Más de 100 académicos piden la intervención del Gobierno británico para que sus universidades publiquen la identidad de los grandes donantes mientras rectores se niegan por miedo a perder más dinero después del Brexit
Al final de un callejón, un edificio anodino de ladrillo tiene grabado el nombre de Instituto Oriental en un fondo amarillo con letras doradas y unas ondas marrones debajo. Se inauguró en 1961 y alberga la que hoy se llama facultad de estudios de Asia y Oriente Medio. En 2022, abandonó la denominación de facultad de estudios orientales por considerar “inapropiado” el término “oriental”.
Desde 2019, aquí está también el centro Nizami Ganjavi de Oxford para el estudio de la historia y las lenguas de Azerbaiyán, el Cáucaso y Asia Central. Ganjavi es un poeta azerí del siglo XII. Según su propia descripción, la misión del centro es “animar y apoyar la investigación de esta región clave del mundo”. El centro se fundó con una donación “anónima” de 10 millones de libras (casi 12 millones de euros) y, pese a las peticiones de académicos, estudiantes, medios y organizaciones dedicadas a la transparencia, la Universidad de Oxford se niega a revelar qué persona o empresa ha donado ese dinero. En el consejo del centro y en un órgano de benefactores de la Universidad está sentada Nargiz Pashayeva, filántropa, rectora de la filial en Baku de la Universidad Estatal de Moscú y cuñada del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. El mandatario ha sido recién reelegido con más del 90% de apoyos en una votación sin rivales y dentro de un régimen denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones por falta de libertad de expresión, discriminación y violación de la legislación internacional. Pashayeva, identificada como “facilitadora” de la donación de Oxford, ha recibido honores de su cuñado por su labor; su hermana, Mehriban Aliyeva, es la vicepresidenta del país desde 2017.
Entre los múltiples escándalos de los últimos años, una investigación del Guardian reveló en 2017 que la élite gobernante en Azerbaiyán digirió una operación secreta para pagar a políticos y lobbistas en instituciones europeas -entre otros a miembros del Consejo de Europa, la organización de defensa de los derechos humanos- y lavar dinero a través de empresas británicas opacas. En 2021, otra investigación reveló que la empresa que gestiona los bienes de la corona británica compró propiedades por valor de al menos 67 millones de libras (78 millones de euros) ligadas al presidente de Azerbaiyán, entre ellas un edificio que estaba a nombre de su hijo, que entonces tenía 11 años.
El “triángulo dorado”
La preocupación por el secretismo viene de un patrón detectado en instituciones del Reino Unido y que incluye a partidos políticos, que han aceptado donaciones de dudosa procedencia ligadas directa o indirectamente a regímenes autoritarios, como Azerbaiyán, Rusia, China o países del Golfo Pérsico.
“Es un grupo de élites que han ganado su dinero de manera corrupta, generalmente relacionado con altos niveles de violencia, y luego lo han puesto en cualquier parte de una universidad o del Partido Conservador o de la familia real”, explica el profesor John Heathershaw, economista político de la Universidad de Exeter especializado en Asia Central y activo defensor de la transparencia en la financiación de las universidades británicas. “El triángulo dorado de las donaciones en el Reino Unido es Oxford o Cambridge, la familia real y el partido gobernante, que desde hace 14 años es el Partido Conservador. Algunas de las personas que estudiamos han donado a los tres”, dice el académico y coautor de un libro sobre la “cleptocracia” entre instituciones británicas y las “élites postcomunistas”. A veces, el objetivo es el lavado de dinero tradicional, pero otras es lo que el profesor describe como “lavado de influencias y reputación” que da la posibilidad a una élite de millonarios rusos, chinos o azeríes de conseguir pasaportes, inmuebles, pertenencia a clubes e influencia sobre asuntos que les afectan a través de la filantropía.
Heathershaw está entre los 120 académicos, activistas de la transparencia y algunos políticos que han firmado una carta para pedir que las universidades publiquen la identidad de sus grandes donantes. Entre los firmantes también está el director del centro Nizami Ganjavi de Oxford, Alexander Morrison, historiador especialista en el imperialismo ruso en Asia Central. “Sin transparencia sobre de dónde viene el dinero no puedes evaluar completamente la calidad, la integridad y la independencia de la investigación académica”, dijo hace unos días Morrison al Oxford Cherwell, el principal periódico universitario de Oxford y que ha investigado la misteriosa donación. El profesor asegura que el régimen de Azerbaiyán no ha influido en las actividades de su centro, pero la falta de transparencia está “oscureciendo el buen trabajo” de su institución.
La misiva, dirigida a la ministra de Educación del Gobierno conservador y a la representante de Educación de la oposición laborista, la ha promovido openDemocracy, un medio sin ánimo de lucro, dedicado a la transparencia y que ha publicado varias investigaciones periodísticas sobre la financiación opaca de las grandes universidades.
En respuesta a la carta, un portavoz de la Universidad dijo por escrito a elDiario.es que “los donantes no influyen en cómo los académicos llevan a cabo su investigación” y que los grandes donantes, como el de este caso, se revisan y aprueban por parte de un comité que considera “asuntos legales, éticos y reputacionales antes de aceptar las donaciones”. La Universidad recalca que su comité de expertos conocía la identidad del donante de los 10 millones de libras y la aprobó a través del mecanismo habitual de control.
Un tribunal especializado en la libertad de información celebró este jueves una audiencia para examinar el recurso para pedir la publicación del nombre del donante de Oxford presentado por la reportera de openDemocracy Jenna Corderoy. La periodista defendió el interés público de aclarar la identidad de la fuente directa o indirecta de una suma tan significativa de dinero que conlleva “una cierta cantidad de poder” y puede contribuir al “lavado de imagen” de una élite o un régimen. “Simplemente apuntar a la guía de conducta no es suficiente. Necesitamos respuestas específicas a preguntas específicas”, dijo Corderoy ante el juez, que decidirá sobre el caso en las próximas semanas.
Presión contra la regulación
Las universidades en el Reino Unido, que también reciben dinero del Estado, no están obligadas a publicar información sobre la identidad de sus donantes por muy alta que sea la cantidad. Ni siquiera a compartirla con ningún regulador o con representantes del profesorado y los estudiantes, como piden desde hace años grupos de académicos e intentó el Parlamento británico en una ley sobre educación superior aprobada en 2023. Entonces, un diputado conservador introdujo una enmienda para que las universidades tuvieran la “obligación de revelación” de sus grandes donantes al menos a un regulador que representa a los estudiantes. La presión de las grandes universidades del país logró diluir la enmienda hasta que se quedó en una simple recomendación de que deben “considerar” compartir información sobre donantes.
Emails publicados por openDemocracy muestran que el rector de Cambridge de entonces, Stephen Toope, dijo que si compartieran la identidad de grandes donantes eso obstaculizaría su capacidad de recaudar dinero. “Muchos donantes, sobre todo de países que subrayan la importancia de la privacidad, pueden sentir que su donación es un asunto privado”, escribió, según openDemocracy.
El resultado fue que la enmienda prevista quedó desvirtuada.
“Queríamos que las universidades tuvieran el deber de revelar”, explica el profesor Heathershaw, que testificó en el Parlamento como parte de un grupo para luchar por la transparencia en las universidades. “Sería una forma de transparencia y rendición de cuentas, no necesariamente ante todo el público, pero al menos dentro de la comunidad académica. Se trata de tener una universidad gobernada por sus profesores, que es la tradición en las universidades británicas. Y ahora también estarían los estudiantes, que están más involucrados”.
Ahora un comité de donaciones evalúa cada oferta y rechaza cada año una parte de empresarios, fundaciones y gobiernos que plantean dudas sobre reputación, legitimidad o legalidad. También sucede en otras instituciones culturales y en los partidos. Para intentar sortear esos controles, esto ha dado pie, según Heathershow, a la creación de un sistema de intermediarios y empresas encabezadas por “un donante legítimo” que sirven de pantalla para canalizar algunas de estas donaciones. El anonimato despierta sospechas, como en el caso del centro de Oxford y su potencial relación con el Gobierno de Azerbaiyán. Como especialista, cree que el donante es una persona con sede en Europa y que la Universidad mantiene el anonimato “para ocultar la naturaleza de la relación entre ese donante y el régimen” y que ese es “un problema moral y ético básico”.
“Como académico, cuando publico o hago cualquier investigación, debo declarar a mi financiador. Es un requisito básico. Si no hago eso, estoy violando la ética profesional. Pero resulta que las universidades pueden aceptar dinero sin declarar a sus financiadores”, explica.
Heathershaw entiende la ansiedad en las universidades británicas por recaudar más dinero privado, sobre todo ahora que han perdido estudiantes, profesores y fondos de la UE por el Brexit, y que las nuevas reglas migratorias dificultan reclutar académicos y alumnos. “Lo triste es que en el Reino Unido las universidades se sienten bajo el asedio del Gobierno, que está ideando todo tipo de nuevas reglas… Tienen razón en eso. Pero no tienen autoridad moral para defender ese argumento cuando aceptan donaciones anónimas o cuando participan en asociaciones internacionales en las que saben que se está violando la libertad académica”. El profesor cita casos de campus filiales en China o, como hace su propia universidad, en el Golfo Pérsico.
Más de 100 millones en donaciones anónimas
Oxford es la Universidad que más donaciones anónimas recibe: más de 106 millones de libras (123 millones de euros) desde 2017, según la investigación de openDemocracy publicada en diciembre con los últimos datos disponibles. Entre los 68 donantes anónimos identificados, al menos diez donaron más del equivalente a dos millones de euros cada uno.
En total, 24 universidades británicas que pertenecen al llamado Russell Group -una red de las consideradas más prestigiosas- aceptaron al menos 281 millones de libras (328 millones de euros) en donaciones anónimas. Algunas ni siquiera quieren desvelar la cifra exacta, como es el caso de la Universidad de Cambridge, que sólo declaró que las donaciones anónimas recibidas en ese periodo están entre unos 30 y 60 millones de euros.
Un portavoz de la Universidad de Cambridge tampoco aclara la cantidad a elDiario.es, pero dice por escrito que la Universidad “no acepta donaciones completamente anónimas”, pero que hay “donantes grandes y pequeños que quieren que sus donaciones se mantengan privadas -tal vez por razones de seguridad- y que, por supuesto, tienen ese derecho”. El portavoz también subraya que existe un proceso de control antes de aceptar las donaciones.
La mayoría de donaciones van a Oxford y Cambridge y en muchos casos proceden de personas que no han estudiado en estas universidades o no tienen ninguna relación académica con ellas pero buscan el prestigio del nombre. Entre otros centros, destaca el King ‘s College de Londres, con más de 30 millones de euros en donaciones anónimas, y después, más atrás, las universidades de Durham, Manchester y Edimburgo.
Los donantes más controvertidos ahora y que las universidades suelen rechazar son oligarcas rusos, limitados por las sanciones tras la invasión rusa de Ucrania de 2022, y las empresas de combustibles fósiles.
En algunos casos, se conoce su identidad, pero apenas se comenta por miedo a las querellas, un mecanismo del que han abusado durante años en el Reino Unido en particular los representantes de la élite rusa, intentando parar libros e investigaciones periodísticas. Hace unos meses, en un tour organizado por estudiantes de Oxford sobre la financiación de la Universidad nuestra guía hablaba de las protestas por ponerle a la escuela de gobierno el nombre de Leon Blavatnik, un multimillonario nacido en Ucrania y cuestionado por su relación con el círculo empresarial de Vladímir Putin, y se apresuraba a aclarar que no lo estaba llamando “oligarca” y que el empresario podía denunciarla por ello.
El poder del sector privado
Desde 2022, hay dos nuevas leyes para perseguir delitos económicos y exigir transparencia corporativa, entre cosas para controlar el dinero ruso que puebla la City de Londres, su mercado inmobiliario y sus universidades. Pero ya existía una legislación de 2002 contra el lavado de dinero. “Es una de las mejores del mundo, pero no se ha hecho cumplir”, dice el profesor Heathershaw, que se queja, por ejemplo, de que sigue siendo más fácil para un oligarca ruso o chino con fondos de procedencia dudosa abrir una cuenta en el Reino Unido que para cualquiera de sus estudiantes extranjeros. “Sólo se aplica a aquellos que no son el problema y no se aplica a aquellos que sí lo son”, dice el profesor que ve un “patrón” de décadas del “poder del sector privado y debilidad del sector público”. “Los abogados y el sector financiero son más poderosos que el Estado británico, ese es el equilibrio de poder en el Reino Unido. Las empresas de servicios financieros y legales están varios pasos por delante”, dice el profesor. Según él, el cambio sucedió por la liberalización de Margaret Thatcher que “destrozó” el sistema regulatorio.
Ahora cree que el “tribunal de la opinión pública” es que el puede de vez en cuando mover al Gobierno para que actúe y también a instituciones preocupadas por su reputación. De hecho, el escrutinio público ha tocado a las universidades más que la legislación.
Desde 2019, aquí está también el centro Nizami Ganjavi de Oxford para el estudio de la historia y las lenguas de Azerbaiyán, el Cáucaso y Asia Central. Ganjavi es un poeta azerí del siglo XII. Según su propia descripción, la misión del centro es “animar y apoyar la investigación de esta región clave del mundo”. El centro se fundó con una donación “anónima” de 10 millones de libras (casi 12 millones de euros) y, pese a las peticiones de académicos, estudiantes, medios y organizaciones dedicadas a la transparencia, la Universidad de Oxford se niega a revelar qué persona o empresa ha donado ese dinero. En el consejo del centro y en un órgano de benefactores de la Universidad está sentada Nargiz Pashayeva, filántropa, rectora de la filial en Baku de la Universidad Estatal de Moscú y cuñada del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. El mandatario ha sido recién reelegido con más del 90% de apoyos en una votación sin rivales y dentro de un régimen denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones por falta de libertad de expresión, discriminación y violación de la legislación internacional. Pashayeva, identificada como “facilitadora” de la donación de Oxford, ha recibido honores de su cuñado por su labor; su hermana, Mehriban Aliyeva, es la vicepresidenta del país desde 2017.
Entre los múltiples escándalos de los últimos años, una investigación del Guardian reveló en 2017 que la élite gobernante en Azerbaiyán digirió una operación secreta para pagar a políticos y lobbistas en instituciones europeas -entre otros a miembros del Consejo de Europa, la organización de defensa de los derechos humanos- y lavar dinero a través de empresas británicas opacas. En 2021, otra investigación reveló que la empresa que gestiona los bienes de la corona británica compró propiedades por valor de al menos 67 millones de libras (78 millones de euros) ligadas al presidente de Azerbaiyán, entre ellas un edificio que estaba a nombre de su hijo, que entonces tenía 11 años.
El “triángulo dorado”
La preocupación por el secretismo viene de un patrón detectado en instituciones del Reino Unido y que incluye a partidos políticos, que han aceptado donaciones de dudosa procedencia ligadas directa o indirectamente a regímenes autoritarios, como Azerbaiyán, Rusia, China o países del Golfo Pérsico.
“Es un grupo de élites que han ganado su dinero de manera corrupta, generalmente relacionado con altos niveles de violencia, y luego lo han puesto en cualquier parte de una universidad o del Partido Conservador o de la familia real”, explica el profesor John Heathershaw, economista político de la Universidad de Exeter especializado en Asia Central y activo defensor de la transparencia en la financiación de las universidades británicas. “El triángulo dorado de las donaciones en el Reino Unido es Oxford o Cambridge, la familia real y el partido gobernante, que desde hace 14 años es el Partido Conservador. Algunas de las personas que estudiamos han donado a los tres”, dice el académico y coautor de un libro sobre la “cleptocracia” entre instituciones británicas y las “élites postcomunistas”. A veces, el objetivo es el lavado de dinero tradicional, pero otras es lo que el profesor describe como “lavado de influencias y reputación” que da la posibilidad a una élite de millonarios rusos, chinos o azeríes de conseguir pasaportes, inmuebles, pertenencia a clubes e influencia sobre asuntos que les afectan a través de la filantropía.
Heathershaw está entre los 120 académicos, activistas de la transparencia y algunos políticos que han firmado una carta para pedir que las universidades publiquen la identidad de sus grandes donantes. Entre los firmantes también está el director del centro Nizami Ganjavi de Oxford, Alexander Morrison, historiador especialista en el imperialismo ruso en Asia Central. “Sin transparencia sobre de dónde viene el dinero no puedes evaluar completamente la calidad, la integridad y la independencia de la investigación académica”, dijo hace unos días Morrison al Oxford Cherwell, el principal periódico universitario de Oxford y que ha investigado la misteriosa donación. El profesor asegura que el régimen de Azerbaiyán no ha influido en las actividades de su centro, pero la falta de transparencia está “oscureciendo el buen trabajo” de su institución.
La misiva, dirigida a la ministra de Educación del Gobierno conservador y a la representante de Educación de la oposición laborista, la ha promovido openDemocracy, un medio sin ánimo de lucro, dedicado a la transparencia y que ha publicado varias investigaciones periodísticas sobre la financiación opaca de las grandes universidades.
En respuesta a la carta, un portavoz de la Universidad dijo por escrito a elDiario.es que “los donantes no influyen en cómo los académicos llevan a cabo su investigación” y que los grandes donantes, como el de este caso, se revisan y aprueban por parte de un comité que considera “asuntos legales, éticos y reputacionales antes de aceptar las donaciones”. La Universidad recalca que su comité de expertos conocía la identidad del donante de los 10 millones de libras y la aprobó a través del mecanismo habitual de control.
Un tribunal especializado en la libertad de información celebró este jueves una audiencia para examinar el recurso para pedir la publicación del nombre del donante de Oxford presentado por la reportera de openDemocracy Jenna Corderoy. La periodista defendió el interés público de aclarar la identidad de la fuente directa o indirecta de una suma tan significativa de dinero que conlleva “una cierta cantidad de poder” y puede contribuir al “lavado de imagen” de una élite o un régimen. “Simplemente apuntar a la guía de conducta no es suficiente. Necesitamos respuestas específicas a preguntas específicas”, dijo Corderoy ante el juez, que decidirá sobre el caso en las próximas semanas.
Presión contra la regulación
Las universidades en el Reino Unido, que también reciben dinero del Estado, no están obligadas a publicar información sobre la identidad de sus donantes por muy alta que sea la cantidad. Ni siquiera a compartirla con ningún regulador o con representantes del profesorado y los estudiantes, como piden desde hace años grupos de académicos e intentó el Parlamento británico en una ley sobre educación superior aprobada en 2023. Entonces, un diputado conservador introdujo una enmienda para que las universidades tuvieran la “obligación de revelación” de sus grandes donantes al menos a un regulador que representa a los estudiantes. La presión de las grandes universidades del país logró diluir la enmienda hasta que se quedó en una simple recomendación de que deben “considerar” compartir información sobre donantes.
Emails publicados por openDemocracy muestran que el rector de Cambridge de entonces, Stephen Toope, dijo que si compartieran la identidad de grandes donantes eso obstaculizaría su capacidad de recaudar dinero. “Muchos donantes, sobre todo de países que subrayan la importancia de la privacidad, pueden sentir que su donación es un asunto privado”, escribió, según openDemocracy.
El resultado fue que la enmienda prevista quedó desvirtuada.
“Queríamos que las universidades tuvieran el deber de revelar”, explica el profesor Heathershaw, que testificó en el Parlamento como parte de un grupo para luchar por la transparencia en las universidades. “Sería una forma de transparencia y rendición de cuentas, no necesariamente ante todo el público, pero al menos dentro de la comunidad académica. Se trata de tener una universidad gobernada por sus profesores, que es la tradición en las universidades británicas. Y ahora también estarían los estudiantes, que están más involucrados”.
Ahora un comité de donaciones evalúa cada oferta y rechaza cada año una parte de empresarios, fundaciones y gobiernos que plantean dudas sobre reputación, legitimidad o legalidad. También sucede en otras instituciones culturales y en los partidos. Para intentar sortear esos controles, esto ha dado pie, según Heathershow, a la creación de un sistema de intermediarios y empresas encabezadas por “un donante legítimo” que sirven de pantalla para canalizar algunas de estas donaciones. El anonimato despierta sospechas, como en el caso del centro de Oxford y su potencial relación con el Gobierno de Azerbaiyán. Como especialista, cree que el donante es una persona con sede en Europa y que la Universidad mantiene el anonimato “para ocultar la naturaleza de la relación entre ese donante y el régimen” y que ese es “un problema moral y ético básico”.
“Como académico, cuando publico o hago cualquier investigación, debo declarar a mi financiador. Es un requisito básico. Si no hago eso, estoy violando la ética profesional. Pero resulta que las universidades pueden aceptar dinero sin declarar a sus financiadores”, explica.
Heathershaw entiende la ansiedad en las universidades británicas por recaudar más dinero privado, sobre todo ahora que han perdido estudiantes, profesores y fondos de la UE por el Brexit, y que las nuevas reglas migratorias dificultan reclutar académicos y alumnos. “Lo triste es que en el Reino Unido las universidades se sienten bajo el asedio del Gobierno, que está ideando todo tipo de nuevas reglas… Tienen razón en eso. Pero no tienen autoridad moral para defender ese argumento cuando aceptan donaciones anónimas o cuando participan en asociaciones internacionales en las que saben que se está violando la libertad académica”. El profesor cita casos de campus filiales en China o, como hace su propia universidad, en el Golfo Pérsico.
Más de 100 millones en donaciones anónimas
Oxford es la Universidad que más donaciones anónimas recibe: más de 106 millones de libras (123 millones de euros) desde 2017, según la investigación de openDemocracy publicada en diciembre con los últimos datos disponibles. Entre los 68 donantes anónimos identificados, al menos diez donaron más del equivalente a dos millones de euros cada uno.
En total, 24 universidades británicas que pertenecen al llamado Russell Group -una red de las consideradas más prestigiosas- aceptaron al menos 281 millones de libras (328 millones de euros) en donaciones anónimas. Algunas ni siquiera quieren desvelar la cifra exacta, como es el caso de la Universidad de Cambridge, que sólo declaró que las donaciones anónimas recibidas en ese periodo están entre unos 30 y 60 millones de euros.
Un portavoz de la Universidad de Cambridge tampoco aclara la cantidad a elDiario.es, pero dice por escrito que la Universidad “no acepta donaciones completamente anónimas”, pero que hay “donantes grandes y pequeños que quieren que sus donaciones se mantengan privadas -tal vez por razones de seguridad- y que, por supuesto, tienen ese derecho”. El portavoz también subraya que existe un proceso de control antes de aceptar las donaciones.
La mayoría de donaciones van a Oxford y Cambridge y en muchos casos proceden de personas que no han estudiado en estas universidades o no tienen ninguna relación académica con ellas pero buscan el prestigio del nombre. Entre otros centros, destaca el King ‘s College de Londres, con más de 30 millones de euros en donaciones anónimas, y después, más atrás, las universidades de Durham, Manchester y Edimburgo.
Los donantes más controvertidos ahora y que las universidades suelen rechazar son oligarcas rusos, limitados por las sanciones tras la invasión rusa de Ucrania de 2022, y las empresas de combustibles fósiles.
En algunos casos, se conoce su identidad, pero apenas se comenta por miedo a las querellas, un mecanismo del que han abusado durante años en el Reino Unido en particular los representantes de la élite rusa, intentando parar libros e investigaciones periodísticas. Hace unos meses, en un tour organizado por estudiantes de Oxford sobre la financiación de la Universidad nuestra guía hablaba de las protestas por ponerle a la escuela de gobierno el nombre de Leon Blavatnik, un multimillonario nacido en Ucrania y cuestionado por su relación con el círculo empresarial de Vladímir Putin, y se apresuraba a aclarar que no lo estaba llamando “oligarca” y que el empresario podía denunciarla por ello.
El poder del sector privado
Desde 2022, hay dos nuevas leyes para perseguir delitos económicos y exigir transparencia corporativa, entre cosas para controlar el dinero ruso que puebla la City de Londres, su mercado inmobiliario y sus universidades. Pero ya existía una legislación de 2002 contra el lavado de dinero. “Es una de las mejores del mundo, pero no se ha hecho cumplir”, dice el profesor Heathershaw, que se queja, por ejemplo, de que sigue siendo más fácil para un oligarca ruso o chino con fondos de procedencia dudosa abrir una cuenta en el Reino Unido que para cualquiera de sus estudiantes extranjeros. “Sólo se aplica a aquellos que no son el problema y no se aplica a aquellos que sí lo son”, dice el profesor que ve un “patrón” de décadas del “poder del sector privado y debilidad del sector público”. “Los abogados y el sector financiero son más poderosos que el Estado británico, ese es el equilibrio de poder en el Reino Unido. Las empresas de servicios financieros y legales están varios pasos por delante”, dice el profesor. Según él, el cambio sucedió por la liberalización de Margaret Thatcher que “destrozó” el sistema regulatorio.
Ahora cree que el “tribunal de la opinión pública” es que el puede de vez en cuando mover al Gobierno para que actúe y también a instituciones preocupadas por su reputación. De hecho, el escrutinio público ha tocado a las universidades más que la legislación.
Después de las investigaciones de openDemocracy y otras organizaciones, la Universidad de Cambridge anunció a mediados de marzo que dejará de aceptar de momento cualquier donación que provenga de empresas del petróleo y el gas. Un informe sobre las donaciones recibidas alertó de que estos regalos estaban creando “un grave riesgo reputacional”. Shell y BP donaron a la Universidad de Cambridge el equivalente a más de 23 millones de euros entre 2016 y 2023, según un análisis del Financial Times. Ambas empresas han financiado investigación para energías más limpias, pero los defensores de la moratoria aseguran que las energéticas sólo trataban de blanquear su imagen.
La Universidad de Oxford sigue aceptando estas donaciones según una guía específica para este dinero, que establece, por ejemplo, que debe tratarse de empresas que estén invirtiendo para crear energías más limpias y estén comprometidas con las emisiones netas cero para 2050. Cambridge tenía unos criterios parecidos, pero la moratoria apunta a que son parte del problema que contribuye al “ecopostureo”.
