Los controles para evitar el financiamiento de las campañas electorales por el crimen organizado siguen siendo muy insuficientes.
El narcotráfico avanza sin límites claros en la Argentina, donde las investigaciones para desmantelar los engranajes de estas economías criminales tienen escasa profundidad, como muestran las pocas causas que llegan a la instancia de condenas por lavado de dinero. Este déficit en materia de investigaciones judiciales del ámbito federal repercute sobre una amenaza cada vez más latente: el financiamiento de las campañas políticas por parte del narcotráfico.
En este punto se entrelazan dos problemas. Uno es la libertad que tienen hoy los grupos narcos para mover el dinero en una economía atravesada por las ventajas de la informalidad que les garantiza que el dinero sea difícilmente identificado. Y la otra, se centra en la falta de mecanismos de verificación interna a nivel institucional de los partidos políticos para garantizar la trazabilidad de los aportes de campaña, algo que se suma a los porosos controles de la justicia electoral a la hora de rendir cuentas sobre los gastos proselitistas.
Es imprescindible para el país en este momento extremar los mecanismos de transparencia de las erogaciones políticas durante un proceso electoral, porque el riesgo de que penetre el crimen organizado es cada vez más alto. Ante esta preocupación, en abril pasado, la Cámara Nacional Electoral exhortó a los gobernadores de todo el país a coordinar esfuerzos para detectar, prevenir y sancionar el financiamiento de las campañas electorales con fondos provenientes del narcotráfico y pidieron a los jueces de todo el país que les informen sobre las causas en trámite por estos delitos donde se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos.
Incluso, los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas destacaron la conveniencia de que el Congreso de la Nación evalúe la posibilidad de establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir” a él. Esto es así porque el control federal se aplica a las campañas nacionales, pero en las provincias el control del financiamiento partidario es un resorte de cada jurisdicción. Y ahí aparece uno de los riesgos mayores, porque los distritos del interior del país no están alcanzados por la ley 26.215, que solo regula las elecciones nacionales. La Cámara Nacional Electoral tiene un cuerpo de auditores que analiza los balances que para cada elección presentan las agrupaciones políticas. Pero solo puede hacerlo para los gastos de las categorías nacionales, como presidente, diputado y senador.
En la acordada extraordinaria N°45, los magistrados advirtieron que la experiencia internacional señala “los intentos del narcotráfico para influir –con el financiamiento de campañas– en los comicios para cubrir cargos públicos electivos”.
Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, una de las más golpeadas por el crecimiento del narcotráfico, el control de los gastos de campaña es excesivamente laxo. Un instructivo que elaboró la Secretaría Electoral para la “rendición de cuentas” indica que dentro del ítem “financiamiento privado” se permiten los aportes de los propios candidatos y militantes, a los que sólo se les exigen datos básicos.
De esa manera, es imposible rastrear el origen de esos fondos, sobre todo si provienen de sectores ligados a actividades criminales. Si a la banda de Los Monos se le ocurre canalizar por algún militante o dirigente dinero del narcotráfico para ganar influencia en las condiciones de detención de sus miembros, nunca será advertido si se rinden esos gastos en el rubro “autofinanciamiento”. El desconcierto llega a tal nivel que en Santa Fe se permiten aportes en dinero efectivo, sin tener ni siquiera un control bancario.
La sola mención de Armando Traferri, senador provincial desde hace 15 años, incomoda en Santa Fe. Está acusado de recibir sobornos de un empresario capitalista que manejaba del juego clandestino y que tenía vínculos con Los Monos. Pero nunca pudo ser imputado por asociación ilícita porque se refugió en los fueros legislativos. En marzo pasado, el procurador general Eduardo Casal dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debía tratar el planteo de dos fiscales que habían recurrido en queja al máximo tribunal luego de que se les cerraran las puertas de la justicia santafesina.
Un caso paradigmático de financiamiento de la política por parte del narcotráfico fue el del fallecido exintendente de Paraná Sergio Varisco, que fue condenado a seis años de prisión en 2019, luego de que la justicia federal detectara que el narcotraficante Daniel Celis había financiado parte de la campaña electoral de 2015 que llevó a la victoria al dirigente radical en la capital entrerriana. La justicia electoral de Entre Ríos nunca detectó esos fondos –alrededor de 50 millones de pesos– que provenían de actividades ilícitas que llevaba adelante Celis. En la investigación que realizó el juez federal Leandro Ríos se pudo determinar que el narcotraficante aportaba dinero, que luego recuperaba a través de licitaciones que ganaba para la pavimentación de calles a través de una empresa.
Recientemente se conoció otro caso que encierra oscuridad como es la posible inyección de fondos de origen espurio en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la presidencia en Colombia a Gustavo Petro. Esta trama quedó al descubierto después de una investigación contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado colombiano, quien está acusado de lavado de dinero. El hijo del presidente confesó en la Justicia que existieron ingresos irregulares en la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022. Uno de los supuestos aportantes, según la declaración de Nicolás Petro, fue Samuel Santander Lopesierra, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico entre 2003 y 2021.
En la Argentina estamos a tiempo de establecer los controles necesarios para que el principal flujo del crimen organizado, como es el dinero, no penetre de manera determinante en la política. Pero se deben establecer controles en las provincias y la justicia federal para que la influencia del narcotráfico no termine por imponer nombres para ocupar cargos y devolver favores, que costarán caros para la república.
