Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia y Daysuris Vásquez escucharon este martes las acusaciones de la Fiscalía por los actos ilícitos que los involucran en lavdo de dinero.
elpais
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido imputado con los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que su expareja ha sido incriminada por este segundo delito y el de violación de datos personales.
Ninguno de los dos ha aceptado los cargos. No obstante, la Fiscalía resaltó varias veces a lo largo de la diligencia que Vásquez mantendrá su colaboración con la justicia: sus aportes son los que han posibilitado que se formulara la imputación y se ordenara la detención de ambos el pasado sábado. Nicolás Petro, por su parte, dio un giro inesperado tras el receso del almuerzo y anunció que denunciará otros hechos de corrupción.
El escándalo comenzó en marzo, cuando Vásquez denunció a Petro hijo en la revista Semana. “Recibió dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro”, declaró en referencia a personajes como el exnarco Samuel Santander Lopesierra y el contratista Alfonso El Turco Hilsaca, investigado por nexos con el paramilitarismo.
Los implicados le aportaron sumas que pensaron que irían a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero, según Vásquez y la Fiscalía, todo fue a los bolsillos de Nicolás y a sus exorbitantes lujos. “Todo ha sido a espaldas del papá”, aseguró la cuñada del presidente.
El fiscal Mario Andrés Burgos dedicó gran parte de su declaración de este martes a señalar que Petro hijo no podía justificar gastos de hasta 1.600 millones de pesos (alrededor de 400.000 dólares) en 2022. Los únicos ingresos registrados son los de su sueldo como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico, que le aportó 220 millones en todo el año (unos 56.000 dólares). No ha declarado préstamos, viáticos o actividades financieras que expliquen la diferencia.
“Para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos por mes. Creo que todos nos haríamos elegir como diputado. ¿200 millones de pesos mensuales? ¡Por favor!”, remarcó Burgos.
Los gastos mencionados incluyen la compra de dos casas, de un Mercedes Benz y de productos de lujo en tiendas como Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera. “No queda duda de que usted está inmerso en una conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público. Se estaba comportando como de clase media arribista [aspiracional]”, acusó el fiscal.
Según él, las pruebas son tan contundentes que hablar en condicional es una mera formalidad: “Inclusive podríamos no hablar de una inferencia o probabilidad. Pero vamos en ‘inferencia’, [que es] lo que se obliga en estas etapas preliminares”.
Las emociones de Burgos fueron palpables a lo largo de la audiencia. “¡Por dios, señor Nicolás!”, llegó a exclamar mientras enumeraba los gastos del diputado en 2022. Para el fiscal, fue importante enfatizar en que la conducta fue especialmente grave porque el hijo del presidente es servidor público: “Lo que hizo fue defraudar a esos miles de personas que votaron por usted, señor Nicolás”.
El acusado lo miraba impasible, salvo por algún comentario que intercambió con Vásquez. La única interrupción ocurrió cuando pidió que se repitieran algunas cifras que el fiscal reportaba.
El segundo cargo imputado, el de lavado de dinero, los tiene a ambos en calidad de coautores. Según Burgos, la entonces pareja buscó ocultar y encubrir el origen ilegal del dinero con el que compraron los bienes investigados. Pusieron una casa y un carro a nombre de un tío de ella, Cesar Emilio Vásquez.
“No era bien visto que el hijo del presidente figurara en un negocio de esa magnitud”, dijo el fiscal en referencia a la compra, en dos pagos, de una mansión de 1.650 millones de pesos (unos 420.000 dólares). El dinero, de acuerdo con la Fiscalía, se movía en efectivo: en bolsos, morrales y malet
Vásquez está acusada porque, según Burgos, sabía del origen ilícito del dinero y ayudó a encubrirlo. “Usted comprendía que estaba adquiriendo, resguardando, custodiando bienes, provenientes de su señor esposo”, declaró el fiscal. Asimismo, para el funcionario, ella tenía la función adicional de administrar el dinero, que almacenaron en una caja fuerte que presuntamente adquirieron para ese fin: “Usted, Nicolás, ni siquiera contaba el valor real de esas sumas de dinero que eran entregadas”.
Finalmente, la esposa del diputado ha sido imputada por violación de datos personales. Según el fiscal, Vásquez invadió la esfera íntima de quien era su mejor amiga y ahora es la pareja de su marido, Laura Ojeda, con el objetivo de “determinar desde cuándo su amado esposo dialogaba [con ella]”. Burgos dio pocos detalles sobre este cargo, en comparación a los anteriores. Se limitó a decir que Vásquez reenvió mensajes y trianguló y encriptó información reservada de Ojeda.
Penas de prisión
Burgos les informó a los acusados que las penas para lavado de dinero son de entre 10 y 30 años de prisión. A eso se pueden sumar multas, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y años adicionales de cárcel por los delitos con sanciones menores.
Sin embargo, la pena podía reducirse hasta en un 50% si Petro y Vásquez hubieran aceptado los cargos en estas etapas iniciales del proceso y comenzado con la reintegración de los montos implicados. “Pongamos que son 14 años [de prisión]. Si aceptan desde ya, podría reconocerse una reducción de siete años”, les dijo el fiscal. Minutos después, los dos rechazaron los cargos y se declararon inocentes.
La justicia comienza ahora, de manera formal, la investigación y un eventual proceso judicial, que suele ser largo. Burgos ha explicado que las acusaciones futuras no necesariamente se limitarán a los dos cargos ya formulados: “La Fiscalía no ha descartado que estén realizando otras conductas que atenten contra la administración pública como tráfico de influencias o celebración indebida de contratos”.
Según el funcionario judicial, Vásquez aportará su conocimiento sobre “una serie de contratos irregulares”. “Va a informar otras situaciones de irregularidades, donde están involucradas otras personas”, resaltó el fiscal.MÁS INFORMACIÓN
El hijo del presidente expresó, tras hablar con la Fiscalía durante el receso, su voluntad de colaborar también y denunciar a otras personas implicadas. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia.
Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino”, comentó. Por ello, se aplazó para la tarde del jueves la segunda parte de la audiencia, que determinará las medidas de aseguramiento para los acusados. Minutos antes, Burgos había señalado que la intención de la Fiscalía era pedir detención en un centro carcelario para Petro hijo y una medida alternativa a la privación de la libertad para Vásquez.
El mandatario, que pidió desde un principio que la Fiscalía investigara el caso, ha enfatizado en que se respetará la independencia judicial y que su hijo no contará con beneficios. “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley.
A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, expresó el sábado en Twitter.
Nicolás Petro, sin embargo, pidió hace unas semanas la recusación del fiscal general, Francisco Barbosa, quien ordenó la creación de un grupo de tareas especiales para investigar el caso. Barbosa es uno de los principales rivales políticos del presidente y, según el diputado, eso podría influir en los procedimientos de la entidad acusatoria.
En la audiencia de este martes, el fiscal Burgos se refirió a la tensión existente: comentó en varias ocasiones que no tiene nada “personal” en contra del acusado. “La Fiscalía General de la Nación no realiza persecuciones por temas políticos. Lo investigamos como persona y no por ser el hijo del presidente”, aseguró.
