El momento no es el mejor para evitar suspicacias, pero el estado de hibernación casi permanente en que está sumido el Congreso no dejó mucho margen de elección al kirchnerismo: mientras el Senado vuelve a reunirse luego de casi cinco meses, el gobierno envió allí un pedido para extender la vida laboral de una magistrada clave en la justicia federal argentina.
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Es Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal e integrante de la Sala de ese tribunal que en estos días -los plazos ya están vencidos- debe votar si Cristina Kirchner y sus hijos van a juicio oral o no por lavado de dinero en los casos unificados Hotesur y Los Sauces. En agosto Figueroa cumple 75 años, la edad límite establecida en la Constitución para que los jueces se jubilen.
El caso Figueroa es especialmente delicado y alimenta las copiosas vinculaciones de la jueza con el kirchnerismo, acreditadas al menos por el mayoritario sentido de sus votos a favor de ex funcionarios K imputados por corrupción.
Es que además de la coincidencia temporal con la expectativa de su intervención en el caso Hotesur, Figueroa acaba de conseguir lo que su colega Eduardo Riggi no pudo lograr hace menos de sesenta días: que el gobierno interceda por él ante el Senado para pedir que se le extienda su vida laboral más allá del límite constitucional.
El pedido para que la camarista permanezca en su silla después de agosto está firmado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y entró al Senado en la noche del miércoles, cuando se acababa de confirmar el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para sesionar un día después.
Sin embargo, ese pliego no será tratado en la sesión, pues aún falta que salte la valla de la Comisión de Acuerdos, donde ya fue girado. Si el kirchnerismo logra aprobar allí un dictamen favorable, luego tendrá que alcanzar los votos suficientes para aprobarlo en el recinto, donde ya no tiene el control absoluto.
Además de seguir de cerca los movimientos de las manos en Juntos por el Cambio -donde el nombre de Figueroa despierta poco entusiasmo– serán clave los votos del peronismo disidente, aglutinado en el nuevo bloque Unidad Federal, que referenciado en el gobernador cordobés Juan Schiaretti está integrado por su pareja, Alejandra Vigo, y los senadores Carlos «Camau» Espínola, Edgardo Kueider, Eugenia Catalfamo y Guillermo Snopek.
Recién llegada del Vaticano, donde participó de los periódicos encuentros de jueces cuyos representantes argentinos suelen ser aprobados por el kirchnerismo -en este último compartió el programa con Eugenio Zaffaroni y el juez porteño Roberto Gallardo, por ejemplo-, Figueroa debe estampar su firma en el voto que completará las posiciones en la sala I de la Casación respecto del caso Hotesur, donde sus colegas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ya tienen sus votos listos.
Ellos tres deben decidir si convalidan o rechazan la controvertida decisión del Tribunal Oral Federal 5, que luego de organizar la investigación complementaria y la lista de testigos para el juicio oral, de golpe -o más bien con el estratégico paso por el tribunal del subrogante Adrián Grünberg- en noviembre de 2021 votó que todos los acusados en el caso fueran sobreseídos sin que se haga el juicio.
Ana María Figueroa llegó a la justicia federal porteña en 2011, cuando un decreto de Cristina la designó en la Sala II de la Casación. Dos años después, la presidenta trasladó a la jueza a la Sala I, donde sigue siendo titular.
En aquellos años fue denunciada en el Consejo de la Magistratura por supuestos manejos irregulares en los expedientes, entre los cuales sobresalían las causas vinculadas con el Pacto con Irán que luego terminó denunciando el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto en el baño de su casa. Esas sospechas cargaron sobre la jueza un sanbenito que nunca logró sacudirse: que en ciertos casos sensibles su lapicera era impulsada por el entonces secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini. Figueroa lo desmintió siempre.
Pero aún esa defensa la aparea al kirchnerismo: «soy la primera víctima del lawfare», declaró enojada. En tribunales, esa palabra sólo aparece en los labios de los magistrados muy cercanos a Cristina y sus políticas, muchos de los cuales se agruparon en la entidad Justicia Legítima. En el resto de los juzgados y fiscalías, sólo despierta desprecio.
Consecuente con esa denuncia mediática, la camarista también declaró varias veces haber sido sometida a presiones por parte de operadores del gobierno de Mauricio Macri: «En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del exministro de Justicia Germán Garavano entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán«, declaró al diario Página/12.
Nacida en Capital pero de corazón mesopotámico, Ana María Figuera se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral y desde su estudio en Rosario llevó adelante varias causas relacionadas con los Derechos Humanos, que es también el tema es el tema de sus dos tesis doctorales. Además, trabajó como coordinadora del área jurídica del Archivo Nacional de la Memoria, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
