La red de sobornos de Odebrecht, el expolio de 2,000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los secretos financieros de dirigentes del PRI mexicano lograron ocultarse en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera ubicada en Andorra que estaba protegida por el secreto bancario hasta 2017.
La dirección de la BPA implementó estrategias para ocultar el dinero ilícito de sus clientes y garantizar la seguridad fiscal y penal de la entidad, según revelan los correos internos de exempleados incluidos en un informe de la auditora PwC.
Información de El País señala que estos correos proporcionan información sobre cómo el banco pudo recibir fondos sospechosos de políticos del PRI, como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra, la senadora Sylvana Beltrones (hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones) y Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
Los empleados mencionan términos como «delito», «ilegal», «tapadera» y «situación irregular» para describir las operaciones y advierten sobre las posibles consecuencias penales.
Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones y afirma que la entidad operaba dentro de la legalidad, calificándola de «modélica».
En noviembre, una juez federal determinará si continúan o se suspenden los procesos penales de Odebrecht y Agronitrogenados contra Emilio Lozoya Austin, ex director de (Pemex).
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la juez Verónica Gutiérrez Fuentes citó a audiencia el próximo 4 y 7 de noviembre
