Después de varias pistas que aparecieron en los últimos años en decomisos de laboratorios clandestinos en zonas rurales de México, la DEA y el Departamento del Tesoro estadounidense señalaron a los laboratorios chinos Shanghai Fast Fine Chemicals, de formar parte de una red de tráfico de precursores químicos en sociedad con uno de los cabecillas más encumbrados y menos conocido del cártel de Sinaloa.
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La discreción y bajo perfil de José Ángel Rivera Zazueta, señalado por la DEA como uno de los principales operadores de Ismael “el Mayo” Zambada en el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, tiene correspondencia en sus socios Jason Antonio Yang López, ciudadano guatemalteco de origen chino y Nelton Santiso Aguila, quienes fueron boletinados el lunes pasado por el Tesoro estadounidense como cabezas visibles de una red que opera a escala global con ramificaciones en América Latina, Europa y los tres continentes.
Rivera Zazueta trabaja de manera estrecha con Shanghai Fast Fine Chemicals, empresa que realiza envíos de precursores químicos etiquetados de manera engañosa a sus socios en México. Este modus operandi como un rasgo de las mafias chinas en México, es uno de varios que detectó la Guardia Nacional en otros casos desde el año 2020.
Las principales organizaciones de tráfico de drogas del país se apoyan en organizaciones chinas que tienen su sede en la Ciudad de México, donde operan una red empresarial para el lavado de ganancias que se obtienen del tráfico y comercio de fentanilo. Un documento de la Guardia Nacional sobre la participación de las mafias chinas en el lavado de dinero en México, elaborado por la Unidad de Órganos Especializados por Competencia (UOEC), registra que desde el 2018 la secretaría de Hacienda detectó y acreditó la existencia de siete empresas “fachada” que operaban en la zona del Pacífico entre los años 2013 y 2019.
“Se detectaron registros de declaraciones de impuestos falsas con las que, incluso, requirieron a la autoridad hacendaria que se les retribuyera casi medio millón de pesos”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó al inicio del sexenio que las organizaciones delictivas chinas encubren movimientos de sus recursos financieros con la operación de comercializadoras de prendas de vestir, inmobiliarias, restaurantes, industria farmacéutica, automotriz, servicios veterinarios para mascotas, laboratorios clínicos, comercializadora de productos diversos, entre otros.
“Es importante destacar que la presencia de células delictivas chinas han logrado establecer vínculos con cárteles mexicanos ubicándose principalmente en la zona norte y principales puertos del país, con la finalidad de blanquear sus capitales”, dice el documento de la Guardia Nacional encontrado entre los seis TB de información obtenidos por el colectivo Guacamaya.
Titulado análisis prospectivo para la inteligencia estratégica, el documento señala como vulnerabilidad la utilización de sistemas de pagos alternativos como la “hawala”, al margen de la detección por el sistema financiero que complica identificar operaciones realizadas por la delincuencia organizada.
Esto ha generado presión de Estados Unidos a través de la DEA que como ocurrió el pasado lunes, señala la asociación de entidades chinas con organizaciones delictivas mexicanas para el tráfico de precursores y lavado de activos, “por lo que se mantiene la presión sobre la efectividad de las acciones implementadas por México para prevenir y combatir el lavado de dinero como parte de las prioridades de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
La falta de acceso a la información fiscal y financiera por parte de la Guardia Nacional, está considerada como un obstáculo para las investigaciones sobre lavado de dinero transnacional, como probables delitos cometidos por integrantes de la mafia china en México. Esto podría generar amenazas como la creación de empresas fantasma con potencial de riesgo para afectar el sistema tributario nacional con la solicitud de reembolsos de impuestos de giros inexistentes.
El riesgo es un mayor crecimiento de la mafia china al diversificar su presencia y operación en otras conductas delictivas, lo cual podría traer un crecimiento de células delictivas de origen chino y ocasionar un incremento en los índices de violencia ya existentes en el país derivado de la confrontación con las organizaciones criminales locales.
La oportunidad que fijan los analistas es que se establezcan acuerdos entre las dependencias relacionadas al fenómeno, como el Instituto Nacional de Migración, secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el intercambio de información en materia aduanera y migratoria para crear una base de datos de personas de nacionalidad china radicados en México dedicadas a la actividad empresarial y/o comercial que permita identificar probables vínculos con organizaciones delictivas.
Se propone crear grupos de trabajo con autoridades de la República Popular China, para el intercambio de información y verificar las actividades reales comerciales o turísticas de sus ciudadanos y descartar la posibilidad de que establezcan nexos con el crimen organizado.
