Mientras la Cámara Federal de Casación Penal está en la instancia final para decidir si Cristina Kirchner y sus hijos afrontarán o no el juicio oral en los casos Hotesur y Los Sauces, los dueños de la firma hotelera decidieron que la misma quede radicada en Santa Cruz. El cambio de domicilio, a partir de ahora en Río Gallegos, avalado por la Inspección General de Justicia (IGJ, fue denunciado ante la justicia federal.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) firmó hace dos meses una serie de resoluciones dirigidas al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, informando que durante doce meses más, el organismo recaudador continuará teniendo a cargo la veeduría de las empresas de la familia Kirchner: la inmobiliaria Los Sauces, el Condominio que administra los bienes que resultaron de la sucesión del ex presidente Kirchner, el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica y la firma Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate y otros. La finalidad de la medida es “vigilar la conservación del patrimonio” de este conjunto de empresas.
Castagneto es un ex funcionario de Alicia Kirchner en el ministerio de Desarrollo Social, y hombre de máxima confianza de la vicepresidenta.
La veeduría también debe “comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad o adelantos o retiros de la caja chica, y hacer saber a esta judicatura toda irregularidad que adviertan en la administración”.
La noticia, consignada por el periodista Luis Gasulla en La Trama -LN+-, es que el presidente de Hotesur designado por Máximo Kirchner, Sebastián José Sánchez, reformó el estatuto de la compañía investigada por lavado de dinero.
En esos cambios impulsados, publicados en el Boletín Oficial de Santa Cruz, se informó fijar como domicilio social de Hotesur SA., la calle Mascarello 441, en Río Gallegos. Se trata del chalet de Cristina Kirchner ubicado en la costanera de la capital santacruceña.
Hasta ahora la compañía hotelera siempre tuvo sus domicilios fiscales en Capital Federal. Fue eso lo que permitió que se investigue a Hotesur por lavado de dinero en Comodoro Py. «Ahora se cambió la jurisdicción y como consecuencia a los jueces que pueden juzgar a la empresa«, sostuvo la abogada Silvina Martínez.
El decreto con el cambio de domicilio señaló que las reuniones presenciales se “realizarán en la sede social o en el lugar que se indique dentro del ámbito de la Ciudad de Río Gallegos, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre sí”. También se incorporaron las reuniones a distancia «utilizando plataformas que se lo permitan”.
La resolución lleva la firma de Sebastián José Sánchez, quien asumió como presidente de la empresa cuando, tras cinco años de intervención judicial, la familia Kirchner recuperó el manejo y administración de los hoteles y de la inmobiliaria.
Quien ahora es la principal autoridad de Hotesur, se desempeñó entre 2005 y 2011 en la Secretaría General de Presidencia que dirigía Oscar Parrilli. Después figuró como empleado de Aerolíneas Argentinas.
Hotesur estuvo intervenida bajo las sospechas de que su único objetivo cuando la compraron los Kirchner era ser utilizada para operaciones de blanqueo de fondos ilegales. La acusación se encuentra bajo revisión, y en paralelo la situación financiera de Hotesur suma problemas: la intervención judicial ya había señalado que su giro comercial era inviable y que el mejor camino era su liquidación.
Para que Hotesur finalmente radicase su domicilio en el sur se necesitó el aval de la Inspección General de Justicia (IGJ), que no objetó la decisión. El organismo se encuentra bajo la conducción de Ricardo Nissen, ex apoderado de Idea, la firma que desde 2013 quedó a cargo de la administración y explotación del hotel Alto Calafate.
Nissen resolvió en cinco días el pedido que llegó a la IGJ el 19 de mayo.
«Ante la posibilidad que llegue al poder un gobierno no peronista, los abogados de Cristina Kirchner apuraron la mudanza de Hotesur a una provincia que es controlada políticamente por la vicepresidenta. A su vez, la IGJ a cargo del ex abogado de Cristina en Hotesur no dio lugar al Tribunal Oral Federal 5 a que opinase sobre la cuestión», advierte Martínez.
Denuncias por el cambio de domicilio
Ante esta situación, y frente a una inminente resolución de la Cámara Federal de Casación respecto a si Cristina Kirchner y sus hijos deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el delito de lavado de dinero, la decisión de Nissen fue señalada por la ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico.
“En trámite express, la IGJ de un aliado K indiscutido habilitó el traslado de la sociedad al sur. Algún cabo suelto que no ha sido advertido quizás quedó. Es claro que ya no gozan de los beneficios de las estructuras estatales enteras que encubrían los negociados kirchneristas y sus socios en el pasado”, dijo en diálogo con Clarín.
Bajo el gobierno de Mauricio Macri, la UIF intervino en los casos de lavado de dinero como querellante. Por eso, Talerico indicó que “a esta altura Hotesur o el nombre de los Kirchner son para el sistema económico y financiero, local e internacional, como una mancha venenosa que sólo puede estar destinada a generar alertas que intensifiquen la debida diligencia y a extremar los recaudos para no quedar envueltos en investigaciones por corrupción”.
La abogada Silvina Martínez, denunciante en el caso Hotesur junto a Margarita Stolbizer, realizó una presentación judicial pidiendo que se investigue el cambio de domicilio y que se pida la opinión del TOF 5.
Como contó Clarín, el Banco Central calificó a Hotesur como un deudor “irrecuperable”, que es la última calificación de la entidad. El BCRA aplica estas categorías de manera automática tras la información que recibe de las entidades financieras.
