La Fiscalía de Ecuador ordenó detener a 31 personas, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, generales de policía y guías penitenciarios.
La Fiscalía lanzó la madrugada del jueves un operativo con 900 funcionarios desplegados simultáneamente en cinco provincias de Ecuador. El resultado ha sido la detención de 31 personas, jueces, fiscales, secretarios, policías, guías penitenciarios y abogados. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien dirigía la diligencia desde Quito, ha bautizado el caso como metástasis porque retrata cómo el narcotráfico “ha permeado las sensibles funciones de la justicia” en el país latinoamericano.
La Fiscalía tenía en su lista de captura 38 nombres, pero siete personas han logrado fugarse. La información de los allanamientos fue filtrada antes del operativo y se hizo pública en la cuenta de X, antes Twitter, del expresidente Rafael Correa. Cuando los fiscales y agentes llegaron al edificio del Consejo de la Judicatura, el organismo que administra justicia en Ecuador, los recibieron apagando los ascensores. Después de subir 14 pisos a pie, los funcionarios encontraron únicamente colillas de cigarrillos y whisky. Los objetivos de la operación se habían escapado a sus casas a resguardar su dinero, relató la fiscal Salazar al juez en una audiencia de más de seis horas que expuso el caso.
“El término narcopolítica ha sido evidenciado. Podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos”, dijo la fiscal Salazar. El miércoles, un día antes del operativo, la comisión de fiscalización de la Asamblea, compuesta en su mayoría por simpatizantes del expresidente Rafael Correa, inició los trámites para un juicio político contra Salazar. Le acusan de ser omisa en sus funciones y ser selectiva en los casos que sigue, por ejemplo, contra el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, por presunta delincuencia organizada.
Una treintena de detenidos está acusada del delito de delincuencia organizada. Se ha decretado la prisión preventiva para 16 personas, uno está bajo arresto domiciliario. Otros 13 acusados tienen prohibido salir del país. El juez no otorgó a la fiscal Salazar el congelamiento de las cuentas y bienes de los exfuncionarios de justicia acusados de corrupción.
Este es el mayor golpe a la trama que funciona en la Justicia ecuatoriana. El operativo inició en realidad el 3 de octubre de 2022 con una matanza al interior de la prisión de Cotopaxi, ubicada a una hora de Quito, la capital. Este incidente dejó 16 muertos y 43 heridos. El objetivo era asesinar a Leandro Norero, un capo del narcotráfico que se movía entre las élites sociales de Guayaquil y que financiaba a bandas criminales claves para la logística del tráfico de drogas del mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación.
Norero estaba en prisión desde mayo de 2022. Fue detenido en un operativo de lavado de dinero. Le encontraron seis millones de dólares en efectivo, joyas valoradas en más de cuatro millones de dólares y decenas de lingotes de oro. Entonces se desveló su papel en una estructura criminal que utilizaba empresas fantasma para lavar activos. En la trama estaban involucrados su madre, dos hermanos y su esposa. El capo fue enviado a la cárcel de Cotopaxi y movió los hilos del sistema para liberar a sus familiares, conseguir la devolución de los bienes incautados y evitar ser transferido a la prisión de máxima seguridad de Guayaquil.
Cada orden de transferencia bancaria, de entrega de joyas, vigilancia a personas y órdenes de asesinatos quedaron registrados en los teléfonos móviles que usaba desde la cárcel y que ahora son parte de la evidencia. En la lista de involucrados está el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Se le investiga por una supuesta venta de sentencias a favor de los familiares de Norero, otorgadas cuando Terán era juez de la Corte Nacional de Justicia.
Entre los detenidos está también Pablo Ramírez, a quien el expresidente Guillermo Lasso ascendió a general y le encomendó tareas como dirigir el sistema carcelario del país. Bajo su dirección se produjeron cuatro masacres carcelarias. Una de ellas la de octubre de 2022, donde Norero fue asesinado. Lasso removió a Ramírez del cargo después de la matanza. Lo hizo director de Antinarcóticos de la Policía.
Norero agradece a Ramírez la protección al interior de la cárcel en los chats hoy en manos de la Fiscalía. Otros policías involucrados filtraron información sobre los operativos que se iban a realizar contra el narcotraficante, custodiaban sus bienes, destruyeron y robaron evidencias e incluso sirvieron como testaferros, según explicó Salazar en la audiencia. Norero pagó con dinero y cubriendo los estudios en el exterior de los hijos de los policías, además de operaciones médicas a familiares de los agentes y teléfonos móviles.
El capo del narcotráfico sería responsable de al menos tres homicidios. El del abogado Harrison Salcedo, defensor del delincuente que encabeza la banda criminal Los Choneros. También ordenó matar al periodista Gerardo Delgado, una ejecución que solicitó por error, según revelan las conversaciones. El tercer caso es el de Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad costera de Manta. Este, de acuerdo a las pesquisas, tuvo vínculos con la red de lavado de dinero de Norero. El capo también ordenó vigilar al candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y esbozó un plan para asesinar a la fiscal que instruyó el caso de lavado de dinero.
