La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) impuso este viernes una multa de 15 millones de dólares a Bancrédito International Bank, tras admitir la entidad haber violado intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) durante siete años de operaciones en Puerto Rico.
Este banco dejó de operar en Puerto Rico en agosto de 2022, después de que se viera salpicado por una trama corrupta en la que está acusada la exgobernadora de la isla Wanda Vázquez y el expresidente de la Junta de Directores de Bancrédito, Julio Herrera Velutini.
«Bancrédito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas a través de los Estados Unidos en nombre de clientes de alto riesgo, proporcionando cuentas de corresponsalía a instituciones financieras extranjeras sin la debida diligencia requerida y la presentación de informes requeridos por la BSA», explicó en un comunicado el director de Fincen, Andrea Gacki.
Es la primera vez que Fincen, adscrita al Tesoro de Estados Unidos, emite una multa contra una Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico.
Para Gacki con esta sanción, Fincen «está enviando el mensaje de que la era del blanqueo de dinero fácil a través de EBI puertorriqueñas ha terminado».
«Bancrédito admitió haber violado intencionalmente la BSA entre octubre de 2015 y mayo de 2022, al no informar oportunamente transacciones sospechosas», esgrimió el comunicado difundido.
La comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, Natalia Zequeira, informó en agosto de 2022 del inicio del proceso de liquidación voluntaria en la isla de Bancrédito International Bank, que tuvo que entregar su licencia a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y dejó de operar en la isla.
Este anuncio llegó días después de que se acusara de un esquema de soborno a la exgobernadora Vázquez y Herrera, quien renunció a su cargo de presidente de la Junta de Directores de Bancrédito.
Según la acusación formal, Herrera supuestamente pagó más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020, a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la OCIF que investigaba su banco.
Ambos enfrentan cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podrían ser condenados a un máximo de 20 años de prisión de ser declarados culpables.
En este caso de corrupción pública, también fue acusado el exagente del FBI Mark Rossini, quien se entregó en agosto de 2022 a las autoridades federales y se declaró no culpable de los cargos en su contra.
Vázquez, quien fue gobernadora de la isla entre 2019 y 2021 y secretaria de Justicia entre 2017 y 2019, también se declaró el año pasado no culpable de los cargos que se le imputan.
