Continúan las detenciones contra estafas en el sector inmobiliario.
Han bloqueado 98 cuentas bancarias y 38 propiedades inmobiliarias de una organización delictiva dedicada a la estafa múltiple en la venta de viviendas en Mallorca, en la que podría haber 300 afectados y la cantidad defraudada podría alcanzar los 5 millones de euros.
Tras la detención en Colombia en la madrugada del pasado 5 de febrero del considerado cabecilla de la organización, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía de Colombia, el instituto armado ha informado en un comunicado este martes de que la operación para investigar este caso se ha saldado con la detención de 11 personas.
Las demás detenciones se han practicado en la llamada Operación Lloriguera, desarrollada en Mallorca, Barcelona y Tarragona. Además de los 11 detenidos, investigan a otras 2 personas como presuntos integrantes de la organización dedicada al fraude masivo de operaciones inmobiliarias que actuaba desde 2015.
Un nuevo detenido por la estafa de los ataúdes eleva a 15 los implicados
Detenidos por estafa los responsables de un concesionario de coches de lujoLeer más
Les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil y alzamiento de bienes.
Además de las detenciones y el control de cuentas y propiedades,los investigadores han bloqueado también varias páginas web así como dominios de correo electrónico que utilizaban los miembros de la organización para comunicarse y vinculados con estos hechos.
La investigación comenzó el verano pasado, a raíz de varias denuncias presentadas por los perjudicados en las que manifestaban haber sido estafados en la compra de inmuebles. Los afectados habían realizado transferencias bancarias de importantes cantidades de dinero para suscribir contratos de reserva para la adquisición de una vivienda sobre plano y, transcurrido el tiempo, las obras de construcción no se habían iniciado.
Los agentes pudieron constatar la existencia de un complejo entramado empresarial que, prevaliéndose de una publicidad engañosa y de perfiles profesionales montados para tratar de dar una apariencia de legalidad a sus actuaciones ilícitas, se estaba dedicando a suscribir contratos de reserva y compraventas inmobiliarias de promociones inexistentes.
En el marco de estas investigaciones, la Guardia Civil detuvo el pasado agosto a 10 personas e inició las gestiones para determinar el paradero del líder de la organización, que se había fugado.
Varios meses de investigación de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de la Policía de Colombia permitieron determinar con exactitud el paradero del fugado y la cooperación coordinada entre la Guardia Civil y la policía colombiana llevó a su detención en Colombia el pasado 5 de febrero.
La actividad delictiva venía desarrollándose desde 2015 y habría consistido en la generación de 17 promociones ficticias. Los afectados por la compra de los supuestos inmuebles, realizaban transferencias de importantes cantidades de dinero para suscribir las distintas modalidades de contratos y como señal de los mismos a cuentas bancarias de la organización delictiva.
Una vez realizada las transferencias, los integrantes exigían en ocasiones más dinero para continuar con las obras y hacer frente a tramitaciones no contempladas al inicio en el contrato suscrito, además de otras argumentaciones.
Los agentes han podido constatar que la mayoría de las promociones inmobiliarias ni siquiera tenían licencia, ya que los vendedores no eran propietarios de los terrenos donde se iban a construir las viviendas, careciendo por lo tanto de las preceptivas licencias o proyectos para tal fin.
La complejidad del entramado societario vinculado a la organización investigada ha hecho necesario el estudio de más de 350.000 movimientos bancarios.
También se ha podido constatar que la organización habría tratado de ampliar su actividad al ámbito internacional, amparándose en nuevos negocios delictivos relacionados con el sector inmobiliario, utilizando paraísos fiscales para tal fin.
La Guardia Civil ha destacado “el alto nivel de vida que llevaban los implicados, gracias a los ingresos económicos que generaban y que les servía como coartada a la hora de generar falsa seguridad ante posibles víctimas”.
ALD/ElHeraldo
