La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material”
Banco Santander rinde cuentas ante el supervisor norteamericano y admite que tiene 17 cuentas bloqueadas en el Reino Unido, Bélgica y Brasil de clientes sancionados por terrorismo en Estados Unidos a cierre de 2023, un repaso obligatorio que tiene que hacer cada año en el país.
Este hecho se conoce solo unas semanas después de que se publicase el caso de las cuentas de Irán en el Reino Unido, que no se incluye en estas 17, ya que se trataba de un ciudadano británico no sancionado, aunque ejercía de empresa pantalla para el régimen iraní, por lo que se cerró su cuenta bancaria.
El detalle de estas 17 cuentas bloqueadas las ha facilitado el grupo en la noche de este miércoles en un documento remitido a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). Ahí se explica que tiene ese cortafuegos activado sobre una serie de clientes sancionados por EE UU por sus vínculos con el régimen iraní, la mayoría de ellos ya bloqueados por el banco a cierre de 2022.
“El grupo ha tomado medidas significativas para retirarse del mercado iraní, como cerrar su oficina de representación en Irán y cesar todas las actividades bancarias allí, incluidas las relaciones corresponsales, la captación de depósitos de entidades iraníes y la emisión de cartas de crédito de exportación, excepto por las transacciones legado descritas anteriormente”, asegura la entidad en el documento.
Las cuentas que detalla el Santander, que el banco reporta cada año a la SEC, están al margen del caso iraní que avanzó el diario británico Financial Times. Según este medio, Irán habría utilizado cuentas de Santander UK y Lloyds para mover fondos, saltándose el veto que hay contra el régimen de Teherán por sus programas de desarrollo nuclear. En ese caso, la cuenta se cerró, pero no se incluye en la lista porque no incumplía ninguna sanción, al ser de un cliente británico establecido en el Reino Unido. Es decir, no estaba directamente sancionado.
Sobre las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el grupo dice que existen “graves consecuencias legales y reputaciones” si se incumplen estas normas, aunque no hace referencia explícita a ninguno de los casos de algún mercado en concreto. Eso sí, esta advertencia llega en un momento delicado para el banco por el caso iraní.
Riesgo reputacional
“Hemos estado, y podemos estar en el futuro, sujetos a cobertura negativa en los medios sobre nosotros o nuestros clientes, incluso con respecto a supuestas conductas como no detectar y/o prevenir cualquier actividad de delito financiero o no cumplir con las regulaciones de FCC [el supervisor de delitos de blanqueo estadounidense]. La cobertura mediática negativa de este tipo sobre nosotros, sea o no merecida, podría afectar material y adversamente nuestra reputación”, explica el documento. Y cuenta con un posible golpe sobre la cotización de la acción: “El daño reputacional a nuestro negocio y marca global podría ser severo si se descubre que hemos violado los requisitos de AML [prevención del blanqueo de capitales], antisoborno y corrupción”.
Según consta en la información remitida la pasada noche, el Santander mantiene siete cuentas bloqueadas (de cinco clientes diferentes) en su filial del Reino Unido. Estos clientes, reconoce, “están designados por EE UU bajo el programa de sanciones de Terroristas Globales Especialmente Designados”. Unas cuentas bancarias que ya estaban bloqueadas a cierre del ejercicio anterior. “Se trata de un tema muy complejo, por la cantidad de testaferros que existen. No es fácil vincular a una persona con algún entramado delictivo”, explica una fuente financiera ajena al banco de origen cántabro.
Algo parecido ocurre en la sucursal belga, a través de Santander Consumer Finance, donde cuenta con otras siete cuentas bloqueadas para un banco iraní que también está en la lista negra norteamericana. “Las cuentas han estado bloqueadas desde 2008. Ningún ingreso o beneficio fue generado por la sucursal belga en estas cuentas en el año finalizado el 31 de diciembre de 2023″, matiza la entidad que preside Ana Botín. En 2022, la división de Santander Consumer Finance contaba con otro cliente sancionado en Grecia, pero salió del banco antes de concluir ese ejercicio.
De vuelta a lo reportado, en Brasil mantiene a cierre del año pasado otras tres cuentas bloqueadas de otros tantos clientes con domicilio en este país, incluidos igualmente por Estados Unidos en su programa de sanciones. Además, el grupo cuenta con garantías sobre el beneficio de una entidad iraní que está en el mismo programa de sanciones de terroristas globales. En concreto, se trata de garantías sobre obligaciones de contratistas que participaron en licitaciones públicas en Irán que se remontan a antes del 27 de abril de 2007.
“Los ingresos y beneficios generados en estas cuentas en el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 fueron insignificantes en relación con los beneficios generales de Banco Santander”, incide en cada punto la entidad. Y advierte de que no está autorizado contractualmente a cancelar los acuerdos en vigor sin pagar el importe garantizado o perder los importes pendientes que se le adeuden. Por ello, afirma “tener la intención de seguir prestando las garantías y manteniendo estos activos de acuerdo con la legislación aplicable”.
Esta prolija explicación, que ha remitido a la SEC pero no se incluye en el informe anual comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) español, se produce en Estados Unidos ante las exigencias que impone el regulador del país. Según figura en la Ley de Bolsa, “se requiere que un emisor divulgue en sus informes anuales o trimestrales, según corresponda, si él o cualquiera de sus afiliados participaron conscientemente en ciertas actividades, transacciones o tratos relacionados con Irán o con individuos o entidades designadas conforme a ciertas órdenes ejecutivas”, explica el Santander.
De hecho, estas informaciones son obligatorias incluso cuando las actividades, transacciones o tratos se hayan llevado a cabo en cumplimiento con la ley aplicable. Es decir, no es el reconocimiento de una falta, sino que detalla la mera operativa para que el supervisor pueda corroborarlo.
