Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFI, se traducirán en confianza a nivel internacional, según Luis Eduardo Llinás, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En 2025 Colombia participará en la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En el evento se examinarán los sistemas nacionales contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo.
En este escenario se pondrá a prueba cómo el país actuó frente las observaciones que le hizo en 2018. En ese momento, esta organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte dijo en un informe de 198 páginas que una de las principales falencias del país está en que “la mayoría de los casos de lavado de activos que se investigan y procesan están relacionados con el tráfico ilícito de drogas y muy pocos implican la persecución del lavado de activos originado en otros delitos precedentes”.
En 2025, nuevamente, las naciones participarán en la revisión de las “40 Recomendaciones” que son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. “Incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales (convenciones de la ONU y de organismos supervisores)”, dice un documento de la organización.
“Es importante tener una imagen lo más completa posible de la situación actual de un país en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas. Para ver si hay cumplimiento normativo, si las leyes están de acuerdo con las recomendaciones del GAFI y si se traducen en resultados”, dijo Juan Manuel Portilla, experto técnico del GAFILAT (miembro asociado del GAFI, Grupo de Acción Financiera).
¿Qué tan importante es que el país cumpla las sugerencias?
“Esta recalificación generará más confianza a nivel internacional”, afirma el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica. El funcionario destacó que la entidad, junto con otras, logró la recalificación de Colombia en el cumplimiento de las recomendaciones 10 y 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)en diciembre pasado.
“Con relación a la recomendación 10, en el pleno del GAFILAT se reconoció, entre otras cosas, el gran avance que dio el país con la expedición de la Ley 2195 de 2022, en la que se establece el principio de debida diligencia y todas las medidas que sobre esta materia deben adoptar los sujetos que estén obligados a implementar sistemas de prevención, gestión o administración de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) de la DIAN, para identificar a los beneficiarios finales”, señala un documento de diciembre.
Sobre la recomendación 12, los países resaltaron los avances de Colombia en materia de personas expuestas políticamente (PEP) y mencionaron una normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia que modifica las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
“Con el aumento de la calificación de estas dos recomendaciones, Colombia demuestra la fortaleza en el régimen antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y evidencia la sobresaliente mejora en el sistema financiero del país”, concluyó el director general de la UIAF.
En el análisis hay cuatro calificaciones posibles: cumplida (C), mayoritariamente cumplida (MC), parcialmente cumplida (PC) y no cumplida (NC). Así está Colombia:
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Foto: Tomado del informe GAFILAT 2022
De las 40 líneas de acción, hay nueve pendientes (ocho parcialmente cumplidas y una no cumplida).
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró que Colombia ha avanzado en este camino, de hecho, es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según el Índice AML de Basilea.
Malagón explicó que este índice evalúa la vulnerabilidad de 128 jurisdicciones en estas áreas, la escala va del 1 (menor exposición a los riesgos) al 10 (exposición máxima). “Colombia obtuvo una puntuación de 4,75, mientras que el promedio de los 22 países de la región fue de 5,34”.
Según información de la Fiscalía, el año pasado en la lucha contra el lavado de activos fueron imputadas 237 personas que estarían comprometidas en el blanqueo de capitales por más de $12,5 billones. En las investigativas se incautaron cerca de $30.000 millones representados en dinero, oro, bienes muebles y vehículos.
