la norma. Eso es satisfactorio porque vemos que el pescador no solamente quiere estar en el rubro sino que quiere realizar su actividad legalmente. Más allá de lo económico, está viendo por la sostenibilidad del recurso hidrobiológico.
En octubre de este año, durante una mesa de diálogo en la Comisión de Producción del Congreso, funcionarios de Produce indicaron que había preocupación del sector en torno a la norma antes mencionada porque consideraban que buscaba criminalizar todo. ¿Cómo toma esa posición de Produce?
Quiero entender que es ignorancia, que no tienen conocimiento. Estos comentarios por parte de algunos funcionarios del Ministerio de la Producción son una irresponsabilidad porque estas normas están para la sostenibilidad del recurso hidrobiológico y del pescador artesanal. Sé que hay funcionarios y servidores que actúan de manera proba, esperemos que sean más, y que está clase de funcionarios que no conocen la norma o quieren desinformar al administrado se hagan a un lado de las instituciones.
También hay opiniones en contra de la aplicación de la Ley de interdicción en los casos de ilícitos que ven las FEMA. ¿Cree que también se están gestando acciones para buscar derogarla?
Han intentado derogar la norma porque es uno de los mecanismos más importantes para el fiscal que advierte un delito en flagrancia, le permite tomar acciones inmediatas drásticas para erradicar la actividad ilegal, sin tener que solicitar requerimientos al juez. Pero el Ministerio Público no actúa porque le parece, la actuación tiene que ir ligada por lo que dice el Ministerio de la Producción, en ese momento se pasa filtros para tomar estas decisiones.
Los ilegales están detrás de la derogatoria de esa norma porque es efectiva y eficaz. No es justo encontrarnos con plantas de procesamiento de conservas en un estado nauseabundo y que esas conservas salgan al mercado. ¿Quién las consume? Las personas más humildes, de bajos recursos económicos, que no pueden comprar una conserva de S/6 o S/7. Los empresarios que hacen esas actividades ilegales no se ponen a pensar que hay niños comiendo ese producto elaborado en condiciones pésimas, muchas veces con gusanos. Les mueve obtener dinero fácil, a costa de la salud y de las personas que trabajan en ese lugar, contra eso va la interdicción. Que mal que algunos padres de la patria avalen este tipo de situaciones. Invito a los congresistas a mis interdicciones, para que vean en qué situación se hacen este tipo de conservas y de harina.
CONTROL.Desde que se dio la Ley de Interdicción, la FEMA del Santa ha realizado 50 interdicciones para erradicar el procesamiento ilegal de recursos hidrobiológicos.
Foto: Ministerio Público del Santa
Respecto a esa norma, en la reunión de octubre antes mencionada, Gaspar Cárdenas Infante, director general para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce, dijo que la Fiscalía Ambiental está incautando aparejos de pesca, redes y cámaras y se preguntó qué tiene que ver la Fiscalía Ambiental en tallas mínimas, cuando solo tiene competencias para ver la contaminación de agua, aire y suelo. ¿Qué opina al respecto?
Al ingeniero Cárdenas lo invitaría a mi despacho para darle una lectura rápida de los artículos 308B, 308A y 309 del Código Penal que nos llevan a actuar como fiscales especializados en Materia Ambiental. La FEMA investiga delitos de contaminación, de minería, de tráfico contra los productos forestales maderables y también contra las especies acuáticas. Tenemos las herramientas para poder incautar recursos hidrobiológicos, bienes inmuebles, cámaras isotérmicas, en base a los parámetros legales. Todo pasa el filtro judicial, salvo las interdicciones legales, que son acciones que se realizan inmediatamente.
En esa misma reunión, Santos Saavedra Moncada, director general de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce, dijo sobre la ley de interdicción que es importante realizar una evaluación a la pertinencia de la fecha de la norma. ¿Comparte esa posición?
Me parece raro porque el señor Santos ha estado en mi despacho y fue una de las personas que me dijo que la ley de interdicción era un acierto, y que él iba a apoyar con todos los inspectores que estaban a su cargo para evidenciar o ubicar los lugares donde se realizan este tipo de actividad.
Con relación a la evaluación, la norma está bien dada, es un acierto para erradicar la actividad ilegal de pesca en el acto, en flagrancia. Se podría potenciar agregando otros mecanismos y protocolos de actuación de las entidades administrativas de fiscalización y de otro tipo de entidades que se sumen a la interdicción. Se podría evaluar que se sume Aduanas, Migraciones, la Fiscalía de Trata de Personas, porque encontramos personas que pueden estar siendo víctimas de trata.
¿Cuál es actualmente la carga procesal de su despacho?
La incidencia delictiva en la FEMA es tráfico ilegal de especies acuáticas, extracción ilegal de especies acuáticas en su forma agravada luego le sigue minería ilegal, contaminación y casi muy poco tráfico de productos forestales maderables y otorgamiento ilegal de derechos. Darte un número de la carga en este momento sería irresponsable de mi parte; sin embargo, tenemos muchos casos en investigación, en juicio oral y sentencias condenatorias que ya hemos obtenido contra empresas grandes y medianas, pescadores artesanales y hasta por tráfico ilegal de aletas de tiburón.
¿La fiscalía que dirige cuenta con los recursos humanos y de logística suficientes para cumplir su labor?
Hoy en día sí contamos con recursos humanos y logísticos, estamos potenciados. Y se sigue sumando más recurso logístico y humano.
¿Considera que el Poder Judicial respalda el trabajo que realiza para condenar a los responsables de casos que ha investigado?
El Poder Judicial poco a poco se ha ido sumando al escuchar nuestros requerimientos y a los peritos que les dicen por qué una actividad es gravosa al ecosistema, por qué es que no debemos pescar en tallas mínimas, Los jueces de juzgados de investigación preparatoria, los unipersonales y los colegiados ya tienen más conocimiento en materia ambiental. En el Santa puedo decir que todos los jueces buscan la sostenibilidad de los recursos naturales.
¿Puede mencionarnos algún caso pendiente importante que tiene su despacho y que está en el Poder Judicial?
El caso Damanzaihao dejará huellas y jurisprudencia. Este es el caso de la empresa Sustainable Fishing Resources, a la que se le incautó Damanzaihao, el buque factoría más grande del mundo, el cual se fue del país. Sin embargo, estamos en la lucha. La causa fue sobreseída a nivel de Juzgado de Investigación Preparatoria y a nivel de Sala Superior, pero ahora está en casación, entonces estamos esperando el fallo de la Corte Suprema. Esto va a dejar un precedente para las embarcaciones extranjeras de cómo es que el Perú va a proteger sus recursos transzonales, estamos muy ansiosos del fallo de la Suprema y seremos respetuosos en acatar lo que decidan.
¿Esperan que sea favorable y les permita iniciar el juicio oral?
Definitivamente, eso es lo que esperamos, porque sería como un logro no para el Ministerio Público, sino de los recursos hidrobiológicos que no se pueden defender. Serán los jueces supremos, con mayor criterio, habiendo leído la carpeta fiscal de la investigación que tuve a mi cargo con ocho meses de embarazo y que casi le cuesta la vida a mi hijo, los que decidan.
