El brasileño de origen libanés había sido extraditado tras el asesinato del fiscal. En EEUU confesó haber lavado dinero, lo condenaron a la pena mínima y ya está en Brasil. Las sospechas de una delación premiada.
Kassem Mohamad Hijazi, empresario brasileño de origen libanés de 51 años, detenido en 2021 en un procedimiento encabezado por Marcelo Pecci y uno de los sospechosos de haber ordenado su muerte, extraditado a los Estados Unidos menos de dos meses después de ese hecho, fue liberado por la justicia norteamericana y ya se encuentra nuevamente en Brasil, según confirmó su abogado en Paraguay.
Requerido por ese país por hechos vinculados con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pesaban contra él dos cargos por encubrimiento de lavado de dinero, otro por operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y dos más por lavado de dinero internacional.
Pese a que su detención ya había sido hecha en agosto de 2021, tras el asesinato de Pecci se aceleraron los trámites para su extradición que se concretó el 8 de julio de 2022 (cincuenta y nueve días después del magnicidio), luego de una serie de intentos que concluyeron el 16 de junio de 2022 cuando la Corte rechazó la última acción de su defensa para evitar su remisión a los Estados Unidos.
Tras el asesinato de Pecci se aceleraron los trámites para su extradición que se concretó el 8 de julio de 2022, luego de una serie de intentos que concluyeron el 16 de junio de 2022 cuando la Corte rechazó la última acción de su defensa para evitar su remisión a los Estados Unidos
En el proceso previo a su extradición, Hijazi, su hijo Sharif Kassem Hijazi firmó un contrato con Amílcar Fretes, hijo del entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, por un valor de US$ 368.000, a pesar del claro conflicto de intereses.
En Estados Unidos, la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo acusó finalmente por dos de los delitos por los que era señalado. En marzo del año pasado, Hijazi admitió ser culpable de uno de los cargos, por lo que la corte emitió una multa por cerca de US$ 250.000 y un comiso de bienes por más de US$ 3.000.000 de fondos que el empresario tenía depositados en varios bancos estadounidenses y que estaban bajo el control de la DEA (Agencia Nacional Antidrogas) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
La Fiscalía de ese país aseguraba que al menos entre 2018 y 2021, Hijazi condujo, controló, manejó, supervisó dirigió y fue dueño total o parcial de un negocio no licenciado de transmisión de dinero que afectaba al mercado interno de los Estados Unidos desde el extranjero.
Según la Fiscalía norteamericana, Hijazi condujo, controló, manejó, supervisó dirigió y fue dueño total o parcial de un negocio no licenciado de transmisión de dinero que afectaba al mercado interno de los Estados Unidos desde el extranjero
«Concretamente, Hijazi transmitió dinero hacia, a través y desde los Estados Unidos, incluyendo al Distrito Sur de Nueva York, sin la debida licencia estatal, conducta punible como delito en Nueva York, Florida, Colorado, Nueva Jersey, Michigan, Massachusetts y Carolina del Sur; y sin cumplir con los requisitos federales de registro para negocios de transmisión de dinero», decía la imputación en su contra.
Tras el asesinato de Pecci, Hijazi había sido objeto de un allanamiento en la Agrupación Especializada, donde guardaba reclusión en el que se habían incautado elementos, entre ellos su teléfono celular, lo cual había sido objeto de controversia, al darse a conocer que iba a ser remitido también a la DEA, cosa que finalmente no se confirmó ni desmintió.
Según explicó su abogado, no tenía constancia de que su defendido haya realizado una delación premiada, atendiendo a que no había registros de eso, pero tampoco pudo negar que eso haya ocurrido. Su caso fue comparado con el de la exdiputada cartista Cynthia Tarragó, quien se acogió a ese beneficio y también fue liberada y retornó al Paraguay.
En su momento, el empresario fue considerado como una pieza de alto valor estratégico en la lucha contra el crimen organizado e incluso el terrorismo, por sus supuestos vínculos con Hezbollá. Desde Ciudad del Este, donde operaba con protección política, Estados Unidos lo señalaba de haber depositado US$ 1,6 millones en bancos de ese país en apenas dos años, por lo que era catalogado como un lavado de alto perfil.
