Antonio Cuéllar, Abogado especialista en materia Constitucional y Amparo habla, paradójicamente, sobre el uso de la tecnología, el mundo enfrenta dos escenarios simultáneos, que estimo contradictorios: en occidente, un crecimiento vertiginoso de las tecnologías encaminadas a facilitar y a generar confianza sobre el uso de aplicaciones para la realización de operaciones financieras; y, en China, la presencia cada vez más intrusiva del gobierno en la vigilancia de la ciudadanía, a la que a través de cámaras instaladas en todo espacio público, observa y fiscaliza con la finalidad de conceder o restringir derechos a través de un sistema de puntuación cívica.
El uso de las tecnologías de la información para facilitar la disposición de dinero resulta sumamente conveniente, agiliza la vida diaria, fortalece la economía y facilita las actividades de recaudación del Estado. Sin embargo, en la comparativa de aquello que puede suceder frente a un gobierno totalitario, imponer al pago electrónico como única vía de liberación de obligaciones pecuniarias vendría a significar una transgresión grave y trascendente contra nuestra libertad y privacidad.
Es precisamente frente al temor que reflejan algunas voces, sobre el peligro que entraña la desaparición del dinero, de cara a las nuevas tecnologías de pago, lo que nos motiva a reflexionar en dónde estamos y qué debemos de hacer para lograr la armonización de los dos mundos: la facilitación del desarrollo tecnológico sin menoscabo de nuestra privacidad.
Por principio de cuentas, vale la pena mencionar que es cierto que la presencia del Estado en la labor de inspección de las actividades financieras ha crecido exponencialmente. Las actividades de fiscalización del lavado de dinero imponen la necesidad de que sea el gobierno el que rastree el origen y destino del capital, como vía para intervenir en el aseguramiento de fondos que la delincuencia organizada utiliza, precisamente, para delinquir. ¿Debemos impedir entonces que dicha labor se siga llevando a cabo?
Siendo deseable que el dinero electrónico crezca y que el Estado conserve dichas facultades, lo deseable no es que la procuración de justicia se vea entorpecida, pero sí sería deseable que fuera sometida a parámetros de control constitucional. Mientras que la observancia y vigilancia de las rutas del dinero se justifica en la lucha contra delincuentes, podría significar, en cambio, una afectación grave contra la privacidad de quienes no tienen esa calidad. La apertura de la información bancaria, entonces, debería sujetarse a un control judicial, como el de los cateos, a través de procedimientos en los que el ministerio público exponga las razones y pruebas necesarias que justifican el rompimiento del secreto financiero que debe privilegiar a toda persona.
Por otro lado, siendo el acceso a las tecnologías de la información un derecho humano y una garantía constitucional concebida para privilegiar a los particulares, no debe suponerse esto como una facultad concomitante del Estado para imponer a dichas tecnologías como único medio para el ejercicio del derecho de pago y disposición patrimonial.
No debe soslayarse el hecho de que la Constitución también contempla el derecho al uso del dinero en su artículo 28, y ya la SCJN se ha pronunciado a favor de tal derecho, como lo hizo al resolver el derecho al cobro de servicios de transporte en moneda y no sólo a través de aplicaciones electrónicas.
La idea de impulsar el uso de servicios financieros en línea, no conlleva a la idea de prescindir de la función que realiza el Banco de México por cuanto a la impresión y circulación de moneda en el mercado, de ahí que, como hasta ahora, puedan coexistir perfectamente.
La pregunta tiene que ver con la confianza que tiene el ciudadano respecto de las labores de policía y vigilancia que realiza el gobierno, y la pretensión sana o perversa que puede construir cualquier régimen para observar y controlar a la ciudadanía.
En la medida en que el régimen de gobierno sea democráticamente electo y se rija con estricto apego a derecho, preservando los frenos y controles de tribunales independientes que impiden el uso faccioso de las facultades de vigilancia del dinero como vía para quebrantar la privacidad de las personas, el uso de las tecnologías de pago deviene un método favorable para el impulso y crecimiento de la economía.
No obstante, en la medida en que el régimen de gobierno se erija como una dictadura, en la que la vigilancia del origen, empleo y destino del dinero quede abierto a los ojos de un gobernante autoritario, descontrolado, el uso impuesto de las tecnologías de la información se puede convertir en un auténtico medio de hostigamiento y esclavitud que acabe con la dignidad del ser humano.
