La abogada María Alejandra Mercado, especialista en Derecho Comercial afirmó que la Dian de Colombia, reportó que para el 2022 se incautaron USD2.500 millones ($10 billones) y se capturaron 1.200 personas por incurrir en este delito.
El lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de actividades ilícitas, como la trata de personas, la extorsión, el tráfico de drogas, delitos contra el sistema financiero, contrabando, entre otros.
Por incurrir en este, una persona natural puede ser condenada con pena de prisión de entre 10 y 30 años y una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (entre $1.300 millones y $65.000 millones). Según el artículo 343 del Código Penal, el delito es punible inclusive cuando las actividades se desarrollan en el extranjero.
En el caso de las personas jurídicas, a nivel normativo está contemplada la responsabilidad administrativa sancionatoria en tres casos. Uno de ellos es que exista sentencia condenatoria contra alguno de los administradores o funcionarios por la comisión de delitos contra el orden económico social, entre los cuales se incluye el lavado de activos.
Otro es que la sociedad respectiva se hubiere beneficiado de forma directa o indirecta por la comisión de la conducta. Y el tercero es cuando se evidencia que la persona jurídica consintió o toleró la realización de la conducta delictiva de la persona natural por acción u omisión.
Las sanciones respectivas pueden ser multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($260.000 millones), más el mayor valor del beneficio obtenido, la inhabilitación para contratar con el estado, la publicación en medios, la remoción de administradores, entre otros.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que, en conjunto con la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (Uiaf), para el 2022 se tuvo una detección de lavado de activos por USD2.500 millones ($10 billones), la captura de 1.200 personas y la incautación de bienes por USD1.500 millones ($6 billones).
Además, la Uiaf precisó que en 2020 esa entidad recibió un promedio de 16.000 reportes de operación sospechosa de todos los obligados a reportar, dentro de los que se encuentran los reportados por la Dian.
La situación es cada vez más difícil, por lo que la abogada María Alejandra Mercado, especialista en Derecho Comercial y asociada a la firma internacional Holland & Knight, dio detalles sobre los efectos que tiene esta actividad ilegal en Colombia.
En diálogo con Infobae Colombia confirmó que, además de desestabilizar la economía, en Colombia los delitos asociados al lavado de activos generan aumento en los niveles de violencia, pobreza y corrupción.
¿Por qué esta actividad ilegal es sinónimo de violencia? ¿Cobra vidas?
En el caso colombiano es de público conocimiento que los grupos armados ilegales son los que están a cargo de la producción, transformación y tráfico de drogas. Esto hace que se presente en algunas zonas del país un aumento en las tasas de homicidios, como consecuencia del uso de la violencia como herramienta para garantizar el sometimiento a dichos grupos armados.
Según el monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca adelantado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en estos municipios la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios en comparación con aquellos municipios en los que no hay cultivo de coca.
¿Colombia tiene la disposición legal para contrarrestar esta actividad?
Colombia está implementando medidas que consideramos eficaces en la lucha contra el lavado de activos y que se ajustan a los lineamientos y compromisos internacionales que ha adquirido. Contamos con una regulación por sectores (Supersociedades, Superfinanciera, Superintendencia de Notariado y Registro, Supertrensporte, Dian, etcétera) que a nivel de los distintos niveles de la economía, permite implementar controles para evitar la materialización de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los anterior, sumado a la normatividad implementada en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que no solo se limita a las sanciones tradicionales que se han enfocado en las personas naturales como instrumentadoras de actos delictivos, sino también medidas que involucran a las sociedades y que permiten ir un paso más adelante en la búsqueda de alternativas de prevención de los mismos.
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María Alejandra Mercado, abogada especialista en Derecho Comercial y asociada en la firma internacional Holland & Knight – crédito Carlos Ruiz/Pixabay
¿Cómo impacta a la economía colombiana este delito? ¿Es una amenaza para el comercio formal?
Se estima que el lavado de activos equivale a aproximadamente el 4% del PIB colombiano. Dada su ubicación geográfica e historia reciente, las actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos son una de las más grandes amenazas para el país, potencializando las organizaciones criminales, la violencia y la corrupción.
Con relación al comercio, dada la magnitud de la actividad, es claro que la actividad está fuertemente asociada a una economía informal evasora de la legislación fiscal.
¿Qué están haciendo los bancos para prevenirlo?
Los bancos están obligados a contar con estrictas medidas de prevención del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, de conformidad con la reglamentación de la Superfinanciera de Colombia.
Adicionalmente, deben contar con un Sistema de Administración de Prevención del Riesgo de Lavados y Financiación del Terrorismo (Saralaft), el cual tiene fuertes controles orientados a ello, tales como monitores de actividades sospechosas, revisión concienzuda de los flujos de dinero, requerimientos especiales por tipo de cliente o segmento, entre otros.
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El artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 establece que los recursos se distribuyen así: Rama Judicial (25%); Fiscalía General de la Nación (25%); Policía Judicial de la para el fortalecimiento de su función investigativa (10%); Defensoría del Pueblo para el fortalecimiento de la defensa pública en los procesos de extinción de dominio (5%) y Gobierno nacional (35%), quien dará prioridad la reparación de las víctimas – crédito Getty Images
¿Cuáles son los sectores donde más se ve esta actividad ilegal?
El lavado de activos está presente en todos los sectores de la economía, pero a nivel regional suele evidenciarse mayor vulnerabilidad en los sectores automotor, inmobiliario, casinos, comerciantes de piedras preciosas, el notarial, de contadores y abogados y el financiero.
De hecho, la regulación inicial aplicable a la prevención del lavado de activos en nuestro país se enfocó en estas áreas de la economía, sin perjuicio de lo cual su espectro se ha ido ampliando, dada la expansión de las actividades delictivas a otros sectores de relevancia.
Incluso, ahora se ha extendido la regulación a las entidades sin ánimo de lucro y a las Cámaras de Comercio.
¿Las elecciones son el escenario perfecto para el lavado de activos?
Sí, los partidos políticos deben implementar medidas para evitar ser utilizados para el lavado de activos. Esto, a través de medidas de debida diligencia para controlar el origen de los recursos, los ingresos y gastos que se generen.
De las elecciones quedaron noticias de capturas relacionadas con corrupción electoral y movilizaciones de altas sumas de dinero, respecto de las cuales los implicados no pudieron explicar su origen y destinación.
