La Audiencia Nacional mantiene abiertas cuatro lineas de investigación por presuntos fraudes de criptomonedas. De acuerdo a lo que sospechan los especialistas, las estafas podrían haber generado un fraude de más de 1,500 millones de euros.
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Entre las zonas estafadas, Canarias es una de las comunidades con más denuncias de personas que las han sufrido. Uno de los casos más conocidos desde que se destapó el supuesto fraude ha sido el de la empresa Arbistar en Tenerife. Otros casos de la misma índole han sido el de Javier Biosca y la empresa Algorithms Group.
Las asociaciones que procuran la defensa de las víctimas de estos hechos aseguran que faltan recursos para investigar los casos de forma individual. Recomiendan denunciar de forma conjunta. En cuanto a la legislación, indican que se han dado pequeños pasos, pero aseguran no los suficientes para una regulación efectiva. Para ello es fundamental que se creen juzgados especializados y personal formado en transacciones de criptoactivos.
Otras estafas
La Policía Nacional detuvo a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos. Se trata de integrantes de una organización criminal que ofrecía a sus víctimas “ganar dinero desde su domicilio”, mediante inversiones en criptomonedas. Como en otras maniobras similares, los beneficios nunca llegaban y las inversiones iniciales no eran recuperadas.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, se estima que la cantidad defraudada por esta organización supera los 200,000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados, aunque los investigadores apuntan que existen cientos de víctimas repartidas por toda Europa.
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos que mencionaban la “estupenda oportunidad”. Tras captar a los primeros colaboradores con esta estrategia, los miembros de la red ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en criptoactivos que daban un rendimiento superior al de mercado, además de mayores ingresos si conseguían captar nuevos inversores.
Cuando alguna de las víctimas quería retirar el dinero, la organización no se lo permitía y le ofrecía la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas o recibir regalos de alta gama como vehículos para que explicasen en redes sociales que la compañía premia a los inversores con importantes incentivos materiales.
Realizaban fiestas y eventos de lujo con el fin de captar adeptos y para aparentar un alto estatus económico que, junto a las sedes físicas, daba apariencia de legalidad.
Era la propia organización la que financiaba estos eventos y publicidad con pagos en criptodivisas y transferencias desde cuentas extranjeras, que movían sus ganancias internacionalmente a través de empresas o cuentas bancarias, lo que dificultaba su trazabilidad del dinero.
Con esta operación, la Policía Nacional ha desmantelado una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.
Fraude por 120 mil euros
El pasado mes de noviembre cayó una organización criminal que estafó 120.000 euros a empresas de todo el país. La operación comenzó en Güímar, en Tenerife, después de que una empresa denunciara haber sido víctima de una estafa bancaria a través de internet.
Gracias al análisis realizado durante la investigación, y a pesar de las numerosas identidades falsas y/o suplantadas utilizadas por los miembros de la organización para la apertura de cuentas bancarias o para la adquisición de tarjetas SIM de prepago —de las que posteriormente se deshacían para dificultar una posible investigación policial— los agentes de la Guardia Civil lograron identificar a varios miembros de la organización crimina. Se encontraban, en su gran mayoría, en diferentes localidades de Barcelona.
Durante la investigación se comprobó que gran parte de esos fondos estafados telemáticamente a diferentes empresas ubicadas en diferentes zonas del territorio español, eran destinados a la adquisición de criptomonedas.
Con ellas compraban bienes e invertían en otro tipo de criptoactivos, con la doble finalidad de blanquear el dinero estafado, incorporándolo al tránsito legal, a la vez que dificultaban aún más la labor policial.
