Estados Unidos se pronunció a favor de la creación de un tribunal especial para juzgar la «agresión» de Rusia contra Ucrania, una idea ya planteada por la Unión Europea.
antilavadodedinero / DW
«Estados Unidos apoya el establecimiento de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania en la forma de un tribunal internacional arraigado en el sistema judicial ucraniano, pero que también incluya elementos internacionales», dijo un portavoz del Departamento de Estado.
«Prevemos que un tribunal de este tipo cuente con un importante apoyo internacional, en particular de nuestros socios europeos, y que lo ideal sería que estuviera situado en algún país de Europa», precisó el funcionario.
El planteo de Washington se produce días después de que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de «deportar» a niños ucranianos en el marco de la ofensiva de Moscú contra Ucrania. Rusia, sin embargo, no reconoce la jurisdicción de la CPI.
Tribunal con fondos y personal internacionales
La CPI solo tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania, no el «crimen de agresión» cometido por Rusia, atribuible a sus más altos líderes.
El lunes, la enviada de Estados Unidos para la Justicia Internacional, Beth Van Schaack, dijo que Estados Unidos quiere que el tribunal tuviera fondos y personal internacionales.
«Creemos que un tribunal internacionalizado arraigado en el sistema judicial ucraniano, pero que también incluya elementos internacionales (…) ofrecerá la mejor oportunidad» de que se haga justicia, dijo en un discurso en la Universidad Católica de Estados Unidos.
Esta es la primera vez que Estados Unidos, que suele ser reacio a la justicia internacional, apoya explícitamente la creación de un tribunal para juzgar crímenes cometidos desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.
La Unión Europea planteó en noviembre la idea de un tribunal así, que fue respaldada en enero por una votación del Parlamento Europeo.
