Ante la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional de Colombia, por medio del Ministerio de Justicia, radicó el proyecto de ley que tiene por finalidad defender y salvaguardar la vida de quienes denuncien hechos de corrupción, suministren información y aporten pruebas para combatir a los corruptos, tanto en el sector público como privado.
Con esta iniciativa, que fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, se pretende proteger a cualquier denunciante de este tipo de casos, incluidos los periodistas, además, se tomarán medidas de urgencia para garantizar la seguridad de los familiares de los denunciantes hasta el segundo grado de consanguinidad, esto “con el fin de prevenir represalias que puedan poner en peligro su seguridad, estabilidad en el trabajo y bienestar”, expuso el comunicado de prensa divulgado por el Ministerio de Justicia.
Además, posee enfoque de género que salvaguarda a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGTBIQ+ que denuncien. A propósito, según lo dicho por el Ejecutivo, en caso de que el denunciante corra peligro, se le suministrará protección de identidad y cambio de domicilio, todo por cuenta del Estado.
Dicho proyecto fue bautizado como Jorge Enrique Pizano, en honor a dicho ingeniero, quien fue un testigo clave en el caso Odebrecht y Corficolombiana en las obras de la Ruta del Sol II, y que antes de morir en circunstancias misteriosas, fue blanco de persecuciones y señalamientos por poner divulgar las maniobras corruptas en el desarrollo del proyecto.
Al momento de su muerte, Jorge Enrique Pizano era investigado por un contrato de la empresa de Acueductos de Bogotá. | Foto: Colprensa
Asimismo, se resaltó que “la falta de confianza en la efectividad de la justicia, la falta de conocimiento de los mecanismos adecuados y el miedo a represalias han sido barreras para que los ciudadanos revelen lo que saben en materia de corrupción”.
Por ello, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, explicó que con esta iniciativa se busca “vencer el miedo a denunciar y al mismo tiempo reconocer la dignidad de quienes ayudan a los recursos públicos, poniendo en conocimiento de las autoridades actos administrativos que ponen en riegos los recursos de todos los colombianos, al tiempo que se les brindan medidas para salvaguardar su vida, integridad y empleos”.
Igualmente, en el comunicado señaló “que históricamente todo está hecho para proteger a los corruptos. “Eso debe cambiar. La delación no puede ser estigmatizada, no es una maldad. Al contrario, los colombianos debemos comenzar a verla como una virtud, porque el delator está ayudando a que se haga justicia”.
A su vez, el expresidente de la Cámara y militante del Pacto Histórico, David Racero, divulgó en su cuenta de X, antes Twitter, que “Colombia ocupó el puesto 91 de los países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (puntaje 39/100). Y de los 32 departamentos, 20 tienen impunidad superior al 95% y 12 están entre el 90% y el 94.9%, según investigación de casos de impunidad 2010 – 2023 de Secretaría de Transparencia”.
Y agregó en esa misma red social “Hoy radicamos este proyecto en memoria de Pizano, pero también de Rafael Moreno, Wilder Cordoba, Eudaldo Díaz y todos a quienes el Estado no ha protegido, por mostrarnos que la integridad del servicio público y el respeto al presupuesto público es lo principal, pero la ética y valores no debe costar la vida. El Estado Colombiano tiene la responsabilidad de cuidar a quienes cuidan lo público #SinMiedoADenunciar”.
En el acto de radicación estuvo el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, además de senadores y representantes a la Cámara, coautores del proyecto.
