*Tras dejar la gubernación de Baja California, después de dos años funestos, Jaime Bonilla heredó un escenario de sangre, muerte y corrupción a su sucesora, María del Pilar Ávila, quien intenta pacificar ese territorio fronterizo, sin éxito.
Jaime Bonilla Valdés, exgobernador de Baja California durante dos años, dejó la entidad plagada de corrupción –moches, contratos amañados, tráfico de influencias, entre otros problemas y vicios –además de una estela de violencia producto de la disputa de los cárteles de la droga, cuyos líderes están enfrentados por el control de una de las fajas fronterizas más activas de todo el país. A esto se suma una oleada de muertes, consecuencia de la lucha a muerte que enfrentan los cárteles de la droga.
Con Bonilla Valdés al frente del gobierno estatal, los grupos criminales se multiplicaron: las redes del cártel de Sinaloa se afincaron en ese territorio; lo mismo hizo el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más beligerantes de América Latina; por si fuera poco, la organización de la familia Salazar, aliados de Ismael “El Mayo” Zambada, también hizo lo propio y conquistó las ciudades de Mexicali y Tijuana, donde se concentra la mayor parte de la actividad criminal.
Adicionalmente, el cártel de Tijuana, que se mantiene de pie, se mantiene activo en todo el estado bajo el liderazgo de Enedina Arellano Félix, identificada por la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, como una pieza clave del crimen organizado en esa zona fronteriza: se le atribuye la conducción del cártel que fundaron sus hermanos Benjamín y Ramón, aunque ella se ha centrado, según los informes norteamericanos, en el lavado de activos mediante una amplia red de negocios.
Bonilla Valdés le heredó un estado plagado de violencia a su correligionaria Marina del Pilar Ávila, quien a recientemente tomó posesión como gobernadora del estado. Los elevados índices de violencia así lo acreditan, flagelo que Bonilla no pudo resolver.
El narco, impune
Debido a su intensa actividad criminal y a la disputa territorial que enfrentan al menos tres cárteles de la droga –Tijuana, Cártel de Jalisco y Sinaloa –el estado de Baja California sigue sumido en una cruenta violencia, a pesar de que el gobernador Jaime Bonilla prometió terminar con la ola criminal que azota al estado.
Impulsado por MORENA en 2018, Bonilla se dedicó más a promover la llamada Ley Bonilla con el fin de ampliar su mandato a cinco años y se olvidó de atender la pacificación del estado. Actualmente, la entidad sigue sumida en una oleada de violencia, mientras el gobernador vive enfrentado con los alcaldes o bien ponderando sus logros, pues es claro que él pretende imponer al nuevo candidato a la gubernatura.
Y mientras la guerra por el poder ya está desatada en Baja California, la violencia del crimen organizado sigue al alza, pues todos los días hay asesinatos, levantones, secuestros y la venta de droga, así como el tráfico hacia Estados Unidos, siguen incontenibles.
El principal epicentro de la violencia es la ciudad de Tijuana, la más grande e importante de esa entidad fronteriza.
Los datos oficiales no mienten: la ciudad de Tijuana –cuna en los años ochenta del cártel del mismo nombre que dirigían los hermanos Arellano Félix, uno de los más violentos de la historia –encabezó en 2019 la lista de municipios más violentos. El año pasado, por ejemplo, cerró con 2 mil 185 ejecuciones y por ello se convirtió en una ciudad más violenta del país, seguida por Guanajuato, donde la guerra por el tráfico de combustible robado –“El Huachicol” –desató matanzas y enfrentamientos entre los cárteles Santa Rosa de Lima y de Jalisco Nueva Generación.
Pero la falla en las políticas y estrategias contra el crimen, la desatención oficial y la corrupción policiaca volvieron a colocar a Tijuana, en este 2020, en la demarcación con más asesinatos, pues de acuerdo con reportes oficiales éste repunte obedece a la lucha territorial que enfrentan células que se dedican a la venta de droga a granel, es decir, existe una guerra por el control del mercado.
Carlos Flores, quien fue comisionado de Seguridad e Investigación Estatal de Baja California reconoció antes de concluir el gobierno de Jaime Bonilla que el elevado índice de muertes en Tijuana representa el 75 por ciento de toda la violencia del estado, aunque existen otras ciudades que también enfrentan una fuerte crisis de inseguridad. Es el caso de Ensenada (250 crímenes en 2019). Las cifras indican, por otra parte, que hasta el 27 de diciembre de ese año en Baja California se habían contabilizado 2 mil 841 asesinatos, producto, en su mayoría, de las batallas entre cárteles del narcotráfico.
La disputa de los cárteles
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, datos de la Guardia Nacional y un reporte basado en información difundida por la prensa de Baja California, las causas de que esa entidad enfrentan tan elevados índices de criminalidad tienen que ver con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ahora domina el más amplio corredor de trasiego de droga y robo de combustibles, el cual abarca los estados de Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Baja California.
La irrupción del grupo criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” se dio a raíz de que el cártel de Tijuana-Arellano, ahora autodenominado Cártel de Tijuana Nueva Generación, entró en crisis. Sin embargo, después de varios enfrentamientos ambos grupos negociaron una tregua y ahora son aliados en la guerra que enfrentan con el cártel de Sinaloa que también pretende sentar sus reales en Baja California y, sobre todo, en la ciudad de Tijuana.
Y es que la guerra entre cárteles en esta región fronteriza tiene lógica. El grupo criminal que domina la frontera impone condiciones en el negocio, pues obliga al resto de los cárteles a la negociación a fin de cruzar sus mercancías ilegales hacia Estados Unidos.
Un informe policiaco a cargo del Proyecto de Justicia en México, a cargo de la universidad de San Diego, California, señaló que el cártel de Jalisco es una rama de Sinaloa que ha logrado renombrarse, consolidar sus redes y emerger como uno de los cárteles más poderosos de México. Esta expansión disparó la violencia.
En el mes de mayo de este año, el estado de Baja California, de nueva cuenta, se colocó como la entidad menos pacífica del país, según reportó la edición del Índice de Paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Los datos de dicho informe explican que más de 6 mil personas fueron víctimas de extorsiones en 2019, en tanto que delitos como el narcomenudeo y delincuencia organizada en general aumentaron. Sólo el secuestro y la trata de personas registraron tasas ligeramente bajas, aunque aún está lejos su abatimiento. También aumentaron los delitos sexuales y la violencia familiar.
El informe coincide con las apreciaciones oficiales al señalar que el recrudecimiento de la violencia criminal en Baja California, pero sobre todo en Tijuana, se atribuye a la alianza que sellaron los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Tijuana-Arellano, pues esto generó que el cártel de Sinaloa –su acérrimo rival –arremetiera con mayor virulencia con el objeto de apoderarse del territorio, uno de los más codiciados por los grupos dedicados al trasiego de drogas.
Después de Baja California y Guanajuato, principales en la lista de entidades más violentas, le siguen Chihuahua, Colima y Quintana Roo. Atrás quedó Yucatán que, por ejemplo, fue una de las ciudades con mayor dinámica de violencia durante hasta el 2016 y ahora, por tercer año consecutivo, está entre los menos agitados por ese flagelo. Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit, por el contrario, se deterioraron.
Otros elementos que explican el incremento de la violencia en Baja California es la separación de un grupo de presuntos sicarios, “Los Cabos”, que durante mucho tiempo operaron como brazo armado del cártel que dirige “El Mencho”.
Los sicarios enfrentan discrepancias al interior del CJNG y decidieron separarse. Al hacerlo, perdieron la protección que los blindaba frente a los ataques del cártel de Sinaloa, que aprovechó la vulnerabilidad de este grupo para arremeter contra ellos.
Además, el enfrentamiento entre “Los Cabos” y el CJNG generó una elevada ola de violencia en esa entidad-. Tan sólo en la ciudad de Tecate dejó un saldo de dieciséis ejecutados y entre mayo y agosto de este año la estadística oficial revela que hubo un total de 670 crímenes, muchos de ellos relacionados con esta disputa entre cárteles.
La ruptura entre “Los Cabos” y el CJNG, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, es una muestra de los problemas internos que enfrenta el grupo criminal dirigido por Nemesio Oseguera.
La pugna interna comenzó, dice el informe, cuando “Los Cabos” decidieron salirse de la organización debido a las diferencias con la nueva directiva del cártel. A ello se sumó la confrontación que el CJNG tiene con Sinaloa, éste uno de los cárteles más poderosos, que lucha por no ser desplazado en el dominio territorial que ejerce en todo el país.
Esta no es la primera vez que el CJNG sufre una fragmentación. En 2018 enfrentó problemas con el Cártel Nueva Plaza de Guadalajara, su brazo armado. Ahora, el Cártel de Jalisco debe luchar con dos frentes: “Los Cabos” y Sinaloa, pues el grupo encabezado por los hijos de “El Chapo” y “El Mayo” Zambada pretenden acomodarse en ciudades importantes como Tijuana, Tecate y Rosarito.
El cártel de Tijuana-Arellano, por su parte, sólo tiene presencia en Tijuana, lo que explica la disminución de su fuerza. El grupo criminal sigue controlado por la familia Arellano Félix, fundadores del cártel de Tijuana que en los años ochenta y noventa encabezaron los hermanos Ramón y Benjamín Arellano –los más violentos en esa época –y que terminaron siendo desplazados por grupos rivales.
Benjamín Arellano fue detenido en la ciudad de Puebla en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox; estuvo encarcelado en el penal de La Palma, Estado de México. Luego fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas.
Ramón Arellano, su hermano, otro de los más violentos, fue ejecutado en 2002 en Mazatlán, Sinaloa, cuando se disponía a asesinar a Ismael “El Mayo” Zambada precisamente cuando pretendía irrumpir en Baja California.
Se cuenta que en aquella ocasión Ramón Arellano tomó su arma, su vehículo –un Volkswagen sedán – y emprendió un viaje de Tijuana a Mazatlán. Cuando llegó al puerto tuvo un enfrentamiento con un agente de tránsito debido a una infracción que cometió. No quiso pagarle y cuando intentó matar al policía éste le disparó en la cabeza. En ese momento no supo que había asesinado a uno de los líderes del cártel de Tijuana más virulentos de la historia del narcotráfico.
La misma suerte corrió Francisco Arellano Félix. Este compurgó una pena en el penal de La Palma y fue extraditado a Estados Unidos. En ese país le impusieron una pena de cuatro años y fue deportado a México sin delito alguno en su contra.
Un día festejaba el cumpleaños de un menor, al parecer su sobrino, en una casa de Ensenada. Francisco estaba sentado en la mesa de honor, junto con otros invitados.
Al atardecer arribaron al lugar unos payasos que fueron contratados para ofrecer un espectáculo infantil. Cuando comenzó también se empezaron a desatar las risas de los comensales. Los payasos divertían con sus chistes y su espectáculo. De pronto, uno de los payasos se acercó a la mesa de honor y se paró frente a Francisco Arellano, sacó una pistola y asesinó al capo que ya no pudo disfrutar su libertad.
Este crimen, sin embargo, no exterminó por completo al cártel de Tijuana. De acuerdo con datos oficiales, Enedina Arellano Félix, diestra en el manejo financiero, conduce al llamado Cártel de Tijuana Nueva Generación, la organización que ahora opera en alianza con el Cártel de Jalisco y se aprestan a controlar no sólo el estado de Baja California sino buena parte del territorio en la que por dos décadas fueron amos y señores.
La nueva gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, tendrá que enfrentar el escenario más difícil en ese estado, pues al menos seis cárteles están en abierta disputa por el control de la entidad.
Lo que queda claro con esta situación es que Jaime Bonilla sólo administró el problema del narco y la violencia, los altos funcionarios se beneficiaron recibiendo pagos por parte de los grupos criminales para operar el trasiego de droga a gran escala en todo el estado.
