Lista Engel: EE.UU. señala a 39 actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica

Los expresidentes, exfuncionarios, jueces, alcaldes y empresarios identificados en el listado generalmente no son elegibles para visas y admisión a Estados Unidos.

bloombergline

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó este miércoles el informe de actores corruptos y antidemocráticos 2023, sobre “personas extranjeras que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.

Conocida como Lista Engel, esta iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York Eliot Engel, impulsada en 2019 y aprobada por el pleno del Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2020, se publica en julio de cada año desde 2021.

En este año, el Departamento de Estado incluyó 39 nombres, entre exfuncionarios, empresarios, jueces y alcaldes de los cuatro países; 6 de ellos son de El Salvador, 10 de Guatemala, 10 de Honduras y 13 de Nicaragua.

Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Cualquier visa actual será revocada inmediatamente, y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada.

Personas incluidas en la Lista Engel 2023:

Las descripciones de cada persona han sido detalladas por el Departamento de Estado en su informe.

El Salvador:

  • José Miguel “Mecafe” Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, se involucró en una corrupción significativa al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas de US$ 8,4 millones para la construcción de un puente en Chalatenango, a un empresario guatemalteco. A cambio, recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo.
  • Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, se involucró en una corrupción significativa al lavar US$97 millones a cambio de US$72.000 en sobornos.
  • Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, se involucró en una corrupción significativa al lavar US$94,5 millones a cambio de US$64.500 en sobornos.
  • Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en una corrupción significativa al lavar US$177 millones a cambio de US$78.000 en sobornos.
  • Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al orquestar y participar en varios esquemas que involucraban soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas estatales.
  • Salvador Sánchez Cerén, expresidente y vicepresidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de US$1,3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un plan para desviar US$183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión a cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.

Guatemala

  • Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y motivados políticamente contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  • Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al proporcionar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilícitas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
  • Fredy Raúl Orellana Letona, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  • Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del Interior, participó en una corrupción significativa.
  • Joviel Acevedo Ayala, actual jefe del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG), participó en una corrupción significativa al proporcionar el apoyo político de STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
  • Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  • Lesther Castellanos Rodas, exjuez y actual Relator Guatemalteco contra la Tortura, socavó los procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
  • Melvin Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, se involucró en una corrupción significativa al usar su posición y conexiones para dirigir indebida e ilegalmente contratos de contratación pública a compañías específicas, en varios casos a una compañía de propiedad privada.
  • Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
  • Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos, socavó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 luego de un proceso de selección fraudulento.

Honduras

  • Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de Invest-H, participó en una corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno hondureño de aproximadamente US$1,6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
  • Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, se involucró en una corrupción significativa al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
  • Edna Yolany Batres Cruz, exsecretaria de Salud, se involucró en una corrupción significativa cuando defraudó al gobierno hondureño por más de US$300.000 al coludir con funcionarios de la Secretaria de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales indebidamente.
  • Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), participó en una corrupción significativa al otorgar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
  • Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, se involucró en una corrupción significativa al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos intimidando a periodistas.
  • Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la ahora extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una corrupción significativa, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar US$2,76 millones en contratos del gobierno a una empresa constructora controlada por Los Cachiros.
  • Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exsecretario de infraestructura y servicios públicos, exsecretario de energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, participó en una corrupción significativa al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
  • Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023 para su beneficio personal y político.
  • Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y exmiembro del Parlamento Centroamericano, participó en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en la banca, bienes raíces y otros sectores y mediante el uso de su influencia con funcionarios del gobierno para su beneficio personal.
  • Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la CSJ en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con funcionarios del gobierno para escapar de la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable familiar.

Nicaragua

  • Wendy Carolina Morales Urbina, actual fiscal general de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal.
  • Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • Gladis de los Ángeles Báez, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • Loria Raquel Dixon Brautigam, actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • Alejandro Mejía Ferreti, actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos e instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • Rosa Argentina Solís Dávila,jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña coordinada del gobierno para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña coordinada del gobierno para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
  • Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno nicaragüense, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal.
  • Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal.
  • Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Oficinas del Registro de la Propiedad (DNR), socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
  • Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
  • Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de adversarios políticos sin una base legal.
  • Sagrario de Fatima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de adversarios políticos sin una base legal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Actualidad

Inscribete en nuestros cursos Online