El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al lavado de dinero.
Con el fin de acotar el mal uso del sector de bienes raíces en Estados Unidos, especialmente para operaciones de lavado de dinero, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), publicó una iniciativa que, en caso de aprobarse, le permitirá tener mayor vigilancia sobre operaciones de venta de inmuebles en efectivo a entidades legales, fideicomisos y otras figuras jurídicas.
Esta es una de las iniciativas más ambiciosas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces de aquel país, el cual tiene un valor cercano a los 50 billones de dólares y el Departamento del Tesoro estima que entre 20 y 30% de las compras que se hacen son vulnerables al blanqueo de capitales, por no estar sujetas a todos los requisitos antilavado.
«Los actores ilícitos a menudo favorecen las transferencias no financiadas (a crédito) o las ventas ‘totalmente en efectivo’ de bienes raíces residenciales, que evitan el escrutinio de las instituciones financieras que tienen programas contra el lavado de dinero y requisitos para la presentación de reportes de actividades sospechosas (SAR)», se puede leer en la hoja informativa publicada por FinCEN al respecto.
«En un esfuerzo por ocultar sus identidades — añade—, los actores ilícitos a menudo poseen bienes raíces residenciales a nombre de una entidad legal o un fideicomiso. Estos tipos de transferencias han sido identificadas como vulnerables al lavado de dinero y FinCEN cree que el riesgo de actividad ilícita es suficiente para exigir informes».
De acuerdo con la propuesta presentada, las empresas y abogados que realicen funciones de cierre o liquidación de la venta de una operación de bienes raíces, en efectivo o no financiada, a una entidad legal o fideicomiso, deberán reportar información a FinCEN de los siguientes aspectos:
- Información del beneficiario final de la entidad jurídica o fideicomiso que recibe la propiedad.
- Información sobre las personas que representan a la entidad jurídica o fideicomiso.
- Información sobre la empresa o persona que presenta el informe; así como el bien inmueble residencial que se vende o transfiere; información sobre el vendedor y sobre cualquier pago realizado.
Según la Evaluación Nacional de Riesgos para el Lavado de Dinero 2024, la relativa estabilidad del mercado inmobiliario estadounidense y su reputación histórica como depósito confiable de valor a largo plazo, ha llamado la atención de aquellos que buscan un mecanismo seguro para lavar dinero.
«El lavado de dinero a través de bienes raíces puede afectar negativamente los precios de las viviendas, particularmente porque los actores ilícitos que buscan integrar fondos ilícitos pueden estar dispuestos a pagar más o menos por una propiedad», refiere el documento.
Se cierran lagunas jurídicas
De acuerdo con la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en inglés), la iniciativa del Departamento del Tesoro cierra lagunas que, durante décadas, han permitido que malos actores, tanto nacionales como internacionales, puedan lavar dinero por medio de los mercados inmobiliarios de aquel país.
“Es imperativo que el Tesoro finalice ahora normas sólidas y permanentes para impedir el uso indebido de bienes inmuebles residenciales y comerciales estadounidenses por parte de delincuentes nacionales y extranjeros, oligarcas rusos sancionados, narcotraficantes, patrocinadores del terrorismo internacional y otros malos actores”, expresó dijo Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición FACT.
De acuerdo con esta organización, existe evidencia de que el sector inmobiliario estadounidense ha sido el escondite favorito para las ganancias provenientes de la corrupción, el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales. Por ejemplo, actualmente las autoridades de aquel país buscan el decomiso de una mansión de Los Ángeles, California, valuada en 63 millones de dólares, que se sospecha fue comprada con dinero de soborno por un exfuncionario armenio de alto rango.
Si bien, algunos estados habían publicado medidas de Orden de Orientación Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para prevenir el lavado en operaciones en efectivo para la compraventa de bienes raíces, estas han sido temporales y han tenido un alcance limitado.
Esta medida en caso de aprobarse se sumaría al lanzamiento del primer registro federal de beneficiarios reales, que fue en enero, para combatir las finanzas ilícitas en aquel país.
“Al ultimar sólidas salvaguardias contra el lavado de dinero para el sector inmobiliario multimillonario, la administración de (Joe) Biden puede estar a la altura de sus compromisos y catapultar a Estados Unidos de ser un rezagado a un líder en la lucha global contra la corrupción y las finanzas ilícitas», indicó Gary Kalman, director de Transparencia Internacional en aquel país.
