Un cártel mexicano del narcotráfico era tan descarado a la hora de operar fraudes dirigidos contra estadounidenses de edad avanzada que los operadores de la banda se hacían pasar por funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmaron autoridades estadounidenses.
La estafa fue descrita por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de la dependencia. La agencia ha estado persiguiendo a estafadores que utilizan centros de llamadas telefónicas controlados por el Cártel Jalisco Nueva Generación para promover falsas ofertas de compra de propiedades de tiempo compartido de estadounidenses. Han estafado a por lo menos 600 estadounidenses unos 40 millones de dólares.
Pero también empezaron a contactar a personas afirmando que eran empleados de la propia OFAC y ofrecían liberar fondos supuestamente congelados por la agencia estadounidense, que combate los fondos ilícitos y el lavado de dinero.
“En ocasiones, los autores de fraudes de tiempo compartido utilizan nombres de agencias gubernamentales para aparentar legitimidad”, afirmó la agencia. “Por ejemplo, los perpetradores pueden llamar a las víctimas y afirmar que representan a la OFAC para exigir un pago a cambio de la liberación de fondos que el perpetrador afirma que la OFAC ha bloqueado”.
La OFAC anunció el jueves una nueva ronda de sanciones contra tres ciudadanos mexicanos y 13 empresas que, según dijo, están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, más conocido por sus iniciales CJNG, el cual ha asesinado a trabajadores de centros de llamadas que intentan renunciar.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet L. Yellen, dijo en el comunicado que “el CJNG utiliza la violencia extrema y la intimidación para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede estafar a las víctimas los ahorros de toda su vida”.
En junio, funcionarios estadounidenses y mexicanos confirmaron la muerte de hasta ocho jóvenes trabajadores después de que, al parecer, intentaron abandonar su empleo en un centro de llamadas operado por el CJNG
