El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, habló in memoriam del Juez Roberto Elías Martínez, sobre que en un tribunal sin rostro, la justicia no sería presa fácil ni de la plata ni del plomo. Es una medida de excepción, pero excepcional es también la violencia que se vive en varias regiones del país.
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La figura de “jueces sin rostro” debe ser valorada para proteger y dar seguridad a los impartidores de justicia, especialmente a quienes juzgan y sentencian a los acusados de narcotráfico, delincuencia organizada o terrorismo, delitos extremos y de alta peligrosidad para la sociedad.
Italia fue el primer país en adoptar esta figura, en los años noventa del siglo pasado, después de que la mafia siciliana asesinara a 24 jueces, entre ellos, al conocido juzgador antimafia Giovanni Falcone.
Después Colombia siguió el ejemplo, cuando la llamada “narcoguerrilla”, promovida por el narcotraficante Pablo Escobar, asesinara a más de 290 funcionarios de la Policía y del Poder Judicial, que perseguían tanto a narcotraficantes como a guerrilleros. Incluso, este poder dual o poder paralelo asesinó en 1989 a un candidato presidencial, Luis Carlos Galán, quien se mostraba a favor de la extradición de los capos colombianos a los Estados Unidos.
Alberto Fujimori, como presidente de Perú, enfrentó al grupo terrorista Sendero Luminoso y a los cárteles de la droga con un sistema de “justicia secreta” o “justica sin rostro”, logrando inhibir y contener este tipo de amenazas a la seguridad de su país.
Recientemente, en 2019, Brasil creó la figura “Tribunales sin rostro” en seis estados de la república, para combatir narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y grupos paramilitares, después de una ola de ejecuciones de jueces y magistrados.
Por supuesto que esta figura tiene sus riesgos, porque puede devenir en abuso de autoridad y violación de derechos humanos, pero causa mayor daño a la impartición de justicia tener jueces amedrentados por la presión de la violencia o nulificados por las amenazas de muerte. Como en muchos casos de situaciones extremas, se trata de elegir no entre una decisión buena o una mejor, sino la opción menos mala.
La violencia que padecemos ha estado escalando de objetivos e impactos. Afecta por igual a las personas que son vistas como “daños colaterales”, hasta los personajes que representan el símbolo mismo de la seguridad y la justicia, como policías y jueces.
Hace seis años, en el Estado de México, fue asesinado el juez federal Antonio Bermúdez, quien llevaba los casos de dos notables narcotraficantes, Abigael González, el Cuini, y Miguel Angel Treviño, el Zeta 40. Hace dos años, en Colima, el juez federal Uriel Villegas y Verónica Barajas, su esposa, fueron ejecutados al salir de su domicilio. Se pidió entonces brindar seguridad y vehículos blindados a los jueces que estuvieran decidiendo casos relevantes. El sábado pasado, el juez estatal Roberto Elías Martínez fue asesinado en Zacatecas al salir de su domicilio.
Si ya tenemos legalmente reconocido un cuerpo civil con formación militar como la Guardia Nacional, si ya adoptamos también el “criterio de oportunidad” para disponer de testigos protegidos, si contamos con unidades federales y estatales de inteligencia financiera para detectar el lavado de dinero, entre otros instrumentos jurídicos, justo es proteger ahora el último eslabón de la cadena holística de seguridad y justicia: los jueces.
En un tribunal sin rostro, la justicia no sería la presa fácil que es hoy de dos amenazas disruptivas: plata o plomo.
