El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas de pandillas y para la realización de procesos penales por estructura delictiva, lo que anularía los procedimientos individuales.
La primera reforma, aprobada con los votos de 67 parlamentarios de 84 en la Asamblea Legislativa, establece procedimientos penales por grupo o célula de pandilla, lo que supone que los detenidos en el contexto del régimen de excepción, implementado para combatir a las maras (pandillas), podrían ser agrupados en alguna de las estructuras para ser sometidos a un solo proceso penal.
Según el dictamen leído, durante la sesión plenaria del miércoles, lo anterior «facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad».
El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa «un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo».
«Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso», apuntó.
La parlamentaria Claudia Ortiz, por su parte, señaló que la reforma «únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar».
La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción asciende a más 71,770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.
De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5,490.
Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13,581 «hechos violatorios», de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32 %, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.
AUMENTO DE PENAS
Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento también aprobaron, con 67 votos y a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, una reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas.
La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión.
En marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para «los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas».
Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de maras eran de 6 a 9 años.
