Fabián “El Gordo” Di Julio estaba prófugo hace dos meses en Argentina, acusado de liderar una banda que lavaba dinero de ganancias obtenidas en el juego ilegal y contrabandear teléfonos celulares. Para ocultar esas operaciones, utilizaba criptomonedas. Acorralado, este miércoles se entregó a la Justicia.
¿Cómo era el modus operandi de esta organización criminal? Todo surgió en septiembre del año pasado, a partir de una denuncia anónima que llegó a la Policía Federal Argentina (PFA) por medio de un correo electrónico. Allí se relataron actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos, con una presunta vinculación de funcionarios de la Aduana.
La pesquisa derivó en una sospecha de lavado de dinero y la promoción de casinos clandestinos online. Pero no fue la única actividad ilícita. En el marco de esas maniobras, hubo otros roles que se dedicaban a poner en circulación las ganancias ilícitas y justificarlas con múltiples operaciones de sumas millonarias con criptomonedas, al menos desde 2021.
Según consta en la investigación del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, en estas maniobras se destacan múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí, lo que fue dificultando la trazabilidad y confundiendo los patrimonios.
También se realizaron este tipo de operaciones con cuentas de terceros. Por ejemplo, se identificaron maniobras con la stablecoin USDT por sumas que alcanzan 700 mil, 1 millón y hasta 7 millones de unidades, equivalentes a esos mismos montos en dólares. Los saldos con este «cripto dólar» se transferían a través de exchanges.
Estos volúmenes se obtenían de la rentabilidad del contrabando, y de la gestión de una página web de juegos de azar sin autorización legal. Se utilizaba de manera fraudulenta la marca de una casa de juego reconocida públicamente, y que incluye las apuestas deportivas.
De acuerdo con los elementos relevados en la investigación, al menos desde el 1° de octubre pasado gestionaban perfiles de Facebook e Instagram, donde se promocionaba el emprendimiento ilegal para captar apostadores.
Lo cierto es que, en lo que respecta a la recuperación patrimonial del dinero ilegal, la intervención por el momento se sabe poco.
Pese a los volúmenes peritados, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, apenas logró disponer el decomiso anticipado de las cuentas de su billetera virtual al líder de la banda. El monto fue de 28.589,26 USDT, “a los fines de garantizar la eventual reparación patrimonial y recupero del dinero ilícito”, según señala la resolución firmada en junio pasado.
En contraste, el conjunto de las personas detenidas tuvieron embargos de una suma en pesos argentinos equivalente a los 20 millones de dólares. Resta saber si se podrá recuperar el total de los activos ilícitos.
Una vida “injustificable” con operaciones en el anonimato
El caso salió a la luz en mayo pasado, tras la realización de 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en la ciudad de Mar del Plata.
Antes de que se entregara el jefe, ya habían caído en distintas etapas de la causa Franco y Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina.
En esa intervención, se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y rigs de GPU para minar criptomonedas.
Ayer, “El Gordo” Di Julio se presentó ante los tribunales de Mar del Plata, según informó la prensa local de esa ciudad balnearia. Fue trasladado luego al penal federal de Ezeiza, ubicado en las zonas suburbanas de la provincia de Buenos Aires. Hoy iba a presentarse en declaración indagatoria para explicar el funcionamiento de las sociedades ilícitas.
Di Julio fue el último prófugo de la causa en entregarse, ya que días atrás lo había hecho su hijo Gianluca. La restante integrante de su familia, su esposa, Verónica Scrosoppi, fue citada a indagatoria ante la sospecha de algún tipo de responsabilidad penal en las maniobras.
Según la valoración realizada por la Justicia, los movimientos de dinero y el nivel de vida de todos los acusados no se encontraban justificados a partir de una actividad legal y registrada, ni con el patrimonio declarado.
Para el juez Inchausti, los hechos analizados encuadran en el delito de lavado de activos agravado, previsto en el Código Penal Argentino. Se trata de bienes de origen delictivo que se integran en el sistema económico legal bajo una apariencia de haber sido obtenidos lícitamente.
En el conjunto de los delitos tipificados, el juez consideró tanto la asociación ilícita como aquellos cometidos por la organización mencionada, además de la intermediación financiera no autorizada, los delitos tributarios cometidos en las transacciones e infracciones cambiarias.
En la instrucción de mayo, el magistrado puntualizó en el uso de los monederos virtuales que están por fuera del sistema bancario tradicional. Y llamó la atención sobre la ausencia de controles y la escasa regulación vigente.
“El uso de criptoactivos (…) facilita el pseudo anonimato de las operaciones realizadas, la difícil trazabilidad y la posibilidad de operar transnacionalmente con los fondos sin ningún tipo de restricción”, indicó Inchausti en su resolución.
Según la normativa penal local, se prevé realizar esta acción “sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo”.
En este punto, el magistrado mencionó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su organismo regional relacionado para Latinoamérica (GAFILAT), que se incorporaron este año en el entramado jurídico argentino.
