La Asamblea Nacional retoma hoy la discusión del proyecto de ley 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero, en una carrera contrarreloj para evitar que Panamá vuelva a caer en una ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Y es que el Gobierno de Panamá tiene un plazo de menos de un mes para que los diputados de las bancadas de la oposición y del oficialismo puedan lograr un consenso en la aprobación del proyecto de ley que tipifica la defraudación fiscal como delito, antes de que se dé la próxima reunión con el GAFI.
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, anunció que el cónclave será a mediados del mes de febrero, donde el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le deberá presentar al GAFI el informe con los avances de Panamá en materia de transparencia fiscal. Posterior a esto, GAFI lo evaluará y definirá su avance en la plenaria de junio, próximo.
La titular del MEF recordó que en la revisión de 2017 GAFI le recomendó a Panamá que una mayor transparencia fiscal ‘era determinante para no caer en su lista gris’ y ‘poder cumplir con esta normativa de estándares internacionales’.
En ese sentido, destacó que el proyecto de ley ya cumplió un año de estar en la Asamblea y no ha logrado consenso, a pesar de que Panamá tenía como plazo el año 2018 para adaptarlo.
CONSECUENCIAS
Según el MEF, no aprobarse el proyecto de defraudación fiscal y entrar en la lista gris le podría causar a Panamá un daño reputacional a nivel internacional, pérdida de corresponsalías en los bancos, impacto en el comercio y los negocios internacionales, posible rebaja a la calificación de riesgo soberano y un mayor riesgo equivalente a un costo más elevado para hacer transacciones.
Frente a este panorama, el economista David Saied considera que aunque el proyecto de ley de fraude fiscal ‘es de alto riesgo, hay que aprobarlo con cambios para dar más garantías a los contribuyentes’.
Señaló que el Código Tributario es un avance. Pero no debe entra en vigencia sino hasta dentro de seis meses para que no pueda ser utilizado para perseguir a opositores durante la campaña.
ALD/LaEstrella
