La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en su poder un total de 1.280 informes ejecutivos que agrupan listados de personas jurídicas y naturales que practican el lavado de activos en el país.
La entidad no precisó el número de sospechosos que blanquean capitales y que esta información se maneja en reserva y que solo la Fiscalía es la que puede conocer del tema.
Su argumento lo basan en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que señala lo siguiente:
“Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía. Queda prohibida de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros”, se lee en la ley.
Por tal motivo, este periódico solicitó a FGE que detalle el número de personas investigadas por blanqueo de capitales y que especifique las etapas procesales de cada caso conocido, al menos en el año 2023; pero desde el área de estadística, se indicó el pedido fue derivado a “uno de nuestros analistas para la solución de su ticket”.
El experto en seguridad pública y de Estado, Diego Pérez, enfatiza que es comprensible que se tome precauciones para evitar que se filtre información, pero: “¿no sé si en términos de resultados esto va en algún sentido?” y agrega que es primordial saber las prioridades de esas instituciones a la hora de tratar prioridades para evitar el delito.
Pérez sostiene que la ausencia de datos es un reflejo de la carencia de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, que en muchos casos es de influencia transnacional.
En tanto que, Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), agrega que la justicia no ha logrado nada en la erradicación del blanqueo de capitales en el territorio nacional.
“El 40 % de los casos en los que ya han pasado a un juicio no se ha identificado el sector económico en donde viene el dinero lavado, esto porque hay muchísima flagrancia en lavado de activos, y eso es incorrecto, así no debe ser procesado el caso, lo que hace es que se caiga el proceso y todo queda en nada”.
Aunque en 2021 y 2022 se hayan presentado más Reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII), Rivera Rhon resalta que las cifras de sentencias condenatorias han caído en Ecuador, pasando de tres a uno por año. En este aspecto, la UAFE ha indicado que cumple con su proceso de informar las alertas, pero que el resto depende de la Fiscalía
No obstante, también se cuestiona desde el OECO que a pesar que organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat) han alertado en su último informe de evaluación que la primera fuente del lavado de activos en Ecuador es el narcotráfico solo se emitan dos alertas mensuales.
“No existe, al menos en política pública, un interés por impactar las finanzas provenientes del crimen organizado. A eso, hay que sumarle que hasta el día de hoy, no hay una sola sentencia por extinción de dominio porque no tiene claro cómo hacer la investigación”, cuestionó el coordinador del observatorio.
