El Congreso de Honduras debe de elegir a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que ha generado expectativas por la posibilidad de que haya una corte intendente de las mafias políticas que han dominado en el país centroamericano.
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A Milton Jiménez agentes de tránsito lo detuvieron conduciendo borracho en las calles de Tegucigalpa en diciembre de 2007 y le dijeron que lo iban a meter preso. A Jiménez, que entonces era el canciller de Honduras en el gobierno del presidente Manuel “Mel” Zelaya, no le gustó el asunto y la emprendió a golpes contra los policías. Alguien grabó un video del incidente y lo hizo público. Jiménez tuvo que renunciar unos días después, pero su influencia política nunca se difuminó. Hoy, el excanciller quiere ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Poco después del altercado en Tegucigalpa, que le costó el puesto, Jiménez vivió algo parecido en Miami, donde, en junio de 2008, policías de la ciudad lo detuvieron cuando viajaba en un auto con “unas copas de vino” adentro, según él mismo lo describió luego a la prensa de su país. Los agentes lo esposaron a él y una empleada del consulado hondureño que le acompañaba y los llevaron a la comisaría. Jiménez pagó una multa de USD 1.000 y salió.
El entonces presidente Zelaya, su amigo, lo nombró su asesor personal después de los escándalos, y después como presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Luego de que Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado, en 2009, la contraloría hondureña hizo exámenes a la gestión de Jiménez en la cancillería y en la CNBS y encontró irregularidades, como nombramientos indebidos en el servicio exterior y desvío de fondos de un donativo de Taiwán.
Jiménez es, hoy, uno de 45 candidatos, 23 mujeres y 22 hombres, seleccionados por una junta nominadora entre los que el Congreso nacional deberá de elegir a los 15 jueces que formarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el periodo 2023-2030.
En Honduras, propios y extraños alabaron las recientes reformas a la Ley de la junta nominadora de magistrados porque introdujo nuevos mecanismos de preselección, incluyó la posibilidad de poner tachas a los precandidatos y garantizó paridad de genero en las listas finales.
El excanciller hondureño Milton Jiménez tuvo altercados con la policía de su país y de Miami por conducir en estado de ebriedad, también fue señalado por presunta corrupción. Hoy aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El Departamento de Estado en Washington, influyentes tanques de pensamiento internacionales, la Unión Europea y, en general y la sociedad civil hondureña vieron en el nuevo proceso una oportunidad para limpiar la Corte Suprema de mafias políticas y criminales que han influido en el trabajo del Judicial en las últimas décadas, e incluso marcar una pauta diferente en Centroamérica, donde los máximos tribunales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua están controlados por mafias similares y, en la práctica, no son independientes de los presidentes de esas naciones.
“Mientras el Estado de derecho se cae a pedazos en América Central, Honduras puede marcar la diferencia si selecciona a los nuevos magistrados de la Corte Suprema en función del mérito, fortaleciendo así la independencia judicial”, dijo en un comunicado Human Rights Wacth, una de las organizaciones internacionales que sigue de cerca el proceso hondureño.
Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la elección de la CSJ ha llevado a Honduras ante una encrucijada. Una corte proba, dice WOLA, puede ser el inicio de una reforma profunda en el sistema de justicia, mientras que una marcada por la influencia de mafias implica que “Honduras se quedará estancada con una corte y leyes que no garantizan independencia judicial y que responden a intereses de las redes criminales que caracterizan un estado cleptocrático”.
A juzgar por la lista final de candidatos que llegó al Congreso, en el que además del nombre del excanciller Milton Jiménez se colaron los de otros candidatos con señalamientos de corrupción, la palabra final sobre la idoneidad de la próxima CSJ sigue sin estar dicha.
Además del ex canciller Jiménez, en la lista final de preseleccionados aparecen nombres como el del exmagistrado Edin Yobany de la O Ramos, denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por favorecer, cuando estuvo al frente de un tribunal de apelaciones, a la ex primera dama Rosa De Lobo, acusada de robarse fondos públicos.
En su momento, el CNA denunció que el fallo de De la O Ramos ponía en riesgo el trabajo de una unidad especializada de la fiscalía hondureña que, con apoyo internacional, empezaba a investigar varios casos de corrupción en las altas esferas del Estado.
Enrique Flores Lanza fue acusado de actos de corrupción cuando fue funcionario en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro. La hermana y la esposa de Flores Lanza aspiran a ser magistradas de la Corte Suprema.
También hay señalamientos de que la lista incluye a candidatos demasiado cercanos al círculo íntimo de la presidenta Xiomara Castro, lo cual complicaría, de nuevo, la independencia del máximo tribunal. Sonia Marlina Dubón, por ejemplo, es esposa de Enrique Flores Lanza, y Tirza Flores Lanza es su hermana. Ambas son precandidatas a magistradas. La historia de Enrique Flores Lanza y Manuel Zelaya, expresidente y esposo de Xiomara Castro, es larga.
Flores fue ministro de la presidencia de Mel Zelaya entre 2006 y 2009, y huyó a Nicaragua luego de que su jefe fue depuesto por un golpe de estado y a él se le investigó por supuesta sustracción de fondos del Banco Central de Honduras. Cuando Xiomara Castro ganó la presidencia, en 2021, Flores Lanza volvió a Honduras a ocupar un puesto como asesor de la nueva presidenta.
Fue, además, beneficiado con un decreto de amnistía que libró de persecución penal a exfuncionarios del gobierno Zelaya acusados de varias irregularidades y delitos. Hoy, la esposa y la hermana del poderoso asesor buscan colarse en la Corte Suprema.
El pasado reciente del máximo tribunal hondureño está marcado por su alianza con el poder de Juan Orlando Hernández, el expresidente del país preso en Nueva York en espera de un juicio por narcotráfico y por su rol decisivo en frenar investigaciones de corrupción a funcionarios de todos los partidos políticos del país.
Cuando, en 2015, Hernández empezaba a pensar en su reelección, la CSJ de entonces resultó esencial. El reenganche presidencial estaba, hasta entonces, prohibido por la Constitución de Honduras, pero una interpretación del máximo tribunal, cuyos magistrados tenían ya estrechas relaciones con el Partido Nacional de Hernández, fue suficiente para que JOH, como se le conoce popularmente, pavimentara su camino para un segundo periodo, al cual accedió en 2017 tras unas elecciones a las que la Unión Europea, entre otras instancias, calificó de fraudulentas.
El papel de la CSJ en aquellos sucesos provocó señalamientos de que Hernández había pagado a los magistrados, o al menos a algunos de ellos. Un investigador internacional que trabajó en 2018 con la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH) dijo en su momento a Infobae que había suficientes indicios para iniciar una investigación de los posibles sobornos, pero los intentos de hacerlo se truncaron en un ministerio público que, entonces, también controlaba Hernández.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 a Estados Unidos por narcotráfico. El exmandatario aún tiene influencia en la Corte Suprema de Justicia de su país. REUTERS/Fredy Rodriguez/File Photo
En 2016 llegó a la presidencia de la Corte Suprema el abogado Rolando Argueta, cercano a Hernández. Dos años después, desde el máximo tribunal, Argueta declaró inconstitucional la UFECIC, una unidad fiscal especializada en casos de corrupción que trabajó de la mano con la MACCIH en investigaciones que implicaban a diputados de todos los partidos políticos y a funcionarios cercanos al entonces presidente.
UFECIC detectó nodos de corrupción en todos lo poderes del Estado y sus investigaciones llegaron muy cerca de Hernández. Un investigador que trabajó con la fiscalía especializada dijo a Infobae que, incluso antes del caso por narcotráfico por el que fue deportado a Estados Unidos al salir de la presidencia en 2022, ya había indicios claros de la participación del presidente en actos de gran corrupción.
Rolando Argueta, el hombre de JOH en la Corte, también fue uno de los principales promotores de la salida en 2020 de la MACCIH, una especie de fiscalía supranacional adjunta al ministerio público local y apoyada por la Organización de Estados Americanos.
Hoy, de la elección de los magistrados que sustituirán a la CSJ que aún preside Argueta depende también la llegada de un nuevo organismo internacional de investigación penal que apoyaría a los fiscales hondureños a fortalecer casos contra el crimen organizado y la corrupción.
Ese organismo fue una de las promesas de campaña de Xiomara Castro, quien ya firmó con la Organización de Naciones Unidas un memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Un funcionario internacional que ha participado en reuniones sobre la CICIH dijo a Infobae que una de las cosas que la ONU sigue de cerca para avanzar en las negociaciones con Castro es la elección de una Corte Suprema “potable”.
En principio, los diputados hondureños tenían hasta finales de enero para elegir a los 15 magistrados y magistradas de la nueva corte de la lista de 45 candidatos presentada por la junta nominadora. Sin embargo, hoy todo es un asunto de aritmética legislativa en un congreso de 128 escaños en el que nadie tiene mayoría y en el que los magistrados deben de ser electos con al menos 86 votos.
Cuando Xiomara Castro ganó, su partido, Libre, logró 50 diputados. El Partido Nacional, sobre el que el expresidente Hernández aún tiene influencia, ganó 43 diputados. El Partido Liberal, dirigido por Yani Rosenthal, un banquero que fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y luego liberado, obtuvo 22 escaños. La elección de la nueva CSJ pasa, por fuerza, por entendimientos entre Libre y el Partido Nacional, algo que ya hay quienes entienden como un juego de ajedrez en el que el objetivo final es blindar de futuras investigaciones a unos y otros.
El Congreso ha apelado al mandato constitucional que prevé que, de no haber consenso, la elección por magistrados debe repetirse hasta que lo haya, para alargar negociaciones, pero, hasta el cierre de esta nota, seguía sin haber humo blanco.
El oficialismo ahora ha amenazado con obligar a una interpretación de la Constitución que permitiría la elección de magistrados suplentes o la elección de los titulares con mayoría simple, que el partido de la presidenta Castro sí podría alcanzar. Desde la sociedad civil se habla ya de ruptura del orden constitucional si alguna de las dos cosas ocurre.
El suspenso se mantiene mientras los candidatos de las viejas mafias políticas hondureñas esperan su turno de colarse en una nueva corte de la que dependerá, entre otras cosas, el futuro de investigaciones criminales de los casos más importantes de corrupción e infiltración del crimen organizado en el Estado hondureño.
