La Justicia boliviana amplió por séptima ocasión la detención preventiva contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por el caso conocido como «golpe de Estado I» en la que se le acusa de terrorismo por la crisis política y social de 2019 en Bolivia.
«Es una situación completamente fuera del plazo correspondiente que se tiene por ley y se ha llevado una audiencia de cesación de detención preventiva donde el Ministerio Público ha solicitado una ampliación por el plazo de tres meses», dijo a EFE el abogado de la exmandataria interina, Luis Guillén.
El jurista sostuvo que la detención preventiva es una medida «excepcional», pero en el caso de Áñez se ha vuelto «una regla».
Señaló que los argumentos del Ministerio Público para pedir la ampliación de la detención es que esa instancia no ha podido realizar actos que consideran «indispensables» para la investigación.
«Corresponde preguntarse qué actos investigativos hace que una institución como el Ministerio Público, una comisión de fiscales, compuesta por tres fiscales y un equipo de investigadores no puedan realizar hasta la fecha», cuestionó el jurista.
Enfatizó en que pretenden mantener a Áñez en la cárcel, por lo que «no hay actos investigativos reales» ni serios que logren demostrar todas las acusaciones por este caso.
Por su parte, Áñez a través de sus redes sociales, que son manejadas por su familia, sostuvo que el juez «sin competencia Helmer Laura atiende fuera de término» el pedido de ampliar de forma «ilegal» su detención preventiva «por orden del Movimiento al Socialismo (MAS)», el partido gobernante.
«Yo no sé definitivamente si los administradores de justicia, llámese el fiscal Sosa o los jueces si sentirán orgullo de pertenecer a una administración de justicia tan nefasta, yo diría la más nefasta de toda la historia del país», manifestó Áñez en la audiencia que se realizó de forma telemática y que una parte fue difundida en un video en sus redes sociales.
Recalcó que se trata de una «persecución política y de una venganza política», pero les recordó que esa situación «no va a durar para siempre».
Áñez tiene siete procesos abiertos en la justicia ordinaria, comentó Guillén.
El caso «golpe de Estado I», por el que se le acusa de supuesto terrorismo, fue el proceso por el que inicialmente se le arrestó en marzo de 2021 y después se activaron otros procesos relacionados con la crisis de 2019 y con algunas acciones que realizó durante su gestión.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
El Gobierno argumenta que Áñez debe ser juzgada en los procesos ordinarios debido a que la Constitución y la Ley de Juicio de Responsabilidades vigentes no incluyen la segunda instancia, algo que se contrapone al Pacto de San José que reconoce el derecho de «recurrir el fallo ante juez o tribunal superior».
