Los casos de corrupción de alto impacto quedarán en la impunidad por la falta de interés del Congreso Nacional en derogar los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, advirtieron diversos sectores de la sociedad civil.
El proceso de eliminación de los denominados decretos de la impunidad está estancado en el Poder Legislativo desde hace dos años, exponiendo al país a penalizaciones por el incumplimiento de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tratado del cual Honduras es signatario.
“Todos esos casos van a prescribir y en otros ya no hay ninguna posibilidad de poder proceder contra ellos. El caso principal es el de ‘Red de diputados’ que se le llamó en su entonces y que son más de 200 Organizaciones No Gubernamentales a través de las cuales se drenó dinero”, denunció el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
De su lado la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza advirtió previo al período de receso: “Estamos a punto de entrar a la lista gris porque no cumplimos con las normas GAFI, porque hubo un acuerdo de impunidad en el CN para permitir que salieran todos los lavadores de activos”.
Agregó que “el Ministerio Público será impedido de realizar una correcta investigación de los crímenes y los lavadores de activos seguirán en su fiesta de impunidad”.
Los polémicos decretos que de acuerdo con los expertos continúan generando impunidad son: la Ley del Fondo Departamental, las reformas al Código Procesal Penal, que impiden al Ministerio Público el secuestro de documentos y las reformas al Código Penal, que reduce penas por el delito de lavado de activos y que obliga al ente fiscal a acusar por esta figura solamente existe un delito precedente.
