El caso Lava Jato vuelve a tomar protagonismo en el país. La Fiscalía retomó las investigaciones de supuesta corrupción en la adjudicación de proyectos carreteros a constructoras brasileñas. Hay al menos 25 investigados que fueron funcionarios entre 2004 y 2007.
El martes, una convocatoria ante la Fiscalía levantó polvareda en Comunidad Ciudadana (CC), alianza opositora dirigida por el expresidente Carlos Mesa. El diputado Carlos Alarcón, quien fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa (2003-2005), fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.
Al salir del Ministerio Público, en La Paz, denunció que se reactivó el proceso tras cinco años, luego que una comisión legislativa halló indicios para una denuncia penal en 2018, en un informe que menciona a Mesa. Alarcón apuntó al Gobierno de desempolvar el caso como una “represalia” porque CC busca cesar de sus cargos a los magistrados prorrogados.
Lava Jato
El caso Lava Jato es considerado la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. Develó una arquitectura colosal para la corrupción y el lavado de dinero, que salpicó a varios países. Uno de los tentáculos estaba compuesto por constructoras brasileñas que pagaban “coimas” a funcionarios de otras naciones para ganar licitaciones públicas. Las compañías implicadas son Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, entre otras. Según las investigaciones, toda la red movió ilegalmente más de $us 8.000 millones.
En cuanto a la citación de Alarcón, la investigación gira en torno a la constructora Camargo Correa. Al respecto, el asambleísta aclaró que en la gestión de Mesa no se desembolsó un peso para la carretera encargada a esa compañía, y dijo que el contrato se reactivó en la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y los pagos se realizaron en el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Ayer, Mesa emitió también su protesta por la reactivación de las indagaciones. Al igual que Alarcón, indicó que todo responde a una “represalia” y aclaró que es la segunda vez que se abre el proceso, ya que en la primera ocasión no hubo ninguna prueba en su contra. “Es la decisión de la injusticia… Muestra una actitud de venganza por nuestras denuncias permanentes de irregularidades”, remarcó, en Correo del Sur Radio.
Investigación
Ante estas versiones, salió al paso el fiscal José Rodríguez, quien es parte de la comisión que investiga el caso. Explicó que hay al menos 25 exfuncionarios públicos en la mira, quienes ocuparon cargos entre 2004 y 2007, y que se indaga el presunto pago de sobornos de firmas brasileñas para adjudicarse las carreteras Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.
Los delitos del proceso en cuestión son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. “La comisión de fiscales, en uso de sus atribuciones y competencias, vio pertinente citar a exfuncionarios que ejercieron cargos públicos durante los hechos que se investigan”, subrayó el fiscal.
Tras lo sucedido con Alarcón, pidió que su citación “no sea mal interpretada ni usada con fines políticos”. Por ello, aclaró que el caso se inició tras una investigación legislativa que evidenció que mediante el decreto 27693 se ordenó al extinto Servicio Nacional de Caminos la licitación de obras del tramo Roboré-Puerto Suárez, pero se modificaron tramos y se suprimieron ítems para consolidar un proyecto de $us 97,1 millones.
“Camargo Correa y Odebrecht, con sus asociadas bolivianas ARG Ltda., e IASA, lograron una presunta participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado boliviano desde el 2004 al 2007 mediante acuerdos, presuntamente irregulares, con autoridades y servidores públicos, como también personas privadas y naturales”, señala la Fiscalía.
