Joaquín Ramírez pasó de cobrador de micro a militante y secretario general de Fuerza Popular. Ahora está centrado en el segundo caso más grande de lavado de activos del Perú, junto con Keiko Fujimori. Un repaso por la biografía del político y empresario.
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Siete años antes de estar implicado en el segundo caso de lavado de activos más grande del Perú, Joaquín Ramírez (53) ―el empresario de pelo al rape, el político allegado a Keiko Fujimori―, leyó un discurso ante la prensa en el que expuso parte de su biografía. Era la respuesta a un escándalo preliminar.
―Soy un cholo con plata― dijo entonces, mayo de 2016― y, para algunos, un cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto.
Había nacido en Cajamarca en enero de 1970 y, cuando cumplió la mayoría de edad, empezó a trabajar como cobrador de micro durante al menos un año. Estudiaba por las noches en la Universidad Alas Peruanas (UAP), fundada por su tío Fidel Ramírez, donde se graduaría en Administración de Empresas.
Fue también vendedor de autos de segundo uso y, con 24 años, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, fundó su primera empresa de importación de vehículos, en la que invirtió 3500 dólares de capital.
―Soy un cholo chambeador ―remarcó― y lo digo con orgullo. Según Punto Final, desde 1999 Joaquín Ramírez había fundado ocho compañías y figuraba como director, gerente general o apoderado de otras once.
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Nueve firmas inmobiliarias y otras dedicadas a los hidrocarburos, a la informática, a la exportación y hasta al fútbol ―el club UTC―, figuraban en su lista de negocios, por los que dijo ganar 63 mil 800 soles mensuales.
Había olfateado la Política en 2011, cuando obtuvo una curul y devino en el legislador más votado en Cajamarca con la camiseta fujimorista. Dos años después, tomaría visibilidad en los medios por defender a Alberto Fujimori, quien realizó llamadas desde la cárcel. Con esas intervenciones se inmiscuyó en círculo más cercano de su heredera y asumió como representante legal y secretario general del pertido.
Dos inmuebles donde despachó Keiko Fujimori,tres veces candidata presidencial, estaban a su nombre. Y también cursó millonarios aportes para sus últimas campañas: según reportes financieros entregados por Fuerza Popular a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contribuyó con un total de S/. 317.264,70, entre aportes personales y a través de sus empresas.
De igual manera, su hermano Osías Ramírez, también legislador electo por Cajamarca, entregó un total de S/. 34.292 a título personal y otro monto de una de sus compañías. En rigor, de acuerdo con un informe de Ojo Público, lo aportado por ambos hermanos y sus empresas fue un total de S/. 435.939,20.
Investigación de la DEA
―Yo no soy parte de la gentita limeña. (…) Me han cuestionado que haya comprado un departamento en EE.UU. Sepan que el sistema americano investiga profundamente a los clientes cuando se trata de una persona públicamente expuesta por ser político. Tengo las pruebas.
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Joaquín Ramírez fue denunciado en 2014 por la Procuradora de Lavado de Activos, aunque su inmunidad parlamentaria lo libró de esclarecer su fortuna, que superaba los siete millones de dólares. Esa denuncia fue salpicada por una acusación que llegó de Estados Unidos, donde el piloto comercial y excolaborador de la DEA, Jesús Vásquez, había revelado que Ramírez recibió de Fujimori unos 15 millones de dólares íntegramente para lavarlos.
El piloto grabó al exsecretario de Fuerza Popular a solicitud de la agencia estadounidense, cuya vocera, Anne Judith Lambert, confirmó en Cuarto Poder que existía una investigación “sumamente seria” por el ilícito.
Hoy, siete años después, el Ministerio Público ha ejecutado un operativo de incautación de bienes en varios locales de la Universidad Alas Peruanas, a raíz de esa investigación por presunto lavado de activos en su contra.
La tesis fiscal sostiene, en rigor, que la familia Ramírez usó esta institución para hacer negocios con empresas fachada, creadas por los hermanos, para obtener bienes y dinero ilícitos, que posteriormente fue usado para financiar la campaña de Fuerza Popular en el 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.
El Ministerio Público le atribuye a Ramírez cuatro grandes cargos de lavado de activos: la “conversión del dinero maculado mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas”, la transferencia de dinero blanqueado entre empresas de fachadas, la realización de actos de conversión mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros entre julio de 2004 y marzo de 2018, y la compra de 22 bienes inmuebles y 2 bienes muebles entre 2002 y 2017, cuando “no podía contar con los suficientes recursos debido a sus incipientes ingresos lícitos”.
La megadiligencia en su contra se realizó de manera simultánea en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María) y en Ica, donde las autoridades incautaron 295 bienes (entre siete aeronaves, varios edificios y vehículos) valorados en más de 1.000 millones de dólares.
Para la lideresa naranja, actualmente investigada por el caso Cócteles ―sobre presunto lavado por aportes ilegales en las contiendas de 2011 y 2016―, es también el segundo entramado en el que la involucra la Fiscalía.
En este reciente escándalo, la hija y heredera política del exmandatario es señalada como integrante del brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización.A través de un comunicado, la bancada naranja ha remarcado que Joaquín Ramírez “no es afiliado ni dirigente desde hace varios años”.
También precisó “que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal” entre la tienda o sus dirigentes.
“Exhortamos a la presidenta [Dina] Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, se lee en la misiva.
Desde Palacio, la presidenta evadió la exigencia y señaló que el Ejecutivo será “respetuoso” de las instituciones estatales. “En consecuencia, no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver el Poder Judicial o la Fiscalía”, anotó acompañada de su gabinete.
