La reciente colaboración de México en operaciones coordinadas para la intercepción de drogas y fondos ilícitos, en alianza con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, tiene un nuevo desarrollo.
Esta colaboración se ha evidenciado en una serie de operaciones conjuntas que involucran el tránsito de sustancias ilegales y grandes sumas de dinero, con el fin de desmantelar redes de narcotráfico y lavado de dinero a nivel global.
Un informe detallado, parte de la investigación periodística internacional #NarcoFiles, revela que la DEA ha realizado solicitudes a Colombia para autorizar el tránsito de sustancias ilegales y dinero, incluyendo a México como un actor clave en estas operaciones.
Las operaciones mencionadas en los correos electrónicos filtrados de la Fiscalía General de la Nación de Colombia incluyen la autorización para manejar 2 millones de dólares y 200 kilos de cocaína, además de cantidades significativas de heroína, metanfetaminas y otras sustancias químicas no especificadas.
En una operación anterior, se reveló que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2022), México concedió permisos para el tránsito y destino de cantidades considerables de cocaína y dinero de procedencia ilícita.
Estas operaciones tenían como objetivo principal desmantelar estructuras del narcotráfico internacional, sumando un total de 9 millones de dólares y 5.8 toneladas de cocaína con las dos nuevas operaciones.
A pesar de la falta de documentación que confirme el consentimiento explícito de México en las últimas operaciones, la documentación oficial presentada por Estados Unidos y legalizada ante la fiscalía colombiana asume la participación de México.
Las operaciones incluyen una detallada estrategia de intervención y seguimiento de las estructuras criminales, destacando la importancia de México en el flujo de capitales ilícitos y en las rutas de tráfico de drogas.
Este informe forma parte de #NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación transnacional sobre el crimen organizado global, liderada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
