La Comisión Europea (CE) presentó propuestas para llevar los pagos, y el sector financiero en general, a la era digital.
La CE informó que, durante los últimos años, los pagos electrónicos en la Unión Europea han crecido sostenidamente, ya que pasaron de tener un valor de 184 billones de euros en 2018 a 240 billones en 2021.
De acuerdo con la Comisión, las nuevas reglas mejorarán aún más la protección del consumidor y la competencia en los pagos electrónicos, y permitirán a los usuarios compartir sus datos de manera segura para que puedan obtener una gama más amplia de mejores y más baratos productos y servicios financieros.
El paquete legislativo, que incluye dos conjuntos de medidas, busca garantizar que el sector financiero de la UE sea apto para su propósito y capaz de adaptarse a la transformación digital, y los riesgos y oportunidades que presenta, en particular para los consumidores. Los conjuntos de medidas propuestos por la Comisión son los siguientes:
Revisión de la Directiva de Servicios de Pago
Modificará y modernizará la actual Directiva de Servicios de Pago (PSD2) que pasará a ser PSD3 y establecerá un Reglamento de Servicios de Pago (PSR). Consta de un paquete de medidas que buscan combatir y mitigar el fraude de pagos, mejorar los derechos de los consumidores, nivelar el campo de juego entre bancos y entidades no bancarias, optimizar el funcionamiento de la banca abierta, aumentar la disponibilidad de efectivo en tiendas y cajeros automáticos y fortalecer la armonización y el cumplimiento mediante la promulgación de la mayoría de las reglas de pago.
“Para muchos, el dinero en efectivo es una parte importante de su vida diaria. La mayoría quiere conservar la opción de pagar con billetes y monedas. El efectivo seguirá estando ampliamente disponible. Queremos asegurarnos de que las personas y las empresas sigan teniendo acceso a una forma pública de dinero que sea aceptada en toda la zona del euro”, declaró el vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis.
Marco para el acceso a Datos Financieros
Establece derechos y obligaciones claros para gestionar el intercambio de datos de clientes en el sector financiero más allá de las cuentas de pago.
Entre las medidas que plantea, se encuentran: la posibilidad, pero no obligación, de que los clientes compartan sus datos con los usuarios de datos; la obligación de los titulares de los datos de ponerlos a disposición de los usuarios de datos, el control total de los clientes sobre quién accede a sus datos y con qué propósito; la estandarización de los datos y las interfaces técnicas como parte de los esquemas de intercambio de datos financieros y, finalmente, regímenes de responsabilidad claros para violaciones de datos y mecanismos de resolución de disputas.
