La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que «el CJNG utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida».
Como salido de una película de Hollywood, integrantes de un cártel de las drogas mexicano han comenzado a hacerse pasar por funcionarios del Departamento del Tesoro para amedrentar y sacar dinero a personas que podrían tener intereses turbios.
El Departamento del Tesoro informó que elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hacen pasar por funcionarios de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), que es precisamente la oficina encargada de imponer sanciones financieras a los narcotraficantes y a sus cómplices en lavado de dinero.
El cártel presiona a las víctimas con ofertas llamativas pero también con amenazas y sentido de urgencia, como si se tratara, por ejemplo, de oportunidades de último momento de las que ya se informó a otros interesados. Y presionan hasta que consiguen la información financiera de las víctimas, quienes cuando se dan cuenta del fraude, han perdido los ahorros de su vida.
Los tres sujetos arrestados son Carlos Andrés Rivera Varela conocido como ‘la Firma’, Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’, y Julio César Montero Pinzón, quien usa el apodo de ‘El Tarjetas’
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que «el CJNG utiliza violencia e intimidación extremas.
La Oficina de Investigaciones Federales (FBI) informó que tan solo en el 2022 recibió más de 600 reportes de ese tipo de fraudes por un monto de casi $40 millones.
Mientras que el Departamento del Tesoro ha documentado ese tipo de fraudes durante más de 15 años, como diversificación de actividades criminales del cártel, el FBI sostiene que ha recopilado quejas durante «muchos años».
Aunque las autoridades no lo han confirmado, al parecer el cártel vuelve a contactar a personas que lograron evitar que les plagiaran sus fondos, pero ahora con la versión de que presuntamente la OFAC les habría congelado sus cuentas bancarias y fondos de jubilación porque se vincularon con intentos de fraude del cártel.
«Los perpetradores pueden llamar a las víctimas y afirmar que representan a la OFAC, exigiendo un pago a cambio de la liberación de los fondos que, según el perpetrador, la OFAC ha bloqueado», informó el Departamento del Tesoro.
Con sus reclutados que hablan perfectamente inglés, comete fraudes con la presunta venta de tiempo compartido, y cuando eso no resulta, usan la versión de «usted se salvó de ese fraude, pero le congelaron sus fondos y ahora debe pagar para desbloquearlos».
El FBI sostiene que «en ocasiones, los estafadores pretenden ser una entidad gubernamental que solicita pagos por tarifas asociadas con la venta del tiempo compartido», y esa entidad será supuestamente el Departamento del Tesoro».
El Tesoro ha documentado fraudes que durante años ha cometido ese cártel. Desde uno o varios centros de llamadas, sujetos que hablan inglés sin acento extranjero contactan a jubilados estadounidenses para ofrecerles tiempo compartido en destinos turísticos, principalmente en Puerta Vallarta
Tan solo esta semana, la OFAC sancionó a tres empresarios y a 13 empresas vinculados con los fraudes de tiempo compartido del cartel. El Departamento del Tesoro explicó que estos tres individuos «son parte de un brazo armado del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos, utilizando armamento de alto poder».
Los tres sujetos son Carlos Andrés Rivera Varela conocido como «la Firma», Francisco Javier Gudiño Haro, alias «La Gallina», y Julio César Montero Pinzón, quien usa el apodo de «El Tarjetas»
Más allá de estos, las sanciones se han impuesto durante años a docenas de vinculados con los fraudes de tiempos compartidos. El Tesoro dice que es una forma adicional del cartel para hacerse de fondos.
Actualmente la Administración para el Control de las Drogas (DEA) considera tanto al CJNG como al cartel de Sinaloa como su máxima prioridad por ser responsables de la crisis de fentanilo que, de acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) cobra más de 100,000 vidas por sobredosis cada año.
