Las nuevas leyes garantizan que las personas y entidades con un interés legítimo, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades competentes y los organismos de supervisión, tengan acceso inmediato, sin filtros, directo y gratuito a la información sobre la titularidad real contenida en los registros nacionales e interconectada a escala de la UE. Además de la información actual, los registros incluirán datos de hasta cinco años atrás.
Las leyes también otorgan a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) más poderes para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender transacciones sospechosas.
Diligencia debida de amplio alcance
La normativa incluye medidas reforzadas de diligencia debida y controles de la identidad de los clientes, tras lo cual las denominadas entidades obligadas (por ejemplo, bancos, gestores de activos y criptoactivos o agentes inmobiliarios y virtuales) tienen que notificar actividades sospechosas a las UIF y otras autoridades competentes.
A partir de 2029, los clubes de fútbol profesional de primer nivel que participen en transacciones financieras de alto valor con inversores o patrocinadores, incluidos los anunciantes y la transferencia de jugadores, también tendrán que verificar la identidad de sus clientes, supervisar las transacciones y notificar cualquier transacción sospechosa a las UIF.
La legislación también contiene disposiciones reforzadas de vigilancia en relación con las personas extremadamente ricas (cuyo patrimonio alcanza los 50 millones de euros, excluida su residencia principal), un límite a escala de la UE de 10.000 euros para pagos en efectivo, excepto entre particulares en un contexto no profesional, y medidas para garantizar el cumplimiento de sanciones financieras específicas y evitar la elusión de las sanciones.
Órgano central de vigilancia
Para supervisar las nuevas normas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, se establecerá en Fráncfort un nuevo órgano, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA). Se encargará de supervisar directamente a las entidades financieras de mayor riesgo, intervenir en caso de fallos de supervisión, actuar como centro de coordinación para los supervisores y mediar en los litigios entre ellos. También supervisará la aplicación de sanciones financieras específicas.
El paquete de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo consta de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales (aprobada con 513 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones), el Reglamento sobre el código normativo único de la UE (aprobado con 479 votos a favor, 61 en contra y 32 abstenciones) y la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (aprobada con 482 votos a favor, 47 en contra y38 abstenciones).
Próximos pasos
Los textos deben todavía ser aprobados formalmente por el Consejo, antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Con la adopción del paquete, el Parlamento responde a las demandas de los ciudadanos expresados en las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en concreto, las propuestas 16(1) y 16(2) sobre prevención de la evasión fiscal y sobre cooperación en fiscalidad corporativa.
