Los investigadores descubrieron cuentas secretas en paraísos fiscales como Suiza y el principado de Mónaco, con millones de dólares y euros ocultos. Hubo varios directivos de Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, detenidos preventivamente durante meses, así como políticos condenados y encarcelados.
Además, la operación Lava Jato consolidó el mecanismo jurídico de la «delación premiada», que permitió recuperar al menos 4.580 millones de dólares (25.000 millones de reales), sustraídos de forma fraudulenta de las arcas de Petrobras.
Pero la mega-investigación también alimentó entre una parte significativa de la población una fuerte desilusión y resistencia hacia la política y los políticos, situación que condujo en 2018 a la elección de Jair Bolsonaro, un parlamentario que, pese a sus casi 30 años de carrera en el Congreso, se presentaba como un antisistema.
La operación Lava Jato nació el 17 de marzo de 2014 y fue desmantelada oficialmente el 3 de febrero de 2021. Esta decisión fue anunciada por el Ministerio Público Federal bajo el mando del entonces fiscal general de la República, Augusto Aras, crítico de la operación y aliado de Bolsonaro. Sin embargo, el sentimiento antipolítico que alimentó la Lava Jato continúa permeando la sociedad brasileña y dando aliento a las voces autoritarias contrarias a la democracia.
Entre los principales hitos de Lava Jato cabe destacar 399 delaciones premiadas, 43 acuerdos de indulgencia (un tipo de acuerdo de culpabilidad para las empresas) y más de 133 acusados. En 2015, fue creada una comisión parlamentaria para investigar los delitos de corrupción que emergieron del caso. En junio de 2017, el exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, fue condenado a 14 años y dos meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
No obstante, el principal acusado por los jueces de Lava Jato fue la constructora Odebrecht (actualmente Novonor).
Odebrecht y la vasta red de corrupción
En 2014 operaba en 24 Estados brasileños y en más de 70 países extranjeros. Entre 2004 y 2014, tuvo movimientos financieros por un valor de 6.410 millones de dólares (35.000 millones de reales). Se estima que el Grupo Odebrecht pagó 183 millones de dólares (1.000 millones de reales) en sobornos en este mismo periodo.
El escándalo de Odebrecht fue bautizado como la “mayor red de sobornos extranjeros de la historia” y salpicó a presidentes, expresidentes y autoridades de América Latina y África.
Sus tentáculos llegaron a México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Colombia, y en África a Angola y Mozambique.
La divulgación de los complejos entramados de la corrupción de Odebrecht llevó al suicidio del expresidente de Perú, Alan García.
Otro testigo clave, el ingeniero colombiano Jorge Pizano, murió repentinamente de un infarto y su hijo falleció por un misterioso envenenamiento con cianuro. Pizano había denunciado irregularidades en contratos y presuntos sobornos para la construcción de carreteras a manos de consorcios colombianos y de Odebrecht entre 2010 y 2014.
Hoy la delación premiada de presos y su equivalente para las empresas investigadas, el ‘acuerdo de clemencia’, están en entredicho.
«Retroceso»
En junio, la Cámara de Diputados de Brasil estableció que un proyecto de ley que prohíbe la delación premiada de los presos y criminaliza la divulgación del contenido de las declaraciones sea votado en régimen de urgencia, sin pasar por la asamblea plenaria. La fecha de la votación final todavía no ha sido fijada.
Cabe destacar que el contexto político de esta propuesta ha cambiado radicalmente a lo largo de una década. En sus orígenes, fue presentada por el Partido de los Trabajadores de Lula para evitar la difusión de contenidos que, en su momento, afectaron al Gobierno de izquierda.
Hoy, la coalición de partidos de centro impulsa este proyecto, preocupado por las denuncias de corrupción que podrían llevar al expresidente Jair Bolsonaro a la cárcel. Varios juristas tildan este proyecto de “retroceso” porque podría neutralizar el mecanismo de la delación premiada e impedir el avance de las investigaciones.
Las propias condenas de Lula fueron fundamentadas en delaciones de ejecutivos de Odebrecht y anuladas en 2021, cuando el juez del Supremo Edson Fachin reconoció la incompetencia del 13º Tribunal Federal de Curitiba para juzgarle. Los casos fueron remitidos al Juzgado Federal del Distrito Federal, en Brasilia, donde fueron archivados por prescripción y falta de pruebas.
Otras condenas de aliados de Lula fueron anuladas, como la del ex ministro José Dirceu y del ex tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto.
En septiembre de 2023, el juez de la Corte Suprema José Antonio Dias Toffoli decidió anular también todas las pruebas del ‘acuerdo de clemencia’ de Odebrecht, señalando defectos irremediables.
En su decisión, Toffoli escribió que el arresto de Lula fue una “trama” y “uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”. Anteriormente, otro juez del Supremo, Gilmar Mendes, afirmó en el juicio sobre validez de delaciones premiadas, en 2017, que “la lucha contra la criminalidad no se puede hacer cometiendo delitos”.
Mientras tanto, el juez estrella de Lava Jato, Sérgio Moro, ha sido investigado por supuestas irregularidades y crímenes en la instrucción del caso.
Tras dejar la carrera judicial para liderar el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la época de Bolsonaro, fue elegido como senador en las elecciones de 2022.
Al año siguiente, Moro fue investigado por abuso de poder económico durante la campaña electoral de 2022, concretamente por haber excedido el límite de los gastos de precampaña. Sin embargo, en mayo de este año el Tribunal Superior Electoral lo absolvió por unanimidad y Moro consiguió salvar su mandato. Sin embargo, su credibilidad ha quedado duramente afectada.
Lejos queda la época en la que muñecos gigantescos de Moro eran levantados con orgullo por los manifestantes en los actos callejeros contra la corrupción.
¿Grietas en la investigación?
En los últimos años, varias condenas resultantes de la Lava Jato han sido anuladas y algunos acuerdos renegociados. Además, el prestigio de esta macro-operación judicial ha sido puesto en entredicho por una larga investigación del portal ‘The Intercept Brasil’.
Conocida como ‘Vaza Jato’, reveló las conversaciones filtradas por un hacker entre el exjuez Moro y el grupo de fiscales que estaban al mando de la operación. La gravedad de esta conducta se debe a que es algo expresamente prohibido en el sistema jurídico brasileño.
Todo el material, publicado en junio de 2019, fue obtenido mediante una invasión ilegal de los celulares de los principales responsables de Lava Jato.
Entre las principales irregularidades denunciada por los periodistas a cargo de la investigación y posteriormente confirmadas por trabajos académicos, está la ampliación de interceptaciones telefónicas más allá del plazo concedido; la ocultación de la dirección de empresas con sede en otro estado para poder mantener las competencias de la Fiscalía en Curitiba, la ciudad donde Lula permaneció encarcelado durante 580 días; la presentación de denuncias sin pruebas o basadas en noticias tendenciosas de periódicos conservadores; y los intercambios informales de información con órganos fiscales y de cooperación de otros países.
Se construyó una estrategia para guiar a la opinión pública y utilizarla contra los tribunales
Para algunos analistas políticos, la Lava Jato puede ser considerada la semilla de los sentimientos antidemocráticos que culminaron el 8 de enero de 2023 con la invasión y vandalización de los edificios de los tres poderes en Brasilia.
“Había un entendimiento por parte de Lava Jato de que era necesario poner a las instituciones contra la pared. Esta es una expresión que no sorprende que aparezca entre los mensajes de ‘Vaza Jato’. El propio grupo de trabajo, especialmente (el exfiscal Deltan) Dallagnol, construyó una estrategia para guiar a la opinión pública y utilizarla contra los tribunales”, señala el politólogo Fábio de Sá e Silva, profesor de estudios brasileños en la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos.
Diez años después del lanzamiento de la Lava Jato, el exfiscal Deltan Dallagnol ha defendido en varias entrevistas concedidas a la prensa brasileña tanto la operación, como su legado. Dallagnol sostiene que los exintegrantes de Lava Jato sufren una persecución por parte de políticos y poderosos perjudicados por la investigación. En 2022, dejó la Fiscalía tras 18 años de carrera y se presentó a las elecciones legislativas.
Fue el diputado federal más votado en el Estado de Paraná, pero su mandato ha sido revocado en mayo de 2023 por unanimidad por el Tribunal Superior Electoral. La razón: el uso indebido de dinero público para pagar sus gastos diarios durante la instrucción del caso Lava Jato.
El exfiscal fue acusado de solicitar su destitución 11 meses antes de las elecciones, antes del plazo establecido, para librarse de procesos internos que podrían conducir a su destitución y, en consecuencia, a su inelegibilidad.
Una década después, Lava Jato ha dejado profundas marcas en la vida política brasileña y también ha ofrecido giros inesperados de guión.
Lula, tratado por la prensa como el principal villano, no solo volvió a la Presidencia por tercera vez en 2022, sino que se ha convertido en el guardián de la democracia en Brasil.
Los héroes de aquella saga judicial, Moro y Dallagnol, han sido rebajados al nivel de villanos. Pero hay más efectos: a día de hoy, es improbable que los políticos condenados y posteriormente absueltos recuperen su prestigio y puedan volver a ejercer un papel destacado en la vida política. En este sentido, el caso de Lula es una excepción.
El pasado 7 de junio, el Consejo Nacional de Justicia decidió abrir un proceso disciplinario para investigar la conducta de cuatro jueces que trabajaron en las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Hay sospechas de irregularidades en la conducta de la jueza Gabriela Hardt, que validó la creación de una fundación privada financiada con fondos de la Lava Jato, concretamente multas de las empresas condenadas. Los valores alcanzarían los 366 millones de dólares (2.000 millones de reales).
Es el fin de una era que convulsionó la vida política del gigante latinoamericano.
