Uldis Mena, abogado penalista habla sobre los cuatro años de la implementación de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio en México, el fracaso ha sido evidente. En su momento, la capacidad que esta reforma concedió al Estado para afectar o suprimir los derechos de propiedad alertaron a la sociedad en general; no obstante, ¿cuáles han sido los resultados?
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República (FGR), en sus primeros tres años de vigencia el monto de los bienes incautados por actividades ilícitas fue de alrededor de mil 498 millones de pesos. No obstante, y ahí está el problema central, los ingresos por sentencias ejecutadas solo fueron por casi 13.5 millones de pesos. Es decir, de menos de 1 por ciento.
Las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución, efectuadas en julio de 2019, justamente buscaban combatir con mayor eficacia a la delincuencia organizada, despojando a los grupos criminales de los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas y, con ello, afectar sus estructuras financieras. Golpear “donde más les duele”, era uno de los argumentos centrales. Pero el golpe ha sido más bien una caricia.
Y las cifras lo demuestran. En 2019, cuando se consumó esta reforma, la Unidad de Lavado de Dinero de la FGR únicamente obtuvo 10 condenas por lavado de dinero, cuatro más que en el 2018, cuando hubo seis condenas, según diversos informes.
La falta de castigo en casos de lavado de dinero es una limitante que debe ser considerada en esta ecuación. Las cifras resultan ínfimas en comparación con los flujos ilícitos que se generan en el país y que podrían ser susceptibles de extinción de dominio.
Además, esta reforma también buscaba la restitución a la sociedad de aquellos recursos incautados a los criminales que, posteriormente, se destinarán a la seguridad pública, a la prevención del delito y a la reparación del daño a las víctimas.
Al paso del tiempo, resulta importante analizar los alcances de esta reforma en México y su impacto en el Estado de derecho, y los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Realmente esta figura legal ha alcanzado los objetivos que perseguía? ¿Se ha marcado un precedente en la incautación de recursos y la inhibición de la comisión de delitos asociados al crimen organizado?
En su informe sobre Fiscalización de Narcóticos, el Departamento de Estado de EU califica de “poco efectiva” esta reforma y señala las dificultades que ha encontrado la FGR para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
Pero, ¿cuáles han sido los obstáculos o retos que ha encontrado la extinción de dominio en México? Quizá uno de ellos radica en la falta de un marco legal sólido y claro. Aún existen lagunas y ambigüedades que dificultan su aplicación uniforme en todo el país.
Además, la complejidad del proceso legal y la necesidad de coordinación entre diversas instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiacos, generan obstáculos y retrasos en los procedimientos.
Otro factor en contra es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide a la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento de cuentas bancarias, que solo procederá cuando se tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional, situación que claramente ha coartado la operatividad de la UIF.
La expectativa trazada que esta reforma persigue se ha visto ensombrecida por los resultados obtenidos y, por desgracia, todo se ha quedado en una ley de “buena voluntad”. Si bien la FGR ha logrado golpes certeros contra activos que han debilitado a diversas organizaciones criminales, lo cierto es que se necesita de la cooperación de todos los organismos e instituciones que tienen un papel importante que desempeñar.
Mientras todo esto sucede, el crimen organizado continúa diversificando sus métodos con el fin de blanquear capitales. Por ejemplo, la inversión en activos financieros en el sector inmobiliario es una tendencia que escala año con año y preocupa a los gobiernos de México y de EU. Estas inversiones son uno de los principales vehículos para lavar recursos a través de la adquisición de propiedades y negocios.
