Criptoempresas, como los intercambios de criptomonedas y las plataformas de pago que tenían licencia bajo la dirección de la SUNACRIP, también han interrumpido sus operaciones debido al contexto.
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Los grandes mineros de bitcoin se han visto obligados a cerrar sus operaciones en Venezuela en un contexto de plena corrupción.
Faltan entre 3.000 y 20.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), la empresa nacional de petróleo y gas. Algunos de los principales dirigentes del movimiento político también conocido como chavismo, como el ex presidente de PDVSA, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, están bajo sospecha mientras se lleva a cabo una investigación anticorrupción.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también conocida como SUNACRIP, está en el centro de este proceso, ya que se utilizó para liquidar las ventas de PDVSA tras las sanciones estadounidenses contra la empresa, y era la principal institución nacional que se ocupaba de todo lo relacionado con las criptomonedas, incluida la minería de bitcoin.
la dirección de la SUNACRIP, también han interrumpido sus operaciones debido al contexto.
Todo empezó cuando el presidente Nicolás Maduro creó la primera criptodivisa nacional venezolana en 2018, el token petro, respaldado por petróleo venezolano y una cesta de materias primas similares.
El gobierno venezolano creó el SUNACRIP poco después de emitir el petro con el objetivo de evadir las sanciones estadounidenses. Pero Estados Unidos también emitió sanciones contra el petro en 2019, por lo que la criptomoneda respaldada por el petróleo sólo funciona dentro de las fronteras de Venezuela.
A pesar de la robusta industria minera de bitcoin esparcida por Venezuela durante los últimos años, y de lo populares que son las criptomonedas en el país, aún hoy sólo los partidarios de Maduro y los empleados públicos utilizan la criptodivisa petro.
Ha tenido poco o ningún éxito, y según su investigación y el discurso de Maduro emitido a través de Alberto Noticias, cuando el petro no ofreció beneficios ni utilidad, los funcionarios de la SUNACRIP se volvieron mafiosos, quedándose para ellos con el dinero público que debía llegar a las arcas de PDVSA, tras convertirse en los traficantes no oficiales de petróleo venezolano para el mundo.
Las cárceles venezolanas están ahora llenas de hombres como Joselit Ramírez, presidente de SUNACRIP desde 2018, y Rajiv Mosqueda, jefe de operaciones de minería digital de SUNACRIP, junto con otros funcionarios relevantes de PDVSA y del organismo de vigilancia de criptomonedas. Estas detenciones forman parte de lo que los partidarios de Maduro, también conocidos como chavistas, están llamando la «trama cripto PDVSA», la investigación contra la corrupción.
A estos presuntos delincuentes se les acusa de formar parte del escuadrón mafioso de corrupción del ex vicepresidente Tareck El Aissami. (El Aissami dejó su cargo en PDVSA después de que los investigadores detuvieran a Ramírez y a sus socios).
SUNACRIP utilizaba supuestamente criptomonedas como USDt, para completar ventas de petróleo en todo el mundo. Hasta ahora, ninguno de los funcionarios acusados ha hecho declaraciones públicas relacionadas con las acusaciones.
