Los diputados aprobaron en primer debate la reforma de ley 8754 “Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”, conocida como Ley contra la Delincuencia Organizada. Dicha iniciativa se tramita fue aprobada bajo el expediente 22.834.
Entre los principales puntos del proyecto están el fortalecimiento del instituto de recuperación de activos, para asegurar los bienes provenientes del narcotráfico y crimen organizado.
En palabras simples, lo que se busca es que los capitales incautados al narco no se vayan del país.
“Si bien es cierto, la persecución patrimonial al igual que la penal tienen como objetivo común el combate del crimen, enfocado principalmente al generador de altas rentabilidades, se debe recordar que la primera pretende sanear el acceso a la propiedad privada”, indica el texto.
Otro de los principales objetivos de dicha iniciativa consiste en la interposición de penas a personas que sean consideradas responsables de un delito, pero también se buscaría que el Ministerio Público trabaje de la mano con Hacienda.
El Ministerio Público podrá solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés, cuando se requiera autorización jurisdiccional.
Para la adopción de la medida no se requiere otorgar audiencia. Concedida la medida anticipada, el Ministerio Público contará con un plazo de un mes para la interposición de la denuncia, contado a partir de la notificación del auto que ordena la medida o de la ejecución efectiva de la diligencia. Transcurrido ese plazo sin que se haya planteado la denuncia respectiva, el juez ordenará el cese de la medida anticipada adoptada.
“Los mandamientos que ordenan medidas cautelares expedidos en cualquier etapa del proceso estarán exentos del pago de cualquier tributo, sin que se requiera la nota respectiva del Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda”, asegura el proyecto.
A pesar del avance legislativo, diputados de distintas fracciones analizan retrotraer la propuesta a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para implementar nuevos cambios al texto de ley.
EXPERTOS
Para el exministro de Seguridad Gustavo Mata es fundamental que este tipo de iniciativas se aprueben, puesto que Costa Rica enfrenta una crisis de violencia y debe atender los proyectos de seguridad.
“El país está pasando por alta violencia criminal por parte, principalmente del crimen organizado. Es muy importante que los señores y señoras diputados estén aprobando proyectos que van en pro de la lucha contra estos grupos criminales, principalmente lo que es capitales emergentes.
Lo que busca este proyecto es principalmente quitarles la plata, que es lo que mueven los grupos criminales, quitándoles el dinero se les debilita y se les causa un terrible perjuicio y eso conlleva a que eventualmente desaparezcan”, externó Mata.
Por otra parte, para el experto en delincuencia y anticorrupción Mario Arias este es un gran paso en la dirección correcta que se debe dar en Costa Rica.
“Esto es un avance gigante, para lograr darle trazabilidad a los dineros del crimen organizado, esto es crucial para fortalecer nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, esto con el fin de añadir medidas anticipadas y provisionales que son fundamentales para la lucha del incremento de capital sin causa lícita.
Actualmente las entidades públicas están muy amarradas para darle trazabilidad a este tipo de incremento patrimonial, sin embargo, con este proyecto se busca que esto no sea así”, alegó Arias.
Se espera que los legisladores den segundo debate a esta ley durante esta semana.
En caso de ser así, pasará a manos del Poder Ejecutivo para convertirse en ley de la República.
