El auge del crimen organizado en Costa Rica, que ahora alcanza cifras récord, lleva gestándose varios años. En 2022 ya se llegó a un máximo histórico de la tasa de asesinatos, con 656 casos. Según datos oficiales, en la actualidad, el país registra un homicidio cada 10 horas.
El repunte es evidente: únicamente en los primeros seis meses 2023 se sobrepasó en un 42% a la primera mitad del año pasado. Mario Zamora, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, declaró hace apenas unos días que el país tiene “una mexicanización del crimen, el rasgo más evidente es la actualidad”.
Detrás de la presencia de los grupos narcotraficantes mexicanos en Costa Rica encontramos el interés por la búsqueda de nuevas rutas para el tráfico de la cocaína colombiana hacia los Estados Unidos y otros mercados.
El Cártel de Sinaloa, del que “El Chapo” Guzmán fue líder hasta su detención el pasado año y cuyo control de la mayor facción ahora recae sobre sus hijos, estaría presionando a pequeños grupos costarricenses para que reciban grandes cantidades de cocaína. A pesar de que Costa Rica no es productor de sustancias estupefacientes, su localización convierte al país en una de las mayores plataformas del mundo desde la que exportar droga a terceros.
Hay una zona concreta que destaca sobre las otras por el tráfico de drogas. Se trata de Moín, una ciudad portuaria del Caribe desde donde, según fuentes policiales, este año se han transportado diez toneladas de cocaína con destino a Europa.
El método para que la cocaína pase desapercibida: camuflarla entre los cargamentos de frutas que habitúan a verse en los contenedores del puerto. Los datos nos hacen afirmar que la presencia de drogas en la zona supone un aumento significativo de criminalidad.
En Limón, la provincia donde se ubica Moín, las cifras oficiales apuntan a 60 homicidios por cada cien mil habitantes. Son números que triplican a la media nacional, convirtiendo a la región en la más violenta del país.
Otras fuentes locales señalan la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Costa Rica, quienes encadenan enfrentamientos constantes con el Cártel de Sinaloa por el control del crimen organizado en México. Eso, el encuentro entre bandas sobre el terreno, explicaría también el repunte de asesinatos.
De acuerdo con un informe de la ONU sobre la producción global de cocaína, estos cárteles mexicanos estarían utilizando también sus habilidades de administración para penetrar en el territorio costarricense, asesinando a traficantes locales para reemplazarlos por otros de sus propios grupos. Asimismo, cuando toman el control de un lugar, empiezan a cobrar impuestos a negocios válidos y hasta evitan el ingreso de policías a ciertas áreas.
Sucursales narcos
El imperio narco que ha construido Alejandro Arias Monge, alias Diablo, crece tan rápido que la misma policía reconoce que el prófugo, en su afán de expansión por el país, instauró la modalidad de franquicias o sucursales para instalarse en diferentes regiones de Costa Rica donde sus tentáculos no llegaban.
Pese a que su zona de control más fuerte comprende Pococí, Sarapiquí, Guácimo, Siquirres y alrededores, este sujeto se ha encargado de enviar a miembros de su grupo a otras zonas para tratar de apoderarse de puntos de venta de droga importantes, como algunos en Guanacaste.
Según Randall Zúñiga, director del OIJ, esa movilización de la gente de Diablo para instalar sus “franquicias” ha provocado homicidios en sitios donde antes no era habitual ese grado de violencia que se vive ahora.
“Hay una organización criminal muy particular de Guápiles que ha empezado a expandirse por todo el país. Esto ha generado en buena medida que se empiecen a dar homicidios donde antes no había, porque esta organización se ha ampliado tipo franquicia o sucursales en muchos lados de Guanacaste como Nicoya, Santa Cruz, parte de la periferia, en la parte huetar norte, al Pacífico Central y sur y están empezando a abarcar la GAM en San Ramón y Turrialba que son los dos límites del GAM”, resaltó.
A criterio del jerarca policial, su incursión en sitios más céntricos como San José, Heredia y Alajuela es y va a ser más difícil, debido a que deberá enfrascarse en una lucha todavía más violenta para apoderarse de puntos de más valor.
“(…) aquí hay grupos muy fuertes, pero en el momento en que lo hagan toda esa lucha se puede trasladar al GAM. Soluciones a corto plazo no existen, esto nos está golpeando duramente y estamos haciendo todo el mejor esfuerzo, pero resulta insuficiente”, dijo.
A Zúñiga le preocupa que Limón, tiene una tasa de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, algo que está por encima de cualquier cifra de otras ciudades violentas de Latinoamérica, por lo que para él es inconcebible que estos casos sean manejados con tan poco personal.
Por ejemplo, en Limón centro solo se destinan 8 investigadores para estos asesinatos perpetrados por crimen organizado.
Limón (63), Pococí (44), Matina (25) y Guácimo (20) son los cantones que registran más asesinatos en esa región del país, según los datos más actualizados del OIJ.
La captura de Arias Monge es para la policía uno de los objetivos primordiales desde hace más de 6 años, cuando le perdieron el rastro.
Desde entonces suma 8 causas penales en su contra por diversos delitos por las cuales no ha respondido al estar ausente en las audiencias correspondientes.
Pese al arduo seguimiento que le han dado los agentes para capturarlo, la mitad de estas tienen solicitud de desestimación, es decir, a espera que un juez avale que el caso se archive.
Esa información fue confirmada por el Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com, dando a conocer que 4 de esos casos desarrollados en conjunto con diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) podrían quedar impunes.
Pero, ¿cuál es la justificación que da la Fiscalía para dar por cerrados estos procesos? A criterio de los funcionarios a cargo de estos, en el desarrollo de las investigaciones iniciadas en el 2014, 2017 y 2019 “no se obtuvo prueba para acusar la causa”, esto quiere decir, que no contaban con suficientes indicios para demostrarle a los jueces que Arias debía enfrentar un juicio.
Se trata de las que lo vinculan con robo agravado, amenazas agravadas, desobediencia y usurpación.
