A sus 72 años, Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), uno de los grupos terroristas que asoló el Perú en el siglo pasado, continúa agitando a la población peruana desde su celda en la Base Naval del Callao.
Acaba de conocerse que en marzo de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible una petición de Polay Campos, presentada en el 2007, donde sostiene que fue “torturado constantemente” durante su detención en junio de 1992, que se “violó su derecho al principio de legalidad y garantías judiciales” y que las “condiciones carcelarias que le impusieron afectaron su integridad personal”.
Polay Campos se gestó políticamente en el seno del Partido Aprista Peruano, fue cercano a su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre y al expresidente Alan García, contemporáneo suyo. En los ochenta se radicalizó, formando una organización armada inspirada en la Revolución cubana y fue el cerebro de secuestros, asesinatos y atentados.
Un episodio que lo pinta de cuerpo entero, así como a las autoridades de aquel entonces, fue la fuga de un penal de máxima seguridad que protagonizó, junto a casi cincuenta camaradas emerretistas, mediante un túnel de 250 metros en julio de 1990. Un escape histórico que golpeó al Estado y a la institucionalidad.
Pasarían un par de años para que Polay Campos fuera recapturado y, con ello, el MRTA comenzara a desmoronarse. Su operación más temeraria y recordada fue el asalto y la toma de rehenes de la casa del embajador de Japón en Lima entre 1996 y 1997. Uno de los pedidos más insistentes de los emerretistas en esos cuatro meses de incertidumbre era la liberación de su cabecilla y sus demás camaradas.
Nada de ello fue posible. Una operación militar denominada Chavín de Huantar no dejó con vida a ningún terrorista y Polay Campos siguió recluido hasta la fecha. En 1992 fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal sin rostro, pero la condena fue anulada en 2001. En 2006 se le impuso una pena de 32 años, la cual fue incrementada a 35 años en el 2008 por los delitos de terrorismo, terrorismo agravado y falsificación de documentos.
Los demandantes —entre los que se encuentra el abogado Javier Valle Riestra, aprista de larga data y expresidente del Consejo de Ministros en 1998— sostienen que en abril de 1993, en la sala de audiencias del Penal de Yanamayo, su primer centro de reclusión, “un grupo de personas con uniforme golpeó y le aplicó descargas eléctricas” a Polay Campos; en ese mismo mes asegura que mientras era trasladado en helicóptero a Lima “fue alzado en vilo amagando que lo arrojarían al vacío”.
También alegan que “estuvo confinado en una celda con la estructura de una tumba, sin puertas ni ventanas, con solamente una abertura en el techo”, que “existía una prohibición de conceder entrevistas y conversaciones acerca de su situación penal y jurídica”, que “por trece años se le impidió su derecho constitucional a la libertad de culto, pues se le negaba el acceso a un sacerdote o consejero espiritual” y que “tampoco se le permitió ejercer su derecho a visita íntima de pareja, así como la redención de la pena por el trabajo o estudios”.
Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción, considera que la sentencia que recibió Polay Campos está bien dictada y que el gran temor es que “no está arrepentido de ninguno de los actos que cometió”. “Él reconoció siempre que esas acciones se enmarcaron en un procedimiento de conflicto interno, luchando por los pobres”, agrega. Algunos de los ministros del actual Gobierno de Dina Boluarte también se han pronunciado al respecto. “Toda persona tiene derecho a solicitar (una demanda) si sus derechos han sido vulnerados. Por eso somos parte de la Comisión Interamericana. Por supuesto que el Ejecutivo presentará una contrarrespuesta”, declaró el ministro del Interior, Vicente Romero.
Julio Demartini, titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, tiene otra perspectiva. “Otras personas que hoy reclaman algunos derechos son aquellas que se olvidaron de que cientos de miles perdieron su vida a partir de unas equivocadas ideologías”. Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, ha aprovechado la coyuntura para descalificar a la CIDH. “Tenemos que retirarnos de la Corte y la Convención de Derechos Humanos, porque no nos trae nada bueno. Todo lo que nos ha traído ha sido ayuda e indemnización a los terroristas”, espetó.
La aprobación de la petición de la CIDH lleva la firma de los abogados Stuardo Ralón Orellana y Margarette May Macaulay, así como de los letrados Esmeralda Arosemena, Joel Hernández y Carlos Bernal. La CIDH deberá convocar a una audiencia para que el Estado peruano y la defensa de Polay Campos expongan sus alegatos. El siguiente paso que dará el tribunal será emitir un pronunciamiento de fondo. Gustavo Adrianzén, representante de Perú ante la OEA, ha explicado que la CIDH no posee la facultad de anular o modificar una condena, pero que sí puede impulsar un análisis de la cuestión. La condena de Víctor Polay Campos concluirá en el 2026.
