Las administraciones nacionales estarían subregistrando hasta en una cuarta parte la real dimensión del lavado de dinero, exhibió el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo destacó que “los delitos financieros transfronterizos llegaron para quedarse” y “ninguna institución financiera o país es inmune”.
El personal técnico del FMI se asoció con ocho países nórdicos y bálticos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia) en el primer proyecto de asistencia técnica contra el blanqueo de activos. “Nuestros hallazgos revelan que combatir el lavado de dinero está más allá de la capacidad de cualquier nación por sí sola y que los países deben innovar juntos para encontrar una solución”.
De acuerdo con los datos recuperados, el FMI identificó que entre los pagos transfronterizos con países identificados como de mayor riesgo por tecnologías de aprendizaje automático y análisis de datos, y los detectados por autoridades de un país, había una diferencia cuatro veces.
“Examinamos los movimientos financieros, obteniendo información sobre el panorama global e identificando indicadores de posibles escenarios macrocríticos de lavado de dinero”, explicó. No obstante, el uso de estas herramientas requiere la colaboración entre países para identificar y conectar amenazas transfronterizas de lavado de dinero y financiación del terrorismo aparentemente desconectadas, destacó.
Además de que implican una afectación a la base tributaria, el lavado de dinero tiene un efecto en la estabilidad financiera; provoca caídas en los precios de las acciones y aumenta el costo de asegurarse contra un incumplimiento corporativo, como lo demuestran los precios de los swaps de incumplimiento crediticio, enfatizó el FMI. Al final quienes pagan los efectos de erosión de confianza en la integridad del sistema financiero son los contribuyentes, al subsidiar a bancos en quiebra, amplió en un blog.
En ese sentido, frente a la tendencia paralela y sin fronteras que implica el aumento en el uso de los criptoactivos, los supervisores deben ampliar su perspectiva, examinando los riesgos de los no residentes y las contramedidas contra el lavado transfronterizo. Esto exige una colaboración internacional más estrecha, enfatizó.
