Alguna vez, a inicios de este milenio, Alejandro Toledo simbolizó la esperanza democrática de Perú. Fue el político que, con el apoyo mayoritario de las masas, acabó con el régimen autoritario de más de una década de Alberto Fujimori.
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Además, su historia de superación era la narrativa soñada para conectar con el electorado: se trataba de un provinciano de origen humilde y rasgos mestizos que había logrado estudiar posgrados en las principales universidades de los Estados Unidos, y que mucho tiempo después llegó a ser considerado por el pueblo peruano casi como un descendiente directo de los incas.
Ese mismo sujeto que gobernó Perú del 2001 al 2006 buscó eludir a la justicia peruana en los últimos seis años. Acusado de haber recibido sobornos por alrededor de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de concesiones en obras públicas, Alejandro Toledo finalmente será extraditado al Perú.
Así lo decidió el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El proceso ha sido engorroso desde que en febrero de 2017 el Gobierno lo incluyó en la lista de los más buscados, ofreciendo una recompensa a nivel internacional por su paradero.
“Yo no soy fugitivo. Yo no me he escapado de mi país”, ha remarcado el exlíder de la agrupación política Perú Posible en sus pocas apariciones públicas. En marzo de 2019, Toledo fue arrestado en estado de ebriedad en la vía pública en el condado de San Mateo, en el sur de San Francisco.
Pero no fue hasta julio de ese mismo año que, con su detención, se dio inicio al proceso judicial de extradición. Entonces fue hallado con más de 40.000 dólares en una maleta. En este lapso de tiempo, el expresidente ha pasado de estar en prisión en el estado de California a tener arresto domiciliario y luego libertad bajo fianza desde la pandemia.
En setiembre de 2021, el juez norteamericano Thomas S. Hixson resolvió que sí existían las evidencias suficientes para extraditar a Toledo, quien está investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Sin embargo, recién este martes la Fiscalía peruana ha comunicado que el retorno del exmandatario para ser juzgado es oficial. “Se vienen realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición”, dice el anuncio.
En mayo de 2022, consciente de lo que se le avecinaba, Toledo expuso a través de sus abogados que “sufrirá un daño irreparable” pues, de volver a enfrentar a las autoridades peruanas, será ingresado a prisión donde “correría el riesgo de enfermarse gravemente o morir si es encarcelado en Perú mientras espera el juicio”.
Sobre Toledo, el Premio Nobel Mario Vargas Llosa ha dicho: “Jamás hubiéramos imaginado que quien dirigió la marcha de los Cuatro Suyos -la movilización que representa la derrota de los Fujimori- podría ser un ladrón”.
Lo último que se supo de Alejandro Toledo es que pidió que en la última Navidad se le concediera un permiso especial para asistir a una cena familiar. Acaso su último brindis lejos de los barrotes.
